Julio se sintió mal al despertarse. Tenía algo de fiebre y le dolía la garganta. Llamó a su ambulatorio y le dijeron que sus síntomas coincidían con un posible caso de Covid-19 y que tenían que hacerse una PCR el y toda su familia. De mientras, confinados en casa hasta que finalice el proceso. No hay fecha para la PCR, hablan de dos semanas. Para su mujer, que trabaja en una empresa de conservas, supondría un despido fulminante. Julio, que no quiere esperar, decide hacer uso de su seguro médico para hacer las pruebas PCR a su familia. Las pruebas no entran dentro de la cobertura del seguro y cuestan 60 euros cada una. En total 240 euros. En 48 horas las pruebas están acabadas y con los resultados disponibles. Julio es positivo en Covid-19, el resto de su familia ha dado negativo. En el momento de pagar las pruebas se fija en el ticket y se da cuenta que está a nombre de un tal Grupo Vithas.
El Grupo Vithas pertenece al Grupo Familiar Gallardo, que como su nombre indica pertenece a una saga familiar española. Antonio Gallardo Carrera fundó el laboratorio farmacéutico Almirall en el año 1943 en Barcelona, gracias, entre otras cosas, a gozar del favor de las autoridades franquistas. Sus hijos legalizaron 113 millones ocultos en Suiza, Mónaco y Panamá gracias a la amnistía fiscal del 2012.
Este sector, liderado por el Grupo Quirón, de la alemana Fresenius, es donde se sitúa el Grupo Vithas, segundo grupo en importancia del sector, seguido por Ribera, de la norteamericana Centene. Este sector privado cuenta con el 57% de los hospitales y con el 32% de las camas existentes en España, dando empleo a casi 270.000 trabajadores. Un tercio de las camas que hay en España están disponibles en hospitales que son de pago. Para hacernos una idea, este sector se sitúa en cifras cercanas al 3,3% del PIB, más de 38.000 millones de euros. Fenin, patronal del sector de la tecnología sanitaria es quien importa los Test ARN, Test Inmunológicos y Test Rápidos. Si esto no te huele a capitalismo todavía, sigue leyendo, lo más probable es que te sorprendas.
Las empresas del sector han colaborado también en el montaje de las instalaciones e infraestructuras necesarias, como hospitales de campaña, durante la crisis sanitaria. Instalaciones como IFEMA en Madrid, con 18,7 millones de inversión y el corredor aéreo sanitario que se estableció para incrementar la llegada de productos sanitarios a España, con 3 vuelos semanales, con un coste de hasta 1,2 millones por vuelo. Se trata de una iniciativa privada-pública que ha contado con el concurso de cuatro ministerios: el de Sanidad (con Salvador Illa Roca); el de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación (los dos con María Aránzazu González Laya); el Ministerio de Hacienda (con María Jesús Montero Cuadrado); y el de Industria, Comercio y Turismo (con Reyes Maroto Illera).
Volviendo a la historia de Julio, nuestro amigo, se ha quedado con una factura de 240 euros y con una PCR positiva. Se tendrá que confinar en una habitación de su casa porque no existe una política sanitaria para los positivos por PCR que no requieren de ingreso hospitalario. Le darán medicina para la sintomatología, que comprará en una farmacia que vende productos de otra pata de la sanidad privada española, el sector farmacéutico o Farmaindustria. Las 48 compañías farmacéuticas más grandes de España han logrado entregar en los 3 primeros meses desde el comienzo de la pandemia 10 millones de mascarillas para profesionales sanitarios, además de casi 2 millones de unidades de material de protección. Las 82 plantas de producción de medicamentos de uso humano han seguido funcionando a pleno rendimiento, llegando en ocasiones a duplicar o triplicar su producción durante la pandemia. Un negocio redondo en medio de los ERTE, la pobreza y los desahucios. España es actualmente el cuarto país del mundo y el primero de Europa donde más ensayos clínicos con posibles medicamentos se están llevando a cabo para ver su eficacia contra el coronavirus. Seis de las principales compañías farmacéuticas inmersas en esta investigación, están asociadas a Faramaindustria. En concreto, son las compañías Pfizer, AstraZeneca, GSK, Sanofi, Johnson&Johnson y Daichii-Sankyo.
Cuando Lola, la mujer de Julio, vaya a su empresa e informe de que su marido ha sido positivo en Covid-19, le concertarán una reunión con la responsable de prevención de riesgos laborales de la empresa, que es una persona de la empresa MC Prevención, que pertenece al Grupo Quirón, del que forman parte cuatro de las principales compañías de prevención de riesgos laborales en España: Fraterprevención, MC Prevención, Fremap y Unipresalud. Esta persona le recordará el protocolo existente, que consiste en trabajar con mascarilla, distancia social y tomarse la temperatura. 5 largos minutos de reunión.
La Fundación Instituto para el Desarrollo e Integración de la Sanidad (IDIS) se congratula en sus informes de que el gasto sanitario privado continúa con una tendencia de crecimiento constante en los últimos años. Según en INE, el gasto sanitario anual en España es de 105.000 millones de euros. De ellos 31.000 millones se corresponden a la sanidad privada y 74.000 millones a la pública. Sin embargo, de esos 74.000 millones de dinero público, 7.673 millones se van a la sanidad privada en conciertos y 12.000 millones en recetas de medicamentos que también fabrica la sanidad privada mediante Farmaindustria. Esto sin contar IFEMA, corredor sanitario y contratos de mantenimiento.
Si después de todo esto, aún no te huele a capitalismo, espera un poco más, merece la pena. En julio de 2017, la CEOE firmó un pacto en defensa de la sanidad privada española. En una parte de ese pacto se define a la sanidad privada como un aliado estratégico. En 2014 el Gobierno de Mariano Rajoy sacó de la sanidad pública la gestión de las contingencias de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. Tres años después la CEOE firmó un pacto para pedir más trozo del pastel presupuestario. Existen actualmente más de 14 millones de trabajadores adscritos a Mutuas, a las que están asociadas el 97% de las empresas, con una dotación presupuestaria de más de 13.149 millones de euros en 2017.
Los presupuestos generales son parte de un debate publicitario y con poco contenido real. La sanidad pública está siendo apagada lentamente y sustituida por la sanidad privada. Se trasvasa poco a poco el presupuesto anual al sector privado mientras algunos actores critican su falta de eficiencia. Y mientras, como decía Machado, lo mejor es el pueblo. Los trabajadores de la sanidad pública nos dan un servicio a costa de su propia salud. Es tal el nivel de populismo que impregna hasta el último rincón del país que se pueden defender unos presupuestos que condenan a la miseria a la clase obrera mientras se escupen proclamas contra la constitución y se menta a la Pasionaria.
El parlamento español es una tribuna de fariseos, populistas y traidores. En el parlamento español no se habla de transformación social. No se habla de capitalismo o de socialismo-comunismo. Estos presupuestos generales engordan a las grandes corporaciones mientras reducen las prestaciones para los trabajadores, todo ello en medio de grandes proclamas sobre los presupuestos más sociales de la historia. Estos presupuestos no contienen los elementos que necesita la clase obrera para mejorar su situación. Todos los elementos necesarios para que la clase obrera mejore su situación pasan por la lucha de masas. Lo que significa que lo que ahora toca es sindicato, asamblea y movilización. Esta frase no es de quien suscribe este artículo, es de una persona con mucha más experiencia y con muchos más conocimientos. Era un obrero y se llamaba Marcelino Camacho.