28 de abril de 2025. 12:33 horas. España sufría un apagón que duraría horas. Más allá de especulaciones, nadie sabe aún el motivo real. Más allá de cómo lo viviésemos cada uno, la Península se paró por completo casi un día entero. Y, más allá de las necesidades de cada uno, es el momento de hablar con seriedad. Este artículo no va sobre qué pasó el día del apagón –para eso ya hay otras líneas en este número de junio–, pero sí sobre una cuestión que el apagón iluminó a las mil maravillas: ¿qué pasa con nuestra producción energética?
Un inciso antes de empezar
Que la transición energética condenó a las cuencas mineras de –principalmente– Asturias y León a la pobreza y la emigración no es ningún secreto sobre el que no hayamos hablado ya profundamente en Nuevo Rumbo. Como tampoco lo es que el negocio de las renovables es una transferencia de enormes cantidades de dinero público –procedente en su mayor parte de las rentas del trabajo– a manos privadas; ni que se mienta descaradamente sobre el carácter «verde» y «eco-friendly» de ciertas fuentes de producción energética; ni que los monopolios españoles actúen como lobby en Bruselas y en Madrid para que se aprueben leyes de sostenibilidad ambiental que hacen la vista gorda a sus actividades contaminantes; ni que bajo la justificación de la transición energética, junto con la excusa de turno del momento, se hayan disparado los precios de la energía a niveles asfixiantes para la mayoría social.
Todo ello ha sido abordado en estas páginas. Como autor, he sido particularmente crítico con la transición energética y con el negocio montado en torno a las fuentes «renovables», cuyo impacto ambiental se minimiza públicamente a efectos prácticos por el único motivo de que interesa construir macroproyectos multimillonarios, muchas veces en contra de criterios ambientales técnicos e incompatibles con los planes de ordenación del territorio aprobados previamente por la misma administración competente que realiza la declaración de impacto ambiental favorable correspondiente para su construcción.
«Renovables» vs «no renovables»: a vueltas con otro debate cíclico
Ahora bien, el apagón ha dado eco a ciertas posiciones que, en su defensa del capitalismo nacional, declaran la necesidad de eliminar cualquier obstáculo que imponga el medio ambiente a la economía. Con su espíritu quijotesco del siglo XXI, ahora cargan contra los molinos eólicos y las placas fotovoltaicas, a quienes culpan del apagón, e insisten en plagar nuestra geografía de centrales térmicas, reflejando también en la cuestión energética su fetiche por la España capitalista de principios del siglo pasado. A su vez, los defensores de las renovables han acudido prestos a alabar el modelo actual. Ninguna de las dos partes es consciente de que el debate, uno de esos debates cíclicos que –estos sí– se reciclan una y otra vez en la opinión pública, está viciado de raíz.
Y lo está porque no hay un ánimo real de comprender las virtudes y los defectos de cada fuente energética, para qué son útiles y para qué no, y cómo complementarlas entre sí. El hecho de que podamos utilizar un recurso prácticamente infinito a escala humana –la energía solar, ya sea directamente como tal o mediante los efectos que produce su acción, como el viento– es una bendición que lleva aparejada consigo, sin embargo, la maldición de la ineficiencia energética y la inestabilidad de su producción. Por su parte, la estabilidad que sí aportan los combustibles fósiles a la producción energética es crucial, pero su impacto ambiental, en forma de emisiones de gases de efecto invernadero –las térmicas– o de residuos radiactivos –las nucleares–, les dan una mala publicidad en la época de la etiqueta verde como distintivo de calidad para el consumo.
El debate de fondo que no se quiere dar
La cuestión del modelo productivo español es central para abordar la cuestión energética. No obstante, hay un empeño consciente en silenciar el debate necesario sobre este modelo o, cuanto menos, en situarlo dentro de unas premisas ideológicas concretas que no cuestionen las bases de dicho modelo.
Así, los debates giran en torno a qué tipo de fuentes se promocionan, qué regiones se ven beneficiadas o no por el modelo de producción energética y las facturas al consumo o la insistencia en crear empresas públicas que compitan –dentro del mercado capitalista, cuestión que siempre obvian– en igualdad de condiciones con los gigantescos monopolios privados españoles. El debate central, sin embargo, radica en qué criterios se deben emplear para calcular cuánta energía se debe producir y con qué fuente energética.
Los capitalistas del sector energético tienen claro que, aunque se repartan las ayudas multimillonarias que les regala el Estado para fomentar las renovables, siguen manteniendo casi mil instalaciones donde se queman residuos industriales, biomasa o combustibles fósiles para lo que se ha venido a llamar cogeneración, impulsada no porque produzca menos cantidad de gases de efecto invernadero que las térmicas tradicionales, sino porque es más eficiente y supone por tanto un menor coste. Dado que son sus intereses los que se imponen, el criterio principal utilizado es puramente económico, dentro además de un juego en el que ellos mismos dictan las reglas en función de cuánto beneficio pueden conseguir ellos y de cuánto daño pueden infligir a sus competidores sin que les afecte. Una realidad que se ilustra además con la retahíla de normativa que se lleva aprobando durante décadas en la UE y España y que aspira a fortalecer a las empresas locales y a impulsar a nivel mundial medidas que afectan a los monopolios rusos y chinos, principalmente.
Hemos sido PSOEizados de nuevo
Como en tantos otros asuntos, también en este ámbito el Gobierno español es un especialista en vender una retórica social mientras aplica medidas antipopulares. Lo llevamos viendo casi siete años ya, pero la situación tras el apagón resulta clamorosa: mientras se mete en guerras de titulares con los CEO de Iberdrola, Endesa y Naturgy, sigue financiando su transición a las renovables. Es una estrategia comunicativa cuidadosamente planificada con la que el Gobierno pretende desligarse públicamente de las empresas y, así, no pagar el descontento popular con las subidas de precios impuestas por las empresas, que conforman un cártel de la electricidad con un enorme interés por la especulación.
Es el mismo tipo de estrategia que empleó con la «excepción ibérica», medida tomada con el único objetivo de vender que el Gobierno hacía algo para evitar que la población dejase de tener miedo a tocar un interruptor y que, en el fondo, fue solo un mecanismo más de tantos con el que transfirió fondos públicos a dichas empresas: se calcula que desde 2018 se han destinado más de 25.000 millones de ayudas públicas a las mismas, 8.000 millones en ventajas fiscales para las renovables y casi 30.000 millones en primas a las mismas fuentes, principalmente a través de la factura de la luz. Da igual cuántos parches quiera decir que pone a un mercado ya desregulado y privatizado en todas sus fases –producción, distribución y comercialización–, este Gobierno defiende a sus monopolios por mucho que diga favorecer a las capas populares.
Entonces, ¿cuál es la posición correcta?
El debate de fondo, como se explicaba anteriormente, radica en qué criterios se utilizan en la producción energética. Para la mayoría de la población, el criterio óptimo es aquel que garantiza el acceso a los recursos energéticos al mismo tiempo que minimiza el impacto ambiental y tiene en cuenta la seguridad de los trabajadores y los lugares de residencia. Ese es el criterio que emplea el PCTE y que viene reflejado en su Manifiesto-Programa.
Este criterio, por tanto, parte de dos pilares fundamentales: el uso de todos los recursos energéticos a nuestra disposición –y en España los hay en abundancia– y el impulso del desarrollo científico-técnico, de tal forma que dicho desarrollo permita tanto mejorar la eficiencia de la producción y el ahorro energético en el consumo como la creación y el desarrollo de mecanismos de protección ambiental y seguridad.
Hablamos, por tanto, de reconvertir el sector energético de todo el país en base a criterios totalmente opuestos a los actuales. Puede parecer una quimera, pero es posible. Eso sí, siempre que demos el debate con seriedad y desde la base del problema.