29 de octubre de 2024, 20:11. Los valencianos recibimos en nuestros teléfonos una alerta sonora que advertía del riesgo que traían las fuertes lluvias. Para entonces, las riadas ya eran una realidad, destrozaban barrancos y puentes y arrastraban todo a su paso. Trabajadores atrapados, encerrados; otros, desaparecidos, incomunicados. Miles, atrapados en las carreteras. A pesar de las advertencias, la implacable rueda del capital siguió girando, y su movimiento se cobró cientos de vidas.
30 de octubre. La imagen que ofrecían las ciudades y los pueblos, especialmente en l’Horta Sud, era desoladora. Todo cubierto por el lodo. La rueda seguía girando y muchos, a pesar de los riesgos y de no saber qué había sido de familiares y compañeros, fueron obligados a trabajar.
Inmediatamente, comenzó el circo institucional. Los diversos actores del escenario político actual comenzaron a lanzarse acusaciones mutuamente. Mientras, las calles se inundaron de solidaridad obrera: cientos y cientos de personas dispuestas a enfrentarse con sus propias manos a las desastrosas consecuencias de la catástrofe. Una vez más, las clases populares actuaron antes de que el Estado lo hiciera, demasiado ocupado por el juego político, demostrando que solo podemos confiar en nuestras propias fuerzas.
La crisis política que desató la desastrosa gestión de las consecuencias de la dana por parte de los Gobiernos autonómico y central (destacando especialmente el esperpento que protagonizó el presidente Carlos Mazón) era palpable para cualquiera que estuviese en las calles de las poblaciones afectadas, especialmente durante las primeras semanas. Había –y, en parte, todavía hay– una profunda desconfianza institucional. El Estado, ese órgano que intenta presentarse como el garante del correcto funcionamiento de la sociedad (burguesa, es lo que nunca dicen), ni estaba ni se lo esperaba. La ayuda fue lenta, descoordinada, deficiente e insuficiente. Los periodistas expresaban su preocupación ante una «crisis de confianza institucional», pero en ese momento los trabajadores y las trabajadoras sabíamos que solo podíamos contar con nuestras propias fuerzas. Esta crisis de confianza se evidenció con mayor claridad el domingo 3 de noviembre, día en que los Reyes, Pedro Sánchez y Carlos Mazón visitaron el pueblo de Paiporta, uno de los más duramente afectados, en un cínico y burlesco intento de propaganda estatal. La respuesta popular no dejó lugar a dudas: los gritos «¡asesinos!» y «¡fuera!» inundaron las calles, y los impolutos trajes de los representantes del Estado y de la burguesía fueron cubiertos del mismo barro que había arruinado las vidas de miles de trabajadores. Tras un breve e infructuoso intento de controlar la situación, la visita fue cancelada y la comitiva se retiró, dejando nuevamente al pueblo trabajador solo contra el barro.
El 9 de noviembre se dio la primera de muchas manifestaciones en contra de la pésima gestión de la catástrofe y sus consecuencias. Más de 130.000 personas, según los conservadores cálculos de la delegación de Gobierno, inundaron las calles. Los comunistas nos presentamos ante el pueblo con una sencilla consigna: «Hay culpables y deben pagar». Los culpables son, sin lugar a dudas, la burguesía y sus representantes políticos, pero no podemos caer en el error de personificar las causas de la crisis. La responsabilidad recae en los políticos y burgueses, pero en tanto que encarnan las necesidades y dinámicas del modo de producción capitalista. Decíamos en la resolución del 30 de octubre: «Si lo que prima en una sociedad es el beneficio empresarial, entonces la gestión del territorio, de los recursos naturales y el urbanismo se someten a la lógica puramente mercantil, donde las vidas e intereses de la mayoría de la población son aspectos secundarios. Además, esta misma lógica es la que impera cuando se obliga a la clase obrera a permanecer en el puesto de trabajo a pesar de las alertas y los avisos de emergencia».
Y es que, tras la primera gran movilización, bien podría haber habido dimisiones, que aun así las leyes económicas que rigen nuestra sociedad habrían quedado intactas, y nuevamente, ante la siguiente catástrofe climática, la clase trabajadora se encontraría igual de vulnerable que el 29 de octubre. Fueron las leyes económicas del capital las que, pese a todas las alertas, exigieron continuar alimentando la rueda de la producción; son estas leyes las que tras la catástrofe han hecho subir los precios de viviendas y alquileres en las zonas afectadas un 18 % (unos precios ya desorbitados e inaccesibles antes de la dana); son estas leyes las que permitieron la construcción masiva de vivienda popular en zonas inundables; y son estas leyes las que todos los miembros del arco parlamentario, a pesar de sus diferencias de matiz, defienden por igual. Tras la masiva protesta del 9 de noviembre, se sucedieron otras tantas. La siguiente fue el 29 de noviembre, con más de 100.000 participantes, y, desde entonces, una más el 29 de cada mes.
En estos meses, canalizando parte de la rabia de la clase trabajadora y los sectores populares, han surgido diversas organizaciones de base (como distintas Plataformas y Asociaciones de Afectados por la Dana, grupos de apoyo mutuo o los Comités Locales de Reconstrucción) para encargarse de las reparaciones, ejercer la solidaridad de clase, darles voz a los afectados por la catástrofe y exigir responsabilidades a las instituciones. Celebramos calurosamente todas estas iniciativas que buscan organizar al pueblo trabajador para actuar con independencia de las instituciones y reconocemos el duro y esencial trabajo que han hecho y siguen haciendo día a día por aliviar los estragos que ha causado la dana y su negligente gestión. Estas organizaciones, demostrando el potencial de la clase trabajadora, han movilizado y organizado a decenas de miles de manos, miles de kilos de material, han guiado a las instituciones en un terreno en el que no sabían operar y, sin lugar a dudas, han salvado vidas y aliviado enormemente las penurias de miles de personas.
Reconociendo y valorando muy positivamente estas iniciativas, junto al trabajo que han realizado muchos sindicatos y secciones sindicales, en estas líneas queremos reflexionar acerca de las movilizaciones de protesta contra Mazón. Este ciclo de manifestaciones y concentraciones ha movido a cientos de miles de trabajadores y trabajadoras, canalizando una digna rabia contra instituciones y gobiernos.
A pesar de esto, queremos realizar un balance crítico. Tras más de media docena de manifestaciones multitudinarias, no se han alcanzado apenas conquistas sustanciales. Las movilizaciones, que han sido masivas, no han logrado su principal objetivo: la dimisión de Carlos Mazón como president de la Generalitat. Por contra, estas movilizaciones han propiciado un fértil terreno de propaganda y acción política a la oposición, PSPV y Compromís, partidos que han gobernado la Generalitat durante ocho años. En ese periodo no solo aumentaron el precio de la vivienda (un 16 %) o la turistificación (de 5,5 millones a más de 9 millones de turistas en 2023), sino que la construcción en terreno inundable continuó sin freno a pesar del Plan de Acción Territorial sobre Prevención del Riesgo de Inundación en la Comunitat Valenciana. El PSPV y Compromís, además de haber formado parte del Gobierno autonómico, continúan siendo piezas del bloque que sostiene al Gobierno central, un Ejecutivo que, a pesar de sus declaraciones de apoyo, tampoco supo anticiparse ni asumir el liderazgo frente a una crisis evidente. El PSPV, como filial directa del partido estatal, comparte la responsabilidad de la inacción de Madrid: no solo demostró su incapacidad para prever la situación, sino que facilitó que Sánchez y sus ministros miraran hacia otro lado mientras Mazón mantenía el control de la crisis. Esta connivencia institucional –entre el PSPV en València y el Ejecutivo de coalición en Madrid– debería ser motivo suficiente para que ambos partidos no sean bienvenidos en las movilizaciones, pues su oportunismo y su pasividad contribuyeron directamente al descontrol y a las nefastas consecuencias que sufrimos.
La herramienta de la manifestación es valiosa, pero por sí sola puede ser impotente. El movimentismo (la manifestación y el movimiento como fin en sí mismo) es una estrategia que a medio y largo plazo puede desgastar a la clase trabajadora y terminar beneficiando a los políticos profesionales. Estas movilizaciones, aun siendo justas y expresando la rabia del conjunto de la clase trabajadora y las capas populares del País Valencià, han terminado mayormente siendo canalizadas por la política parlamentaria en interés del PSOE y Compromís.
Por otro lado, conviene incidir en que, aunque Mazón destaca por su lamentable gestión política, no podemos individualizar las responsabilidades. Sin Mazón al frente, las consecuencias seguramente habrían sido similares. Hemos de ser capaces de señalar las causas de forma más profunda: la constante degradación de los servicios públicos, una continua precarización de la vida de la clase trabajadora, la depredación del capital sobre el medio ambiente y sus consecuencias climáticas y, en definitiva, un sistema económico, el capitalismo, que antepone de forma necesaria los beneficios de unos pocos a las vidas de la mayoría. Este es el modelo de sociedad que permite que se construyan viviendas en terreno inundable y el que envía a los trabajadores al tajo a pesar de las alertas, un modelo de sociedad que defiende el conjunto del poder político actual, de uno u otro lado del arco parlamentario.
Continuando con el análisis del ciclo de movilizaciones, debemos fijarnos en la huelga general del 29 de mayo. Saludamos la iniciativa de elevar la conflictividad del movimiento, especialmente al dirigirlo al terreno de la lucha de clases. Los cientos de muertes de trabajadores y trabajadoras obligados a seguir en sus puestos; los despidos, ERTEs y sanciones que compensan las pérdidas de los capitalistas a costa de la clase trabajadora; pero también un modelo urbanístico que prioriza las ganancias sobre las vidas, empujando a los más pobres hacia la periferia y hacia edificaciones en zonas de alto riesgo; estas son algunas de las muchas razones con que contaba la clase trabajadora para lanzarse a la huelga.
Aunque el manifiesto de la huelga apuntaba en la dirección correcta al denunciar la responsabilidad empresarial y señalar (someramente, eso sí) al capitalismo, no impugnaba al conjunto del arco parlamentario. Si bien la línea política general del manifiesto de la huelga no se limitaba a exigir la dimisión de Mazón, en la práctica la movilización transcurrió en buena medida como una protesta anti-Mazón, en sintonía con el resto de movilizaciones. En ese sentido, el énfasis en la figura del president y la derecha parlamentaria acabó beneficiando a la izquierda socialdemócrata.
Es necesario ser honestos y reconocer que, más allá de discursos e intenciones, la organización misma de esta huelga general presentaba deficiencias. En primer lugar, la convocatoria partió de cuatro sindicatos medianos o pequeños (CGT, Intersindical, CNT y COS), sin contar con el respaldo de los grandes sindicatos. Aproximadamente, solo uno de cada cinco trabajadores del País Valencià está sindicado, y la mayor parte de ellos pertenecen a esas centrales ausentes de la convocatoria. Así, el número de trabajadoras y trabajadores llamados a la huelga era muy bajo, lo cual limitaba severamente su impacto potencial.
Además, la huelga fue impulsada desde el ámbito sociopolítico de dichos sindicatos, no nació de una decisión de base ni de un agravamiento real de la lucha de clases en las empresas. Aunque muchos movimientos sociales y colectivos de solidaridad mostraron su apoyo, no hubo consenso ni convicción suficientes dentro de la propia clase trabajadora, más allá de dos o tres sectores muy concretos. La falta de estructuras sólidas en los centros de trabajo impidió que las iniciativas de algunas secciones sindicales y comités de empresa se tradujeran en un seguimiento masivo: la mayoría de las y los trabajadores, atrapados en la precariedad y la desorganización, carecían de hábito de lucha o de espacios propios para deliberar y actuar colectivamente.
Así, el seguimiento resultó muy parcial. Las manifestaciones congregaron a cierto número de personas, pero la paralización efectiva de la producción fue testimonial. Esta situación no solo deslegitima los objetivos de la huelga, sino que abre la puerta a la represión contra huelguistas aislados y socava la moral colectiva: una convocatoria sin resultados visibles puede desembocar en desmovilización y descrédito, tanto del sindicalismo como de la propia herramienta de la huelga. El activismo y el compromiso valientes –por ejemplo, en los movimientos por la vivienda o los comités de reconstrucción tras la dana– no se traducen automáticamente en músculo obrero dentro de las fábricas, oficinas o campos. Los grupos de ayuda mutua y las asambleas populares no sustituyen a las secciones sindicales, y una huelga general convocada desde una perspectiva esencialmente social no logra movilizar a una clase trabajadora mayoritariamente desvinculada de esas estructuras.
Por todo ello, creemos que la huelga general debió plantearse con mayor antelación, objetivos claros y concretos, asumidos por la mayoría de la clase, y organizarse desde los propios centros de trabajo. Una huelga general ha de ser fraguada tenazmente al calor de la conflictividad en los centros de trabajo y emanar de la amplia participación y movilización de los y las trabajadoras a través de un largo y constante trabajo de realización de asambleas, mítines, concentraciones, etc. Sin esos factores no es posible un seguimiento masivo, y sin seguimiento masivo no es posible la victoria. Planteamos esta crítica constructiva desde la honestidad y la consciencia de las lecciones que deja esta experiencia: una herramienta como la huelga general no puede emplearse de forma dispersa y desarticulada, porque de lo contrario desemboca en fracaso y en desmovilización de los trabajadores.
La actual correlación de fuerzas sociales nos impele a situar como prioridad la reconstrucción del movimiento obrero. El ciclo de movilizaciones, culminado simbólicamente en la huelga del 29 de mayo, demuestra que en un contexto de debilidad general de las estructuras de clase la respuesta no es la de la movilización social, pacífica y constante, pues carece de la fuerza y la palanca necesaria para realizar sólidas conquistas para nuestra clase. La tarea principal de nuestra época es la de generar organización obrera, con un discurso de clase independiente, que no individualice las causas de las problemáticas políticas y que sepa señalar el origen de las crisis sociales. ¿Es posible lograr los objetivos del llamado Acord Social Valencià –el primero de los cuales es la dimisión de Mazón– sólo con la fuerza de movilizaciones masivas? Parece que no. ¿Es posible lograrlos en las actuales condiciones organizativas populares y sindicales? Todo parece indicar que no. Las luchas obreras a lo largo y ancho del país demuestran que la clase trabajadora tiene en su organización su mejor arma. Debemos reforzar las estructuras obreras: sindicatos, secciones sindicales, asambleas de trabajadores. Debemos afilar nuestras herramientas. No hay un minuto que perder.
Queremos terminar invitando a todos los trabajadores y trabajadoras a reflexionar sobre lo escrito en estas líneas, a desconfiar de todo el arco parlamentario y a no dar espacio en nuestras luchas a políticos responsables (en un grado u otro) de lo ocurrido y de su posterior gestión. Los llamamos a seguir organizando los comités y estructuras de base que han emergido en uno de los más oscuros momentos de nuestra historia reciente, a reforzar los sindicatos de clase y a elevar la conflictividad de las movilizaciones al calor de la lucha de clases. Solo así podremos recorrer nuestro propio camino, sin confiar ni delegar en las instituciones estatales, aspirando a superarlas con organización independiente, recuperando la consigna que algunos siguen gritando con orgullo: «hombro con hombro, clase contra clase».