El sector turístico en España comenzó su despegue en los años sesenta del pasado siglo, hasta representar actualmente entre el 13 % y el 16 % del PIB. No ha dejado de crecer desde entonces, pero en la actualidad parece estar produciéndose un nuevo auge, no simplemente manteniéndose, sino incrementándose la tendencia a la turistificación de lugares, ciudades, cada vez más enclaves naturales, y economías a escalas locales y regionales. Solo entre enero y julio de 2025, 63’7 millones de turistas llegaron en avión, un 6 % más que un año antes, según El País. La consultora EY Parthenon publicó en julio un estudio según el cual se proyecta la construcción o la renovación de 775 hoteles hasta 2028, con una inversión de 7.800 millones de euros.
Fondos financieros millonarios contentos de publicar esas cifras, por tanto. ¿Y el poder político? «100 millones de turistas no pueden estar equivocados», decía Pedro Sánchez en una rueda de prensa de finales de julio, aprovechando el dato para afirmar que España es un país que «funciona, es seguro y desarrollado». Un buen ejemplo de cómo el “desarrollo” de un país en términos capitalistas no refleja necesariamente el bienestar social y solo explica algunas condiciones de manera parcial, tal y como vamos a ver.
El turismo ya es un pilar macroeconómico consolidado en España. En 2024, volvía a alcanzar récords, superando el 12% del PIB y asociándosele 2,4 millones de empleos. El Consejo Mundial del Viaje y el Turismo (WTTC por sus siglas en inglés) estima que al finalizar 2025 la contribución al PIB ascenderá a 260.500 millones de euros (en torno al 16 % del total) y dará lugar a 3,2 millones de empleos (14,4 % del empleo total): se consolida y se reafirma un gran gigante de nuestra economía.
Mientras tanto, las condiciones de los trabajadores que ponen en pie el sector son paupérrimas: para camareras de piso, el salario mensual es de en torno a 1.220 euros netos, hasta 1.430 en hoteles de cinco estrellas, según Jobted e Indeed Salaries; para camareros de bar y restaurante, ronda los 1.290-1.400 mensuales; para ayudantes de cocina –que en muchos casos no saben dónde está ese “cocinero” al que ayudan, ¡si se preparan ellos y ellas todas las comandas!–, entre los 1.100 y 1.400 euros, según el convenio de la Comunidad Autónoma. Pero ojo: ese es el dato que tomamos de la publicación de los convenios colectivos en el BOE y de las ofertas de trabajo públicas, suponiéndolo para un caso en el que alguien está contratado a jornada completa y trabaja esas cuarenta horas semanales con esas horas de contrato. A muchos trabajadores de hostelería que nos están leyendo ya se les escapa media sonrisa: que levanten la mano todos aquellos, quizá especialmente aquellas, que tienen un contrato de jornada parcial y les hacen cubrir el resto de la semana con unas extras que no son seguras, que dependen de la semana, que a veces se pagan y que otras veces no, a veces a un precio y a veces a otro.
Sería muy interesante realizar una encuesta para ver cuántas empresas hosteleras pagan las horas extras, y cuántas lo hacen con el recargo legal que impone el convenio o, en su defecto, el Estatuto de los Trabajadores. Muchos trabajadores se sorprenden al conocer por fuentes sindicales que, en la mayoría de los casos, el recargo debería ser del 75% de la hora ordinaria, porque nunca jamás han cobrado una hora de trabajo a semejante precio. De hecho, en más de una mesa de negociación colectiva se ha escuchado a representantes de la patronal –especialmente de bares, cafeterías y restaurantes; menos, en hoteles, donde pueden llegar a existir comités de empresa fuertes que sí hagan cumplir lo pactado– admitir abiertamente que resulta «absurdo» discutir sobre cambiar ese recargo, dado que rara vez se aplica en la práctica.
Suele ser en concreto esa patronal de cafés y bares la que después tenemos lamentándose por redes, en cartelitos lastimeros en su local, y consentida por ciertos medios periodísticos que se hacen eco de sus sollozos, porque «no encontramos camareros», asumiendo que la causa de sus funestas desgracias es que «la gente no quiere trabajar». Bien, pues disculpen la triste risotada que le sale al que ha seguido leyendo hasta aquí y que quiere trabajar, pero ya no se ve capaz de hacerlo al coste emocional y bajo reporte económico que se recibe, y además tiene que aguantar esa moralina. Si es que hacía alguna, la cuestión deja por completo de tener gracia cuando te encuentras con la cifra de que un 12,16% de las bajas por depresión o ansiedad en España corresponde a trabajadores de la hostelería, según CCOO.
Temporalidad, subcontratación, salarios bajos que han crecido especialmente poco en los subsectores de la hostelería en comparación con la inflación, son problemas que se sufren desde hace años, pero no dejan de aumentar. Con la inflación de los últimos años y, especialmente, el aumento del precio de la vivienda, los salarios del sector están muy por debajo de lo que llamamos el valor de la reproducción de la fuerza de trabajo, es decir: son menores de lo que necesita un obrero para cubrir sus necesidades en un momento histórico dado. Resulta que no es que no queramos trabajar, ni siquiera es que tengamos demasiado orgullo como para trabajar por ese salario. Ocurre que, aunque trabajemos para usted, hacerlo a ese precio literalmente no nos da para vivir.
Mientras los trabajadores nos encontramos esta realidad, el Gobierno se da golpecitos en la espalda porque su fantástica reforma laboral permite que hasta un 16% de los trabajadores considerados estables de la hostelería se llamen «fijos discontinuos» (según datos de CCOO) en vez de trabajadores temporales precarios, y nos intenta consolar porque seguro que esa reducción de jornada de 2’5 h semanales en cómputo anual se va a notar algo, en unas condiciones de trabajo en las que a nadie le importa lo que marca la legalidad.
Un paternalismo socialdemócrata del PSOE y de Sumar, que asegura ya están haciendo todo lo que se puede con nosotros, del que haríamos muy bien en desembarazarnos, y a ser posible, yendo a caer lo más lejos posible de todo ese bloque “crítico con el Gobierno” pero que está sustentado por los intereses económicos y los proyectos más reaccionarios y peligrosos que existen para nuestra posición de clase. Hará falta otro proyecto que no sea el de quienes nos paternalizan para que seamos responsables y los votemos, aunque no puedan ofrecernos mucho, y los que hurgan en la carroña del descontento para dividirnos y enfrentarnos como clase y vendernos un proyecto de lo más peligroso. Un proyecto de clase consecuente con el hecho de que la economía capitalista busca el crecimiento completamente al margen de sus repercusiones sociales, económicas, medioambientales; y solo es capaz de hacernos elegir entre un político que nos felicita por vivir en el país desarrollado que adoran turistas ricos de todo el mundo y otros que rechazan sus migajas por ser más de las que merecemos.
Parece que todo lo demás «no tiene encaje», «no puede ser», «es utópico». ¿Hasta cuándo vamos a dejar que nos digan que trabajar por esos salarios es la única posibilidad «factible»? ¿Que poder acceder a una vivienda es algo utópico? ¿Que no andar mendigando entre el paro y la temporalidad es poco menos que un privilegio? ¿Que elegir entre lo malo de la socialdemocracia y lo peor de la ultraderecha es lo único que se nos permite? ¿Por qué eligen ellos qué se nos está permitido y no lo decidimos nosotros y nosotras?