Gürtel, Kitchen, Ayuso, Ábalos-Cerdán y ahora… Montoro. La corrupción política nos visita cada cierto tiempo para recordarnos algo en lo que insistimos las y los comunistas, pero que pasa desapercibido en el tratamiento mediático de la corrupción: el Estado no es un agente neutral de la sociedad, sino una fuerza pública organizada para someter a una clase social. El Estado (Gobierno y administración, fuerzas armadas y de seguridad, el sistema judicial…) es una gran maquinaría que envuelve como una red toda la sociedad y, en el capitalismo, ha conseguido crear una importante base social a través del clientelismo, el soborno y el patronazgo. En este gran aparato, los partidos políticos son organizaciones cuya razón de ser es la defensa de determinados intereses y, para los comunistas, estos intereses están determinados por la clase social que se organiza en ellos.
Considerando esto, el abanico de alternativas políticas que refleja el parlamento español expresa precisamente esas distintas preferencias que se quieren hacer valer. Pero si bien estas son diversas, jamás cuestionarán el verdadero origen de los problemas económicos y sociales: el capitalismo. El arco parlamentario solo discute la velocidad con la que el capitalismo implantará sus reformas, porque existe una profunda unidad de Estado en la que ese es el modelo económico que defender.
Por su éxito electoral y su papel en el desarrollo del capitalismo en España, partidos políticos burgueses como PSOE y PP han tejido un amplio abanico de relaciones con los distintos órganos del Estado: con la cúpula militar y policial, con jueces y fiscales, con el Tribunal Constitucional, con las cúpulas sindicales… Todos estos vínculos permiten asegurar la estabilidad gubernamental.
No obstante, los distintos órganos del Estado tienen también sus propios intereses corporativos y, en ocasiones, manifiestan abiertamente sus discrepancias sobre cómo se está gestionando el capitalismo en España. Es con esas discrepancias con las que se pretende confundir a la clase obrera y orientar sus inclinaciones políticas hacia uno u otro sector de la burguesía… ¿Cuántas veces habremos de repetir aquella frase del Manifiesto Comunista donde se acusa a los gobiernos modernos de no ser otra cosa que consejos de administración de la burguesía?
Y es que el tratamiento mediático de la corrupción hace que la clase obrera esté sometida a un desgaste ideológico continuo ante un argumentario político (PSOE-PP) que está demasiado gastado: «tomaremos las medidas oportunas», «confiamos en la actuación de la justicia», «no son quiénes para dar lecciones» (léase: «los otros son más corruptos que los nuestros»). El tratamiento de la información forma también parte del problema de la corrupción, porque las conclusiones a las que es empujada la clase obrera después del bombardeo mediático son bastante limitadas, y todas ellas funcionales al modelo económico capitalista, porque no se busca que la indignación motive la organización política del trabajador afectado. Todo lo contrario: alimenta reacciones que, o bien invitan a la apatía política (naturalizando la existencia de la corrupción), o bien se traducen en expresiones políticas funcionales al capitalismo (conservadurismo, cinismo, simpatía por discursos de extrema derecha…).
De vuelta al caso Montoro, nos encontramos además con que la corrupción en el capitalismo adquiere la forma de una herramienta política y, por tanto, no se denuncia por interés social de la mayoría, sino que se manejan los tiempos para sacar el mayor rédito político a la situación. El caso Montoro lleva en investigación desde el año 2018, pero el secreto de sumario se extendió durante siete años, algo poco habitual. Según sabemos por las últimas noticias del caso, la extensión del secreto de sumario por tanto tiempo puede ser precisamente la clave burocrática que permita que el caso no llegue nunca a juicio.
Y en este juego con los tiempos, nos hemos enterado de que la fiscal que llevaba el caso Montoro vio entorpecidas sus investigaciones por la dirección de la Fiscalía Anticorrupción y que la UCO (Guardia Civil) se negó a elaborar informes para profundizar en las indagaciones. Mientras, el ministro de Hacienda utilizaba su posición política para perjudicar a rivales políticos y periodistas que eran críticos con el ejecutivo de Rajoy o que pusieron la lupa sobre los pagos de empresas del IBEX a Equipo Económico, el despacho fundado por el propio ministro.
Las investigaciones muestran cómo entre los 28 imputados del caso se encuentran socios fundadores de Equipo Económico y que una parte importante de ellos formaron el equipo del Ministerio de Hacienda cuando Montoro fue nombrado ministro. Además, algunos de esos imputados, como los hermanos Martínez Rico y los hermanos Menéndez, se repartieron puestos claves en Hacienda y la Agencia Tributaria, mientras mantenían el control de la empresa asesora que intermediaba entre empresas y Hacienda por rebajas fiscales.
Ante las acusaciones del caso Montoro, el vicesecretario de Hacienda del PP, Juan Bravo, señaló: «Si eran tan malas [la normativa implantada por Montoro], ¿por qué en siete años el PSOE no las ha modificado?». Porque, efectivamente, la modificación de la Ley de Presupuestos que se aprobó para favorecer a las gasísticas pasó todos los controles internos de la administración: se elaboraron los informes pertinentes del Consejo de Estado y fue sometida a debate y votación en el Congreso… ¿Qué nos indica esto? La corrupción no encuentra oposición real en el Estado capitalista porque, precisamente, engrasa la maquinaría que facilita la expansión del capital. No hay interés real de ningún partido político parlamentario en detener la corrupción porque entre corruptos, corruptores y organizaciones políticas se comparte el mismo interés de que el capitalismo siga sobreviviendo a costa del sufrimiento de la inmensa mayoría de este país.
Nuestra preocupación política por la corrupción, la vivienda y los salarios, entre otros problemas de nuestra clase, no encontrarán solución real en los partidos parlamentarios de la socialdemocracia, mucho menos en la extrema derecha. La clase obrera debe avanzar hacia formas de organización realmente democráticas, con la revocabilidad de los cargos elegidos como uno de los fundamentos de la democracia de clase, que garantiza que quien ocupa un cargo político lo haga debiéndose a quienes lo eligieron, no sabiéndose blindado y pudiendo utilizar su posición para beneficiarse a sí mismo y a otros. Solo así destruiremos la fe supersticiosa en el Estado que se trasmite como una enfermedad hereditaria entre la clase obrera. La corrupción es síntoma de un sistema repleto de arribistas, cazadores de salarios y demás parásitos, y su disolución pasa por la organización en defensa de nuestros intereses como clase. No hay otra manera.