La movilización del profesorado cántabro no fue un acto aislado de indignación que surgiera el curso pasado de manera espontánea. Lejos de desvanecerse, continúa consolidándose e incrementando su combatividad con un comienzo de curso repleto de jornadas de huelga y movilizaciones. Si bien el curso pasado se convocaron tres jornadas de huelga, este curso ya llevamos dos jornadas en cada etapa educativa –ocho en total– y otras cinco jornadas de huelga previstas en octubre que está llamado a secundar todo el profesorado. La multitudinaria manifestación del 8 de septiembre, coincidiendo con el primer día de huelga en colegios, congregó a 9.000 docentes y simpatizantes en las calles de Santander, a pesar de la lluvia, y demostró que la rabia acumulada tiene rostro, voz y organización; fue la expresión palpable de una base docente dispuesta a no aceptar acuerdos que conviertan las reivindicaciones en promesas caducas.
Lo que comenzó como la cristalización de demasiados años sin una adecuación retributiva autonómica –la última fue en 2008– y el menosprecio del Gobierno autonómico a la legítima reivindicación se ha convertido en la base movilizadora, a la que se suman el empeoramiento de condiciones, la falta de recursos, el deterioro de infraestructuras y los recortes de plantillas en la escuela pública. También, los continuos ataques a la labor del colectivo docente en forma de declaraciones en los medios de un consejero de Educación que, intentando socavar el apoyo de los docentes a sus representantes sindicales y tratando de tener una mejor posición negociadora, ha logrado, por el contrario, aunar más a la plantilla con la Junta de Personal.
La experiencia nos demuestra que la negociación sin organización de los trabajadores es un terreno abonado para las maniobras de la Administración, que está empleando, por cierto, los mismo métodos patronales, demostrando una vez más que los representantes políticos de la burguesía defienden los mismos intereses que los empresarios y no dudan, cuando la ocasión lo requiere, en utilizar las tácticas coercitivas que utilizan en el ámbito privado. Recordemos que el propio consejero Sergio Silva se vanagloriaba porque el líder de la patronal del metal de Cantabria le había felicitado por tomar medidas para combatir el mal llamado «absentismo», término reiteradamente manipulado por organizaciones patronales para poner en cuestión el derecho a la salud de las personas trabajadoras, así como otros derechos fundamentales; una excusa en definitiva, para recortar derechos.
A lo largo del conflicto, hemos asistido a chantajes, coacciones e intentos de vulnerar derechos fundamentales de las formas más variadas: desde el bloqueo de los canales digitales de comunicación sindical hasta la imposición de unos servicios mínimos abusivos que afectaban al 90% de la plantilla y que cercenaban el derecho a huelga. Tal fue el atropello de la Consejería que hasta la justicia burguesa se vio obligada a tumbar su decreto de servicios mínimos.
Otra de las tácticas del consejero ha consistido en alegar que “no hay dinero” para asumir la adecuación retributiva de un colectivo tan amplio, aludiendo a las nuevas reglas fiscales y al techo de gasto presupuestario. Este ejemplo no deja de ser la concreción práctica de lo que venimos advirtiendo en las páginas de Nuevo Rumbo desde que se aprobaran las nuevas reglas fiscales del Pacto de Estabilidad y Crecimiento en el Parlamento Europeo: regresaban los recortes presupuestarios y la austeridad a los países miembros de la UE.
No obstante, el papel del sindicalismo de clase debe consistir en rechazar estos argumentos, puesto que no tienen otro objetivo que recortar el gasto en servicios públicos y en derechos de la mayoría social trabajadora, todo ello en un contexto en el que los márgenes empresariales vuelven a registrar máximos históricos y las cuentas de beneficios de los capitalistas baten récords.
Y concretamente en Cantabria, el mismo gobierno autonómico que aduce este argumentario e intenta utilizar al colectivo docente como rehén de los pactos presupuestarios, tratando de ligar cualquier posible acuerdo a la existencia de Presupuestos Generales de Cantabria cada año de aplicación del acuerdo, por otro lado lleva a cabo una rebaja de tipos fiscales para las rentas altas con un impacto de 90 millones, planifica la construcción de infraestructuras en entornos naturales para la explotación turística y el beneficio empresarial por valor de 100 millones o realiza un trasvase millonario de dinero público al monopolio que gestiona parte del hospital público Valdecilla, con un incremento de 37 millones en el contrato debido a la “modernización tecnológica”. En definitiva, dinero no falta, pero los representantes políticos de la burguesía no quieren que vaya a otro destino que no sean los bolsillos de los empresarios.
Muchos se preguntaban en cursos anteriores, incluso dentro de las organizaciones sindicales, por qué los docentes tenían una actitud de brazos caídos ante todos los problemas que acaecían en el ámbito educativo y ante el empeoramiento de sus condiciones laborales, parecían resignados ante cualquier nuevo ataque, aunque se detectara malestar en las salas de profesores, en los departamentos o en los claustros, pero la cosa no iba más allá de la queja de pasillo. La misma reflexión se escucha hoy en dirigentes sindicales de otras comunidades autónomas donde no ha estallado el conflicto, aunque ya son varias donde el profesorado ha combatido con firmeza en el último curso, como Euskadi, Asturies, Madrid o Extremadura.
En Cantabria, la clave de este despertar de la lucha fue la plasmación de ese malestar ya presente entre el profesorado en una campaña concreta elaborada por la Junta de Personal, unificando reivindicaciones que tenían las diferentes organizaciones sindicales que la componen; una campaña con una calendarización, unos objetivos y unas acciones concretas que además de apelar a la participación del profesorado desde el comienzo, iban escalando en combatividad, alejándose de las prácticas sindicales pactistas y únicamente limitadas a la negociación en despachos.
Que la representación legal de los trabajadores ejerza como elemento dinamizador del conjunto de la plantilla, canalizador de las reivindicaciones y vertebrador de las medidas de presión es clave para articular la lucha. Lo es igualmente que el sindicalismo sea combativo y no se deje amedrentar por los ataques de la Administración, que no decida refrenar el espíritu combativo del profesorado una vez ha despertado o no dilate artificialmente los plazos en una guerra de desgaste que sólo beneficia a la Administración. Estas son todas problemáticas que también se han dado entre ciertos sectores del sindicalismo en el ámbito educativo de Cantabria. Sin embargo, estas corrientes también han encontrado su contraparte en otros sectores que continúan a la ofensiva.
La táctica debe pasar por ensanchar aún más la base del apoyo al profesorado, entendiendo este conflicto no como una reivindicación meramente salarial, sino como una contienda dentro de una lucha general por la mejora de la educación pública, en la que estudiantes, familias y el resto de trabajadores y trabajadoras tengan un puesto de combate. La privatización encubierta, los conciertos que desvían fondos a la privada, el recorte de plantillas y la precariedad del personal no docente configuran un ataque que afecta al conjunto de la clase obrera y el pueblo trabajador.
El conflicto por la adecuación retributiva del profesorado en algún momento acabará, pero debemos tener claro que vendrán muchas más batallas, tanto para defender derechos conquistados como para avanzar en nuevas conquistas. El combate frente a quienes conciben la educación como una mercancía se libra en múltiples frentes y obliga a no bajar la guardia, a mantenernos en la ofensiva. Y eso solo será posible si cada vez más trabajadores, en este caso docentes, se organizan en sindicatos de clase, si convierten cada claustro en una trinchera de resistencia y de lucha por la enseñanza pública. Solo así podremos arrancar victorias frente a la Administración, frenar los planes de la burguesía y sus representantes políticos y garantizar que la educación sea verdaderamente un derecho de la mayoría social trabajadora.