En el corazón del Estado español se gesta una creciente ofensiva contra el derecho de huelga, una ofensiva que no es accidental, sino profundamente estructural. Discursos y leyes están reconfigurando la coacción en huelgas para hacerla pasar por «delitos de terrorismo». No se trata de un viraje espontáneo, sino de un impulso transnacional orquestado por lobbies empresariales y reforzado desde las instancias europeas. El resultado es la criminalización de la solidaridad obrera como si fuera terrorismo. Pese a ello, y en paralelo, las reformas del Gobierno de coalición supuestamente en favor de la clase trabajadora no están impidiendo su actividad huelguística.
- La OIT y la criminalización penal del derecho de huelga
Ya en 2016, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) denunció cómo España había encausado a casi 300 trabajadores por aplicar el artículo 315.3 del Código Penal –penalización de quienes «coaccionan» a otros para secundar huelgas– con sanciones «excesivamente elevadas» y vaguedad jurídica. En algunos casos se llegó a pedir penas acumuladas de hasta 120 años, mientras que la judicialización de los conflictos ignoraba el carácter constitucional de la huelga y el derecho de libertad sindical que protegen los convenios 87, 98, 135 y 151 de ese organismo internacional.
Estas observaciones de la OIT no son un detalle menor: confirman que España destaca por sus constantes vulneraciones de un derecho fundamental. Una huelga dejada al arbitrio de la fiscalía se convierte en campo de guerra legal y social. Esta dinámica está vinculada explícitamente a presiones internacionales: lobbies empresariales que presionan para que los Estados redefinan los espacios de conflicto laboral como «terrorismo».
- La trampa de Yolanda Díaz: reformismo sin ruptura
En su narrativa pública, Yolanda Díaz se presenta como la primera ministra de Trabajo que defiende a la clase trabajadora, asegura haber creado empleo estable y promete reformas profundas. Sin embargo, su modelo –objetivo central– ha sido vendido como un pacto social consensuado y por tanto inmutable.
Muchos recursos mediáticos y sindicales ensalzan la reforma laboral aprobada bajo la batuta de Díaz. Se habla de un triunfo: menos temporalidad, más estabilidad, convenios garantizados… Sin embargo, este relato está construido sobre bases débiles. Desde un análisis clasista, se constata que la supuesta «recuperación de derechos» se limita a un maquillaje significativo pero reversible. La esencia de la reforma laboral del 2012 (PP) permanece intacta: flexibilidad laboral, temporalidad estructural y privilegios para la empresa sectorial sobre la clase trabajadora. Es un pacto consensuado por las cúpulas colaboracionistas de los dos sindicatos mayoritarios (UGT, CCOO), la patronal y el Gobierno; ningún avance real a favor del proletariado.
El discurso público de Díaz, al principio, insistía en la futura derogación íntegra de la reforma del PP. No obstante, su acción política ha mostrado ser más simbólica que transformadora: a posteriori afirmó que «técnicamente no se puede derogar» una norma fragmentada en múltiples leyes y decretos, lo que convierte la promesa en una imposibilidad operativa.
El monopolio reiterado del diálogo social con patronal y sindicatos condicionados a la UE impide cualquier ruptura real. De hecho, la reducción de jornada a 37,5 horas que ha propuesto el Gobierno ya existe en la práctica en muchos convenios colectivos. Incluso Antonio Garamendi (CEOE) reconoce que dicha reducción es ya una realidad bastante extendida. Entonces, ¿qué se está vendiendo? Una ficción reformista diseñada para aparentar cambio mientras se garantiza la rentabilidad privada.
Incluso ante agresiones claras contra derechos sindicales, como el acuerdo de la Comunidad de Madrid que suspendía la carrera profesional ante huelgas, su reacción –Yolanda Díaz lo denunció ante la Fiscalía– queda anclada en la legalidad del Estado y en ningún caso se orienta a construir mecanismos de poder obrero alternativos.
En conclusión, no hay progreso real para las condiciones laborales de las y los trabajadores en las acciones de Díaz y sus pactos. La reforma laboral nacida de su ministro de Trabajo no ha acabado con la precariedad ni ha derogado la herencia del PP. En cambio, ha consolidado un modelo pactado y amparado por los lobbies patronales y las reglas del capital europeo. La criminalización de la huelga, el uso penal del derecho sindical y la regulación represiva son síntomas de una ofensiva antiproletaria con alcance europeo.
- ¿Europa al servicio del capital? El marco comunitario como freno obrero
Más allá del Estado español, la influencia de la Unión Europea refuerza este proceso represivo. Desde los criterios macroeconómicos del capitalismo europeo hasta los fondos condicionados a políticas «flexibles y competitivas», la UE impone un marco que constriñe la posibilidad de una transformación radical y subordina el trabajo al capital.
La negativa de Díaz y Montero a cuestionar esas directivas se hace notoria: se recurre a argumentos técnicos –«no se puede cambiar por reglamento europeo»– para justificar la imposibilidad de derogar la reforma laboral. La tecnocracia impone límites inequívocos: si alguien exige justicia para la clase obrera, recibe como respuesta que la legislación laboral está sometida a reglas comunitarias que prohíben el cambio real.
Así, el reformismo de Díaz se convierte en una política que maquilla sin tocar la raíz: un laboratorio social en el que se simula redistribución mediante diálogo, pero sin enfrentarse a las estructuras sistémicas de explotación. El resultado es que cada reforma queda condicionada a la benevolencia patronal y el veto eventual del bloque europeo.
- El blindaje legal: coacción, piquetes y penalización
En paralelo, la aplicación del artículo 315.3 CP y otras figuras penales como «obstrucción», «coacciones» o incluso «obligación a secundarla» –desde la patronal y la justicia autonómica– criminalizan cualquier intento de ejercer el derecho a huelga. La OIT informa que estos artículos son de redacción vaga y están diseñados para desincentivar el conflicto colectivo con penas desproporcionadas.
En Cantabria, por ejemplo, la Cámara de Comercio pidió recientemente la actuación policial contra piquetes informativos en el sector del metal argumentando que se vulneraba la «libertad de otros ciudadanos» y presentando las acciones sindicales como «intimidación» o «delitos». Esta narrativa es parte de la estrategia global: equiparar huelga con escándalo público para minar su legitimidad.
- La farsa sindical y la necesidad de contragolpear
Ante la ofensiva de la clase capitalista, la contradicción fundamental estriba en unos sindicatos mayoritarios que colaboran con el Gobierno, avalan reformas que no cambian nada y retiran presión de calle. En ese contexto, la clase obrera se encuentra rodeada por una institucionalidad que simula defensa de sus derechos mientras, en realidad, erosiona su capacidad de acción, y queda así desarmada política, ideológica y organizativamente.
Desde una perspectiva leninista, la salida no está en la capitulación reformista, sino en organizar una contrafuerza independiente. Los peligros de la «izquierda institucionalizada» no arrancan solo de la derecha o los patrones, sino también de la moderación y parálisis interna. Resulta fundamental y urgente fortalecer el movimiento obrero, fraguar su unidad, aumentar su combatividad y recuperar y defender las herramientas de las que históricamente se ha dotado, como la huelga, para la lucha inmediata por las condiciones de vida y de trabajo.
- Estrategia leninista de resistencia y ofensiva obrera
Frente a este cuadro político-jurídico en el que algunos actores fingen estar del lado de las y los trabajadores, proponemos:
Organización autónoma: construir estructuras obreras que actúen fuera del diálogo social legitimado por el Estado; asambleas, redes de apoyo legal y difusión independiente.
Educación política desde la base: explicar sin ambages a los trabajadores que las medidas estrella del ministerio de Yolanda Díaz en los últimos años –la reforma laboral y la pretendida reducción de la jornada laboral– no suponen conquistas para la clase obrera frente al avance del capital, pese a los discursos triunfalistas del Gobierno y sus exagerados choques con la oposición, sino un maquillaje mientras se consolidan las reglas comunitarias capitalistas.
Solidaridad activa con los procesados de piquetes y huelguistas. No basta con condenar el 315.3, hay que organizar solidaridad real: apoyo legal, acciones y campañas de solidaridad vinculadas y presión pública.
Internacionalización de la lucha: denunciar ante organismos como la OIT, la CSI y organizaciones obreras europeas el proceso de criminalización y la imposición normativa brutal, y reforzar el movimiento obrero internacional, siguiendo las enseñanzas de Marx y Engels sobre la comunidad de intereses de la clase obrera mundial y la necesidad de una misma lucha.
- ¿Qué nos enseña todo esto?
El sistema capitalista no sólo reprime desde fuera, sino corrompe desde dentro: canaliza quejas por medio de partidos e instituciones que aparentan progresismo, mientras neutralizan el potencial revolucionario de la clase obrera. El caso de España evidencia cómo una derecha moderada o un Gobierno «de izquierdas» puede servir igualmente al capital: criminalizando la huelga, consolidando reformas empresariales pactadas y legitimando la hegemonía neoliberal europea.
Pero la clave leninista está en reconocer que sólo derrotando esa ilusión reformista se puede recuperar el poder obrero. No se trata de confiar en la posibilidad de un cambio desde dentro de las estructuras del poder burgués, sino de gestarlo desde abajo y desde fuera del sistema institucional. Derogar leyes represivas, construir poder trabajador, desbordar el marco europeo capitalista y fortalecer la lucha internacional. Esa es la tarea urgente.