Este verano se ha batido en España un triste récord: el de hectáreas totales quemadas por incendios forestales. Y es que si bien nos hemos acostumbrado a que los incendios forestales protagonicen nuestros telediarios cada verano, lo de este año ha superado los registros que se tenían hasta la fecha: más de 350.000 hectáreas de bosques, matorrales y pastos arrasadas, superando incluso el trágico verano del 2022.
Estos datos, sin embargo, no han venido acompañados de un número especialmente alto de incendios, pero sí de un tamaño superior al habitual. 2025 es también el año con mayor número de grandes incendios forestales (aquellos que superan las 500 hectáreas), al registrarse 63 grandes incendios, más del triple de la media de la última década.
La lectura de estos datos refleja la gravedad de la situación: hubo menos incendios pero mucho más virulentos, más difíciles de controlar y extinguir, se propagaron con excesiva facilidad gracias a las condiciones meteorológicas cada vez más extremas y al abandono y la falta de prevención en los montes y las zonas rurales, donde la vegetación acumulada y seca hace de combustible. Las olas de calor prolongadas, las exiguas precipitaciones y las rachas de viento que acompañaron a muchos incendios fueron los ingredientes de este cóctel explosivo, que además de todas las hectáreas arrasadas se llevó por delante al menos ocho vidas, la mayoría de personas que estaban combatiendo las llamas. Y, entre las noticias de los grandes incendios con imágenes aéreas impresionantes de los hidroaviones descargando agua sobre las llamas, de vez en cuando se colaba una imagen o unos segundos de vídeo mucho más modestos, pero que son de quienes enfrentan estos incendios cara a cara: los bomberos forestales.
Ellos han sido quienes han estado en primera línea de fuego, arriesgando la vida con unas condiciones laborales nefastas. De hecho, casi tanta repercusión como los incendios forestales ha tenido la protesta de muchos servicios de bomberos forestales, en lucha por unas condiciones de trabajo dignas.
En primer lugar, tenemos que explicar que los bomberos forestales son un servicio público privatizado y extremadamente precarizado en la inmensa mayoría de las comunidades autónomas. Mientras que los bomberos «urbanos» son funcionarios de las administraciones locales (sean CCAA, provincias o ciudades), los bomberos forestales son trabajadores de una empresa adjudicataria del servicio. Esta empresa cambia según el territorio, llegando a casos como el de Castilla y León, donde hay hasta 18 empresas gestionando el servicio y donde se emplean prácticas abiertamente caciquiles para evitar la organización de la plantilla, ya de por sí fragmentada en las diferentes empresas y castigada por la temporalidad. Se trata, en palabras de los propios bomberos forestales, del peor servicio de España, y a principios de septiembre protagonizaron una gran manifestación en León reivindicando un dispositivo 100 % público, profesional y contratado durante todo el año.
Hablando de temporalidad y de la reivindicación de trabajar todo el año, este es uno de los muchos problemas que enfrentan estos trabajadores. En Madrid, comunidad donde la empresa adjudicataria es Tragsa, un 40 % de la plantilla son fijos discontinuos, y causan baja desde octubre hasta el 1 de mayo, cuando vuelven a incorporarse.
Al tratarse de distintas empresas adjudicatarias con pliegos diferentes en cada una de las comunidades autónomas, los datos sobre la temporalidad pueden variar ligeramente de una a otra, pero el caso madrileño refleja bien hasta qué punto la concepción de los incendios forestales en España y la lucha contra ellos no prioriza en absoluto la prevención y el mantenimiento de los montes. «Los incendios se apagan en invierno», tal y como dicen los propios bomberos, con trabajos preventivos, podas y trabajos de silvicultura que les permitan poder desempeñar su labor en la época de alto riesgo de incendios de una manera segura y más efectiva, limitando a su vez la propagación de los incendios y mitigando sus consecuencias. Como consecuencia de un trabajo sistemáticamente deficiente en prevención, en combinación con el cambio climático, tenemos veranos como el vivido este año.
Dejando de lado la temporalidad y la prevención y volviendo al caso concreto de Madrid, estos trabajadores mantienen desde el verano un pulso con la comunidad autónoma y su empresa adjudicataria. Uno no puede sino acordarse de los sanitarios durante la pandemia del Covid-19, aplaudidos por todos y después nuevamente olvidados, volviendo a tener que afrontar contratos parciales, temporalidad y grandes dificultades para la conciliación de la vida personal, todo bajo el paraguas de la vocación. Como si la vocación pagase facturas.
En el caso de los bomberos, después de haber sido elevados temporalmente a la categoría de héroes y de todos los elogios dirigidos desde unos y otros políticos por su encomiable labor luchando contra los incendios en un verano tan trágico como el de este año, vuelven a ser olvidados y ninguneados.
Contra la resignación y la precariedad se levantaron servicios como el de Madrid, donde mantienen todavía una huelga indefinida para tratar de mejorar sus condiciones. Estos bomberos, que tienen el convenio caducado desde el año 2012, realizan su trabajo a cambio de poco más del SMI. A su vez, al no tener reconocida la categoría profesional de bombero forestal, no se les aplica el Estatuto del Bombero Forestal, por lo que no cuentan con el reconocimiento de enfermedades profesionales, entre las que destacan los riesgos de agentes cancerígenos, y tampoco pueden acceder a día de hoy al coeficiente reductor de la edad de jubilación.
En las negociaciones, Tragsa no está dispuesta a dar su brazo a torcer, aludiendo al pliego de condiciones que le fue adjudicado por la comunidad de Madrid. Desde el Gobierno autonómico aseguran que cumplirán con las reivindicaciones, pero que no es contra ellos contra quienes han de ir los bomberos, sino contra el ministerio de Hacienda, de quien depende Tragsa. Y en estas circunstancias, en las que las distintas entidades escurren el bulto, los profesionales mantienen su lucha hasta que se les reconozca la categoría profesional correspondiente, se acabe con la temporalidad y se actualice su convenio en el próximo pliego de condiciones.
Otro servicio privatizado y muy precarizado es el de Aragón, donde Sarga es la empresa adjudicataria. Allí, gracias a la lucha y las reivindicaciones de la plantilla, se ha conseguido recientemente reducir la temporalidad del servicio, logrando que la plantilla fija trabaje todo el año. Aun así, se mantiene la figura del «8º componente», bombero que refuerza las cuadrillas forestales exclusivamente durante el verano. Esto, que atendiendo a la carga de trabajo en verano con los incendios podría parecer coherente, muestra de nuevo cómo se vuelve a negar la máxima profesional de que los incendios se apagan en invierno.
En cuanto a los horarios de estos trabajadores, varían según el momento del año. Durante el verano, en los meses de riesgo alto de incendios (de junio a septiembre), tienen cinco días de disponibilidad total en los que deben permanecer a menos de 20 minutos de su puesto de trabajo, seguidos de tres días de descanso. Cuando no están en alerta máxima (generalmente, antes de la llegada del verano), sus turnos generales son 6-2; es decir, seis días con jornadas de ocho horas y dos días de descanso. Durante estos meses, en los que la plantilla se reduce, centran su trabajo en realizar tareas servícolas, habitualmente limpieza de montes. A pesar de ello, los meses más duros suelen ser aquellos previos e inmediatamente posteriores al verano. Con los montes todavía secos y un riesgo de incendio elevado, no es raro que a la jornada normal de limpieza de montes le siga un desplazamiento a un incendio, lo que resulta en jornadas maratonianas con muchísimo desgaste físico que ponen en grave riesgo su propia seguridad (en un sector que tiene una media de tres fallecidos directos al año y graves accidentes con la maquinaria).
En este servicio, que dentro del sector no es de los peores, los trabajadores cobran aproximadamente unos 1.600 euros netos mensuales incluyendo complementos y pluses por trabajar domingos y festivos. 1.600 euros mensuales por exponerse a sustancias cancerígenas sin tener reconocidas las enfermedades profesionales, por un desgaste físico brutal, por una nula posibilidad de conciliación durante todos los meses de verano y por, directamente, jugarse la vida apagando incendios.
Los casos concretos de los que hemos hablado representan la tónica general de este sector en España. Contra esta situación tan sumamente precaria se ha movilizado la mayoría de servicios, acudiendo a una manifestación conjunta en Madrid el sábado 18 de octubre en la que reivindicaban la dignificación de su profesión, el reconocimiento real de su categoría profesional a todos los efectos y el fin de la temporalidad y de la privatización del servicio, entre otros.
Quien escribe estas líneas no puede sino mostrar todo el apoyo y la solidaridad con quienes son la primera y última línea en la lucha contra los incendios forestales, con quienes hacen todo lo posible por mantener de la mejor manera los montes a pesar de la negligencia institucional y la privatización del sector, y desear futuras conquistas y victorias para todas sus luchas.