Si no hay respiro para las universidades públicas, no habrá paz para quienes nos asfixian. Bajo este lema, los docentes, trabajadores y estudiantes de las seis universidades públicas madrileñas se levantan en pie de guerra contra el Gobierno de la Comunidad de Madrid, plantándose ante la infrafinanciación y las amenazas privatizadoras con una Huelga General Universitaria los días 26 y 27 de noviembre de 2025 convocada por la Plataforma en Defensa de las seis universidades públicas madrileñas.
Y es que la situación no merece menos respuesta: el Gobierno de la Comunidad de Madrid lleva más de una década sometiendo a las universidades a una infrafinanciación deliberada, que las ha colocado de manera paulatina en una situación insostenible, algo claramente reflejado en los datos: el presupuesto de universidades es inferior al de 2010, mientras la inflación acumulada es del 34 %, lo que conlleva una caída importante de la capacidad económica de los centros. A causa de esto, la CAM destina a los centros públicos el 0’4% del PIB, menos de la mitad de lo exigido en la normativa, y así Madrid se ha convertido en la comunidad autónoma que menos dinero invierte por alumno en sus universidades.
Pero la falta de financiación no es sólo una cuestión de números. Sin dinero, las universidades no pueden llevar a cabo correctamente su función educativa y de investigación; no se pueden construir nuevos edificios, ni mantener los que ya hay; no se pueden dar becas ni materiales; no se pueden financiar investigaciones; y, sobre todo, no se pueden pagar las nóminas, contratar personal ni ofrecer buenas condiciones laborales. La infrafinanciación lleva a la degradación de la calidad educativa, la cronificación de los problemas y el empeoramiento acelerado de las condiciones de trabajo, cuando no directamente a despidos masivos y cierre de grados y departamentos. Hace apenas un mes, la Universidad Complutense se veía obligada a pedirle un préstamo a la Comunidad de Madrid –sí, la misma que es responsable de financiar suficientemente a la universidad– para poder pagar las nóminas de diciembre y la paga extra de navidad.
Como ya veíamos más detalladamente en otro artículo en julio, este plan de asfixia económica sienta las bases de un ataque legislativo cuya expresión más violenta es el proyecto de Ley de Enseñanzas Superiores, Universidades y Ciencias (LESUC) de la Comunidad de Madrid. La LESUC busca hacer de la infrafinanciación la norma, mientras se espolean los mecanismos de financiación privada –desde la colaboración público-privada hasta el mecenazgo–, se estandarizan criterios de beneficio económico y utilidad empresarial para los presupuestos y los currículos, se fortalece la influencia de las empresas en el gobierno de las universidades, se propicia la creación de centros privados y se desarrolla un nuevo marco sancionador de marcado carácter represivo y antisindical. Esta ley estaba proyectada para aprobarse a finales de 2025, pero su tramitación se ha acabado retrasando, por lo que se prevé su aprobación entre febrero y abril de 2026.
No obstante, el proyecto privatizador de Ayuso y Viciana se ha encontrado con un fuerte obstáculo: la oposición organizada de estudiantes, profesoras y trabajadoras. Desde que se anunció la ley y se filtraron los primeros borradores se fueron constituyendo ya las Asambleas por la Pública, espacios de organización y encuentro entre estudiantes y trabajadoras desde los que el conjunto de la comunidad universitaria ha ido articulando la movilización contra la LESUC y la infrafinanciación. En estas Asambleas, el encuentro no ha sido forzado ni superficial: se ha ido construyendo piedra a piedra, centro a centro, a través del trabajo de base, el debate y, sobre todo, la conciencia generalizada de que este es un problema común, que afecta tanto a estudiantes como a trabajadores, y de que por tanto ambas partes se necesitaban mutuamente para poder hacerle frente.
La presencia de militancia comunista y de organizaciones estudiantiles sindicales como el Frente de Estudiantes en las Asambleas de todas las universidades hizo posible romper con la fragmentación y la tendencia al localismo, articulando un discurso y unas reivindicaciones comunes que hicieron que la unidad entre todas las Asambleas y la creación de un marco de coordinación interuniversitario se presentara no sólo como una posibilidad, sino como una necesidad. Así, el 10 de octubre se celebraba la Asamblea Interuniversitaria, donde estudiantes y trabajadores de todas las universidades públicas de Madrid debatieron y aprobaron una hoja de ruta conjunta, una tabla reivindicativa común y la creación de una coordinadora interuniversitaria.
De esta forma, la hoja de ruta común se marcaba como objetivo fundamental la convocatoria de una huelga de dos días, que finalmente ha tomado forma en la Huelga General Universitaria del 26 y 27 de noviembre. Una huelga que es resultado de prácticamente un año de trabajo de base y de movilización en ascenso; que en el momento en el que se ha situado un horizonte y unas fórmulas organizativas claras ha sido capaz de llegar a una convocatoria histórica; que ha sido capaz de marcar el camino, el calendario y las formas, aprovechando la capacidad de movilización de las grandes centrales sindicales y la cobertura institucional del paro académico para impulsar una movilización masiva cuyo contenido ha sido definido en las asambleas de base.
Todo este proceso, que puede parecer uno más en el ir y venir de las asambleas universitarias y los ciclos de movilización, es, sin embargo, sintomático de que el período de movilización que se lleva gestando estos últimos años tiene la potencialidad de ser cualitativamente diferente a los anteriores.
En primer lugar, porque parte del reconocimiento mutuo tanto de la centralidad del movimiento obrero como de la capacidad organizativa del movimiento estudiantil. Es decir, asume como principio fundamental la unidad obrero-estudiantil, lo que ha permitido dar un salto inmenso en la calidad del trabajo y las asambleas. Durante todo este año estudiantes, PDI y PTGAS han podido no sólo romper prejuicios y reparos, sino también con la vieja jerarquía profesor-alumno y el distanciamiento entre estudiantado y personal laboral, lo que ha acabado por hacer del trabajo conjunto y la unidad algo completamente natural y orgánico. El ejemplo más claro de ello es la propia convocatoria de la Huelga General Universitaria, que desde un primer momento se plantea como una convocatoria común, única para toda la comunidad universitaria, donde la única diferencia entre ser trabajador o alumno es la forma legal que toma (huelga o paro académico). Una misma convocatoria, unas mismas reivindicaciones, una misma hoja de ruta y unas mismas acciones; estudiantes y trabajadores se han organizado y han luchado hombro con hombro y clase contra clase. Esta unidad ha demostrado además su utilidad y necesidad desde el primer día, pues ha permitido llegar más lejos, construir más sólidamente y hacer mucha más presión.
En segundo lugar, porque las reivindicaciones y planificaciones se asientan sobre el debate conjunto en cada centro de estudios, fruto de la participación amplia y activa de estudiantes y trabajadores no sólo en los grandes hitos organizativos –que también han sido fundamentales–, sino en el día a día de cada Asamblea y en los espacios que van más allá de estas. Así, el espíritu y contenido de las Asambleas viene delimitado directamente por los intereses de la clase trabajadora y sus hijos e hijas, lo que ha imposibilitado a la socialdemocracia cooptar o capitalizar de ninguna manera la movilización.
Y, en tercer lugar, porque la Plataforma ha logrado desde un primer momento coordinarse a nivel autonómico, definiendo claramente el destinatario de sus reivindicaciones –el Gobierno de la CAM– y generando una estructura capaz de erigirse como interlocutora ante dicha institución. Esto implica el reconocimiento de la necesidad de superar el ámbito local, sindicalizar el conflicto en torno a demandas concretas y negociaciones y generar un poder propio que represente los intereses económico-inmediatos del estudiantado y los trabajadores.
La convocatoria de la Huelga General Universitaria y todo el proceso que ha llevado hasta ella es, en conclusión, una clara muestra de que los sectores más organizados del movimiento estudiantil están siendo capaces de transmitir al resto del estudiantado una madurez política y organizativa cada vez mayor, y de que el movimiento obrero de las universidades se está revitalizando bajo claves de autoorganización y trabajo de base. Si bien todavía es largo el camino que queda por recorrer, y muchas las limitaciones de los modelos asamblearios y plataformistas, los albores de un nuevo ciclo de movilización en los centros de estudio son prometedores, y el horizonte de un movimiento estudiantil que haya superado plenamente los errores del pasado es cada vez más cercano.
La lucha no acaba con la huelga, ni siquiera con la LESUC. Las movilizaciones que hoy vivimos son solo un paso más hacia la construcción de una educación al servicio de la clase trabajadora; un camino largo, pero que un movimiento obrero y estudiantil renovado está en disposición de transitar con pasos firmes y seguros.