Unas reflexiones a raíz del acuerdo por la mejora del empleo público

El 27 de noviembre, el Gobierno firmaba, junto con los sindicatos UGT y CSIF, el llamado «Acuerdo marco para la mejora del empleo público y el servicio a la ciudadanía». Este acuerdo fue, días después, rubricado también por el sindicato CCOO. Pero ¿qué hay detrás de este acuerdo y por qué los comunistas queremos hablar sobre él?

De este acuerdo, lo que más se ha difundido es la subida del 11 % del salario de los trabajadores del sector público de nuestro país, desde 2025 hasta 2028. La parte retributiva del acuerdo es no solo la más conocida, sino también la que consolida la pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores y las trabajadoras del sector público. Si algo está claro es que esta subida salarial no iguala ni remonta la subida del coste de la vida en nuestro país.

No contentos y contentas con esta cuestionable victoria, el 3 de diciembre se publicó en el BOE el Real Decreto-ley 14/2025, de 2 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes en materia de retribuciones en el ámbito del sector público. En el artículo 3, sobre la «efectividad del incremento salarial» de este real decreto, se establece que el pago de los atrasos del 2,5 % correspondiente a 2025 se deberá negociar en cada ámbito administrativo, y se recoge que puede pagarse en la nómina de diciembre de 2025 o distribuirse durante los ejercicios de 2026, 2027 y 2028. Es decir, no solo la subida no alcanza a recuperar el poder adquisitivo de los trabajadores y trabajadoras públicas, sino que los atrasos generados en 2025 podrán abonarse en las nóminas de los tres próximos años. Parece una ironía: el Gobierno más progresista de la historia recordando a los sindicatos quién manda y quién puede tomar decisiones unilateralmente.

Sin embargo, este acuerdo no es solo salarial. Este acuerdo no es solo el acuerdo del 11 %. Este también es el acuerdo que no presiona para la consecución de algunos compromisos que ya estaban firmados desde 2022, pero que no se han implementado aún (por ejemplo, la implantación generalizada de la jornada de 35 horas en el sector público o una reclasificación profesional acorde a las nuevas responsabilidades y titulaciones). Estas importantes reivindicaciones quedan en el limbo.

Este es también el acuerdo que deja atrás algunas demandas históricas del movimiento sindical. Así, la recuperación del cobro íntegro de las pagas extraordinarias o la eliminación de la tasa de reposición en el procedimiento de acceso al empleo público son cuestiones de gran importancia que han quedado atrás, que han sido sacrificadas. Estaría bien preguntarnos por qué ocurre esto.

CCOO, UGT y CSIF se reunieron en varias ocasiones con el Ministerio de Hacienda y Función Pública para ir perfilando los asuntos del acuerdo que eran motivo de discrepancia. Estos tres sindicatos convocaron el 30 de octubre concentraciones por todo el país para presionar por la descongelación salarial en el empleo público y la mejora de las condiciones laborales. Todo esto ocurría mientras, durante semanas, anunciaron al Gobierno y a los trabajadores y trabajadoras que, si no había acuerdo, habría huelga.

Sin embargo, este anuncio de una futurible huelga nos deja tres reflexiones. La primera tiene que ver con la irresponsable práctica sindical, cada vez más extendida, de amenazar con huelgas a sabiendas de que no se tiene previsto convocarlas ni organizarlas. No es la primera vez que se utiliza esta táctica, y tenemos dos ejemplos recientes: la huelga del sector ferroviario en marzo de 2025 (desconvocada el día antes por haber alcanzado un acuerdo insuficiente con el Ministerio de Transportes) y la huelga en solidaridad con Palestina del pasado 15 de octubre de 2025 (que ni se creyó, ni se organizó, ni se secundó). Esta práctica continuada supone un mal aprendizaje para las plantillas de trabajadores y trabajadoras, que experimentan constantemente cómo la movilización se enuncia, pero no se organiza.

La segunda reflexión tiene que ver con la irresponsable —también— ausencia de músculo movilizador en el ámbito sindical entre los trabajadores y trabajadoras del sector público. Llevamos décadas de desmovilización generalizada de la clase obrera. La última huelga general en España fue hace casi 14 años. Desde entonces hemos podido comprobar cómo la clase obrera sigue luchando y demostrando su fuerza, pero únicamente en conflictos parciales (contra el cierre de una empresa, por un convenio colectivo, contra un ERE, etc.). En el ámbito de la Administración Pública esta situación es aún más grave, puesto que durante décadas se han promovido más las movilizaciones de delegados y delegadas sindicales en horario de mañana que las movilizaciones a pie de centro de trabajo, a las que vincular al conjunto de las plantillas en un trabajo sostenido de información, acción sindical y movilización.

Y la tercera reflexión tiene que ver con la imperiosa necesidad, especialmente de UGT y CCOO, de subordinarse al Gobierno y no abrirle posibles «grietas» (como lo sería una convocatoria real de huelga). Es evidente que este acuerdo favorece enormemente al Gobierno, porque se firma en un momento en el que está muy necesitado de victorias y fotos exitosas, mientras está rodeado de diversos escándalos (corrupción, acoso, etc.) que amenazan su continuidad. Así, las organizaciones sindicales actúan como aliadas del Gobierno, como muleta de su estabilidad, olvidándose de que, además de Gobierno socialdemócrata, también es patronal. Y es que, recurrentemente, los sindicatos determinan la función de los gobiernos como patronales en función del color político de cada uno. Por ello, a nivel estatal llevan años actuando como soporte, mientras que en algunas autonomías se actúa como si fueran la principal fuerza de la oposición.

Todo esto asfalta el camino de la desmovilización obrera, un camino muy peligroso que la clase obrera paga y pagará con sus condiciones de vida y trabajo. Este camino dificulta enormemente la organización frente a los ataques actuales y los que están por llegar, provengan de las patronales o de los gobiernos. Suerte que quedan trabajadores y trabajadoras que, azada en mano, van desbrozando nuevos caminos: el camino de la independencia obrera.