Y, de nuevo, surgen los monstruos: Aliança Catalana

Durante los últimos años, la pérdida de poder adquisitivo y el empeoramiento general de las condiciones de vida de la clase obrera son un hecho que todos y todas podemos sentir en nuestras propias carnes. La gestión de la socialdemocracia, lejos de revertir la precarización, ha administrado y profundizado políticas favorables al capital, contribuyendo así a generar un terreno fértil para el avance de discursos reaccionarios.

Uno de los últimos ejemplos de este fenómeno, que se suma a los ya conocidos VOX, Hermanos de Italia, Alternativa por Alemania y un largo etcétera, es Aliança Catalana. «Divide y vencerás» es una vieja consigna política orientada a fragmentar un grupo amplio en otros más pequeños y maleables, una lógica que se mantiene plenamente vigente hoy en día. La unidad de la clase obrera es, sin duda, uno de los mayores temores de la burguesía y, con el objetivo de evitarla, se polariza a distintos sectores mediante posicionamientos fácilmente asimilables a sus intereses. En este contexto, y sobre una base identitaria preexistente, ha irrumpido con fuerza en el panorama político Aliança Catalana, un partido que podríamos enmarcar dentro de la extrema derecha o la derecha populista.

No resulta extraño, por tanto, que el eje central de su discurso sea la cuestión migratoria, presentada como responsable última de los males que atraviesan a la sociedad. Desde esta óptica, la formación sitúa a las personas migrantes como principales elementos disruptivos: causantes de los bajos salarios, de la inseguridad y de la pérdida de derechos sociales. Todo ello responde a un burdo intento de exonerar a los capitalistas y a las políticas que los representan de cualquier responsabilidad.

Para profundizar en esta cuestión conviene atender al contexto general. La migración y la seguridad llevan años ganando peso en los debates políticos a escala nacional, con un impacto evidente sobre una sociedad cada vez más permeable a los discursos identitarios. Este proceso se explica, en buena medida, por la falta de perspectivas de futuro y por el constante bombardeo mediático al que nos vemos sometidos a diario. En Cataluña, el aumento de la población migrante durante la última década es un hecho contrastado: se ha pasado de alrededor de un millón de personas en 2015 a aproximadamente un millón y medio en la actualidad, lo que equivale a cerca del 20 % de la población.

Dado que atribuir sin más los problemas sociales a la inmigración resulta poco convincente, formaciones como Aliança Catalana recurren a establecer una relación directa entre migración y delincuencia. Sin embargo, un análisis de los datos oficiales no respalda esta correlación simplista. Pese a los intentos por presentar Cataluña y, de forma particular, Barcelona como zonas especialmente inseguras, las estadísticas contradicen de manera sistemática esta narrativa. La tasa de criminalidad en Cataluña apenas ha variado en los últimos diez años, manteniéndose en torno a los 10,6 delitos por cada 1.000 habitantes, con un ligero repunte en 2024. Del mismo modo, la tasa de homicidios continúa situándose en niveles muy bajos en comparación con los países del entorno, con cifras cercanas a los 0,7 homicidios por cada 100.000 habitantes.

Estos datos muestran que el aumento de la población migrante durante la última década no ha tenido un impacto significativo sobre las estadísticas de criminalidad. De hecho, solo una pequeña fracción de las personas migrantes, menos del 0,5 %, está reclusa por la comisión de delitos. A ello hay que añadir que la delincuencia responde a múltiples factores estructurales, entre los que destacan el nivel educativo, las adicciones, la ausencia de redes familiares, la exclusión social y la proliferación de empleos altamente inestables. Se trata de variables que afectan de manera especialmente intensa a las personas migrantes. A modo de ejemplo, en Cataluña este colectivo percibe, de media, un 25 % menos de ingresos que la población autóctona, y cerca del 50 % se encuentra en situación o riesgo de exclusión social.

Esta situación configura un colectivo particularmente vulnerable. Dicha vulnerabilidad es aprovechada, por un lado, por los empresarios, que recurren a su contratación en condiciones de semiesclavitud, y, por otro, por las formaciones reaccionarias, que lo convierten en chivo expiatorio.

Ante este escenario, ¿cuál es la propuesta de Aliança Catalana? Por una parte, y con la intención de consolidar su base social, plantea deportaciones masivas: una consigna tan sencilla de formular como difícil de llevar a la práctica. Por otra, impulsa políticas destinadas a garantizar que el capital siga beneficiándose de la mano de obra migrante, como la exigencia de contratos de trabajo previos a la entrada al país —asegurando así la disponibilidad de fuerza de trabajo cuando resulta necesaria— y la restricción del acceso a las ayudas sociales, a pesar de que se trata objetivamente de uno de los colectivos que más las necesita.

En definitiva, no existe una voluntad real de intervenir sobre las condiciones materiales que generan esta problemática. No se persigue la integración —que no asimilación— de la clase obrera migrante, ni la mejora de sus condiciones de vida, ni la eliminación de los estigmas que la atraviesan. Tampoco se trata de evitar que estas personas sean empujadas a una vida de miseria. El objetivo es, exclusivamente, exprimir sus capacidades productivas y, llegado el momento, señalarlas como origen de los problemas sociales para ocultar las contradicciones de un sistema en decadencia.

Este proceso se inscribe, además, en un contexto marcado por la pérdida de apoyo de las tesis independentistas, un hecho que no resulta casual. Durante años se ha promovido la división de la clase en función de la adscripción nacional, erosionando su independencia política y situándola, de forma voluntaria o involuntaria, bajo banderas ajenas, al servicio de los intereses de distintas fracciones de la burguesía.

Los años del procés han dejado una huella profunda, intensificando las fracturas identitarias. Por un lado, el nacionalismo español, encarnado en partidos como VOX —aunque no de forma exclusiva—; por otro, el nacionalismo catalán. De esta polarización, y de la desilusión por un proyecto que se ha demostrado estéril, surge la consolidación de formaciones abiertamente xenófobas como Aliança Catalana, lo cual supone un riesgo para nuestros intereses objetivos y pone de manifiesto el peligro real de la exacerbación de los nacionalismos.

En definitiva, no se trata de negar que exista una preocupación real en determinados sectores sociales. Tampoco se pretende esquivar el debate ni maquillar la realidad. De lo que se trata es de abordarlo desde un análisis materialista, en tanto que compañeros y compañeras de una misma clase que sufren de manera más violenta las contradicciones del capital. Lo que los y las comunistas pretendemos es aportar soluciones estructurales, superando la superficialidad de aquellos que se limitan a lanzar consignas tan simplistas como vacías.

Porque sí, es una cuestión de clase, y nos tendrán enfrente.