«En los comienzos del siglo XX el petróleo es una riqueza y, en nuestro país, la historia hasta hoy es una cadena de pugnas entre fuerzas extranjeras poderosas, interesadas en su explotación. De ahí que las condiciones económico-sociales del siglo en que vivimos se diferencien de las que caracterizaron el pasado: guerras civiles, de clases nacionales, en una situación de precapitalismo. Fomentadas y mantenidas por terratenientes de una parte, y comerciantes enriquecidos de la otra; guerras que culminan con un intercambio de las posiciones de gobierno. Una de ellas, con los rasgos señalados, se llama “Revolución Liberal Restauradora”, y la comanda un terrateniente andino de nombre Cipriano Castro. El movimiento resulta victorioso y el hacendado tachirense se hace Presidente de la República. Su gobierno desconoce supuestas y exageradas deudas que grandes potencias europeas cobran a Venezuela, decreta la confiscación de la General Asphalt Company, incauta el Cable Francés y una compañía inglesa de electricidad. (…) La dinámica política de la sociedad venezolana en la primera década del siglo XX no constituye una garantía para las inversiones de los monopolios internacionales. Los imperialistas juzgan necesario el derrocamiento de Cipriano Castro y hacer presidente a Juan Vicente Gómez, quien ofrece pagar las deudas y entregar el petróleo del subsuelo nacional a los consorcios de dicha industria con radio de acción mundial».
Perdóneme el lector por utilizar un pasaje tan largo como introducción. El texto citado –que pertenece a la obra que da título a este artículo– fue escrito por el antropólogo Rodolfo Quintero, uno de los fundadores del Partido Comunista de Venezuela, a principios de la década de 1970. En dicha obra, el autor detalla cómo se desarrolló el capitalismo en Venezuela a lo largo del siglo XX, pero cualquier lector puede esbozar, con solo sustituir los nombres propios presentados, una similitud interesante entre la Venezuela de 1899-1908 y la actual.
Similitud que se vuelve más que evidente en la última frase: los imperialistas juzgan necesario el derrocamiento del Gobierno y hacer presidente a quien ofrece pagar las deudas y entregar el petróleo del subsuelo nacional a los monopolios que actúan a nivel mundial. La situación no es novedosa y se ha tratado en varios artículos y entrevistas en Nuevo Rumbo, pero sí ha alcanzado el culmen nada más comenzar 2026. Y es que el cerco iniciado hace unos meses, con el despliegue de portaaviones, amenazas abiertas, ataques indiscriminados y excusas genéricas sobre «crimen organizado» y «narcoestado», y que era una vuelta de tuerca a la prolongada asfixia política contra el pueblo venezolano en forma de sanciones políticas y económicas, ha desembocado en una operación militar con un balance oficial de 83 muertos –incluidos 32 soldados cubanos– y la captura del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, acusado de ser el jefe de un supuesto «Cártel de los Soles» cuya existencia desmintieron a posteriori los propios funcionarios estadounidenses.
A Donald Trump, por cierto, hay que reconocerle sus méritos: detrás de su histrionismo no oculta la naturaleza despiadada del imperialismo; más bien la resalta como seña de identidad de un discurso abiertamente reaccionario. No tuvo ningún problema en reconocer que la operación militar se debía exclusivamente al petróleo –concretamente, que en Venezuela no se extraía más que el 20 % del crudo que se podría extraer– y a los intereses de sus propios monopolios en la principal reserva mundial del oro negro, arrebatando de los principales países competidores un recurso de primer orden. ¿Y toda la propaganda sobre el narcotráfico de la que fue blanco el Gobierno bolivariano? Ni más ni menos que el clásico de las «armas de destrucción masiva» en su versión latinoamericana; es decir, la excusa conveniente y repetida hasta la náusea en medios de comunicación para desplegar material y personal militar a gran escala con el visto bueno del público general.
Porque, más allá de los relatos maniqueos sobre el bien y el mal, los años de promoción de grupos opositores burgueses, de injerencia diplomática abierta, de bloqueo financiero y de sanciones económicas, de limitación de las importaciones en territorio venezolano y de restricción del acceso a mercados internacionales solo sirven para defender intereses monopolísticos y, por supuesto, a quien golpea de lleno es a la clase obrera venezolana, castigada severamente tanto por las políticas de su Gobierno como por las pugnas interimperialistas –que no «antiimperialistas», como presentan algunos– por los recursos del país.
Intereses monopolísticos que no son solo propios de Estados Unidos. Un ejemplo claro lo encontramos en pleno centro de Madrid, y más concretamente en las oficinas del Campus Repsol, desde donde los directivos de la multinacional patria negociaron directamente con la Casa Blanca para triplicar su producción –la cual ya había aumentado notablemente en 2024, cuando cerró un contrato con el Gobierno de Maduro– a cambio de contribuir en las inversiones que quiere hacer Trump. Sin duda alguna, estas operaciones influyen en los comunicados de Moncloa, en los cuales muestra su disposición a «prestar sus buenos oficios para lograr una solución pacífica y negociada a la actual crisis». Uno no sabe cuáles son esos «buenos oficios» de los que habla el Gobierno, teniendo en cuenta su pertenencia a la OTAN y la interdependencia que mantiene, como la mayoría de los países europeos, con Estados Unidos. Malamente puede nuestro Gobierno hacer otra cosa que no sea plegarse a los intereses de sus monopolios y a sus alianzas geopolíticas, y es precisamente por eso por lo que no puede plantearse la más mínima queja ante una flagrante violación del Derecho Internacional. España es corresponsable del enero negro venezolano, y no se puede expresar de otro modo.
Y quien también es corresponsable, y hay que señalarlo igualmente, es el PSUV. El daño que este partido ha infligido no solo a los trabajadores de su propio país, sino a la clase obrera mundial debido a su influencia ideológica sobre muchos destacamentos obreros de todo el planeta en las últimas tres décadas, no cabe en este sencillo artículo. Baste señalar que, para Estados Unidos, el mismo PSUV que ilegalizó a varias organizaciones obreras, ha hostigado al Partido Comunista de Venezuela y cercenado sus derechos políticos –boicoteando su participación electoral y tratando de suplantar su legítima dirección– y perseguía hasta el 3 de enero a sindicalistas y trabajadores está ahora mismo cumpliendo el mismo papel que cumplía Juan Vicente Gómez en la cita del primer párrafo.
La clase obrera venezolana, como la del resto del mundo, tiene derecho a no permitir a nadie decidir por ella en sus asuntos internos. Hoy se le abre una nueva etapa que, en realidad, no deja de ser una continuación de la anterior: construir su futuro desembarazándose de quienes se lo impiden, tanto desde el extranjero como desde dentro de su propio país. Y en ese futuro que construir a los demás nos toca no solo construir el nuestro, sino también ayudarlos.