El ciclo progresista que marcó la política latinoamericana en las dos primeras décadas del siglo XXI, con experiencias como las de Venezuela, Bolivia, Ecuador, Brasil o Argentina, ha entrado en un proceso de claro reflujo. Su lugar ha sido ocupado, en varios países, por Gobiernos de corte conservador o abiertamente reaccionario, que en algunos casos exhiben rasgos de extrema derecha y neofascismo. Para comprender este giro, es necesario ir más allá de las explicaciones superficiales, que tanto agradan a cierta izquierda europea y a sus medios de comunicación afines, que atribuyen el cambio a simples errores discursivos de los líderes progresistas, a una supuesta «fatiga cultural» de los pueblos o al poder omnímodo de la manipulación mediática, sea esta la tradicional de los mass media o la más moderna de las redes sociales. Estas lecturas, idealistas y desconectadas de la realidad material, y también interesadas, impiden una comprensión certera del fenómeno y, por tanto, la elaboración de una estrategia adecuada para enfrentarlo. La clave del análisis debe ser material y se fundamenta en el agotamiento de un modelo económico y social que, aun con sus conquistas redistributivas, no logró superar los límites estructurales del capitalismo.
En el centro de la contradicción se encuentra el modelo extractivista, adoptado como base económica por la mayoría de los Gobiernos progresistas. La bonanza de los precios internacionales de las materias primas, como los hidrocarburos, los minerales o los productos agrícolas, permitió financiar políticas sociales inclusivas, reducir la pobreza y dinamizar el consumo interno, generando una amplia base de apoyo popular. Sin embargo, este modelo profundizó la dependencia histórica de la región, reforzando su papel como exportadora de bienes primarios y como espacio de acumulación para el capital internacional. Cuando el ciclo de altos precios llegó a su fin, las economías quedaron expuestas y vulnerables, sin que se hubiera construido una base productiva diversificada y autónoma. La crisis económica se tradujo en inflación, desempleo y ajustes, lo que ha erosionado rápidamente el consenso social alcanzado.
Este esquema no solo perpetuó la dependencia externa, sino que recompuso y fortaleció a las burguesías nacionales. Los sectores agrarios, mineros, financieros y comerciales, lejos de ser desarticulados, se vieron beneficiados por la demanda interna y la renta extractiva. Aprendieron a negociar con los Gobiernos progresistas, a cooptar espacios de poder y, llegado el momento, a liderar la ofensiva para recuperar el control directo del Estado. La «gestión progresista del capitalismo» demostró ser, en última instancia y como en tantas otras ocasiones anteriormente, una gestión a favor de la reproducción ampliada del capital, que en periodos de crisis exige la restauración de un mando político más ortodoxo y despiadado para recomponer las tasas de ganancia.
Paralelamente, se produjo un fenómeno de desmovilización y desorganización de la clase trabajadora y los sectores populares. Los Gobiernos progresistas, al canalizar las demandas a través de la acción estatal y los mecanismos clientelares, debilitaron las organizaciones de base, los movimientos sociales autónomos y la capacidad de lucha independiente. El sindicalismo fue muchas veces cooptado o burocratizado, convirtiéndose en un apéndice del aparato estatal. A todo ello debemos sumar la escasa lucha contra la corrupción que llegó a asentarse dentro de los círculos de poder. Por ello, cuando llegó la ofensiva reaccionaria con recortes, represión y retrocesos en derechos, las fuerzas populares se encontraron fragmentadas, desarticuladas y sin la capacidad de respuesta que habían demostrado en el período de ascenso anterior. La defensa de las conquistas se encomendó casi exclusivamente a la capacidad de maniobra de los líderes en el poder institucional, una estrategia que mostró sus límites de forma dramática.
El imperialismo, principalmente el estadounidense, nunca abandonó su injerencia en la región. Tras un período de relativa contención durante el auge progresista, aprovechó la coyuntura de crisis y debilidad para relanzar su ofensiva con renovado vigor. Esto incluye el uso de instrumentos jurídicos, mediáticos y económicos para desestabilizar Gobiernos hostiles, el apoyo abierto a fuerzas opositoras reaccionarias y el reforzamiento de alianzas militares y comerciales que aseguren su hegemonía, y recientemente una más descarnada intervención como la llevada a cabo en Venezuela con el secuestro del presidente Nicolás Maduro. El giro reaccionario en América Latina es, por tanto, también un realineamiento geopolítico favorable a los intereses estadounidense en su disputa con China, tras un periodo de intensificación de la presencia de esta en la región.
Pero el cierre del ciclo progresista no es un simple «giro a la derecha» en el tablero político. Es la expresión de los límites intrínsecos de un proyecto que intentó humanizar un capitalismo que es, por esencia, inhumano y salvaje. La tarea histórica sigue siendo la misma: no administrar el sistema, sino acumular fuerzas para derrotarlo. El desafío ahora es hacerlo en condiciones de mayor hostilidad, con una clase dominante reforzada y un imperialismo envalentonado, pero también con las lecciones, amargas pero necesarias, que surgen del proceso. El futuro de la región depende de la capacidad para aprender de estos errores y recomponer un horizonte de emancipación que vaya más allá de los parches y las concesiones. La lucha de clases continúa, y exige herramientas más afiladas y una claridad estratégica que el progresismo ni supo, ni quiso, ni puede proporcionar.
Para los comunistas y las fuerzas revolucionarias, las lecciones estratégicas se desvelan con mucha nitidez en este escenario tras años de niebla progresista. En primer lugar, es absolutamente necesario recomponer el movimiento popular desde la base, fortaleciendo organizaciones autónomas, de clase y con independencia política frente a cualquier Gobierno. La lucha no puede subordinarse a los ciclos electorales o a la lógica de la gestión estatal. En segundo lugar, hay que elaborar y promover un proyecto económico alternativo al extractivismo, que plantee la soberanía productiva, la diversificación industrial, la reforma agraria integral y la transición ecológica, rompiendo con la lógica de la dependencia y con la idea de que el capitalismo es el único sistema posible. En tercer lugar, es fundamental denunciar y combatir la ofensiva imperialista en todos sus frentes, entendiendo que la lucha nacional y la lucha de clase son indisociables en esta realidad. Pero si hay una enseñanza principal en todo esto es que ninguno de estos tres ejes será posible sin un partido revolucionario de la clase obrera, un Partido que debe asegurar la independencia política, ideológica y organizativa de la clase obrera orientándola y dirigiéndola hacia el triunfo de la revolución socialista-comunista.