Hace justo cuatro años, el en otros tiempos inmarcesible líder socialdemócrata, Íñigo Errejón, hacía unas declaraciones en las que mostraba la intención de su grupo parlamentario, Más País, de llevar al Congreso una proposición de ley para crear un «Amazon español», que venía a ser, en esencia, un Frankenstein público-privado donde la distribución corriese a cargo de la empresa estatal Correos. Entre las motivaciones que utilizaba no podía faltar la huera palabrería del canon propagandístico al que nos tienen acostumbrados: «Tenemos una posición de avanzar, creemos que la economía del siglo XXI tiene que ver con la formación, con el conocimiento, con la transición ecológica, con hacer la energía más barata y con trabajar menos y en mejores condiciones», decía. Además de un infantil chovinismo, la ocurrencia encierra una moraleja de mayor calado: la forma en que todos los políticos y gestores del Estado burgués tienen asumido hasta el tuétano, sin cuestionamientos, que una empresa pública se debe gestionar bajo las lógicas capitalistas, esto es, con el criterio único de la rentabilidad.
Pero, en el caso de Correos, estos lodos vienen de polvos antiguos. El BOE del 30 de diciembre de 2000 publicaba la Ley 14/2000, mediante la cual Correos se convertía, de la mano de la «liberalización de los servicios postales, iniciado por la Unión Europea en 1997», en una sociedad anónima estatal con el fin de dotar «al operador público postal de la estructura y del marco jurídico apropiado que le permita operar con la suficiente flexibilidad en un mercado en progresiva liberalización». En cristiano: cambiar la forma jurídica de una empresa pública con los más o menos disimulados objetivos, entre otros, de poder aplicar a sus –en ese momento– más de sesenta mil trabajadores, las condiciones laborales de cualquier empresa privada (flexibilidad, inseguridad laboral, contención retributiva…); desprenderse por decantación del personal funcionario (a partir de ese momento todos los sistemas de acceso fueron para la categoría de personal laboral); y abrir las puertas a una posible incorporación de capital privado a su accionariado por la vía de su anexión en el año 2012 a la SEPI (verdadero cementerio de elefantes de empresas públicas) y, con ello, su consiguiente adscripción y supervisión definitiva por parte del Ministerio de Hacienda. Antes de eso, ya se había liquidado la Caja Postal, diluyéndola en el entramado de Argentaria que acabó, como es sabido, fagocitada por el entonces BBV. La posterior creación de BanCorreos, marca blanca de Deutsche Bank, que utilizaba así toda la red de oficinas del operador público para comercializar sus productos y servicios sirviéndose para ello de los empleados de Correos, es otro botón de muestra de cómo lo público es utilizado sin ambages para asegurar la obtención de ganancias de las grandes corporaciones privadas.
Una vez puestos los mimbres, solo cabía empezar con el cesto. Lenta pero seguramente, comenzó el desguace de una de las mayores empresas públicas del país. A lo largo de los años el deterioro del servicio y de las condiciones laborales de la plantilla es paulatino y sustentado en varios factores. Por un lado, la externalización de todo lo susceptible de serlo, como rutas de transporte, talleres, limpieza y mantenimiento de instalaciones, etc., mucho de lo cual, hasta ese momento, era llevado a cabo por funcionarios y empleados de la compañía. Por otro, una política de ahorro y austeridad, a tono con la cancamusa de la época, que supuso el cierre de sucursales, la supresión de turnos y rutas pero, sobre todo, el adelgazamiento de la plantilla por la vía de la no contratación ni la cobertura de vacantes o jubilaciones, de tal modo que, en pocos años, se perdieron más de diez mil puestos de trabajo[i]. Por último, un afán casi enfermizo por hacerse con el mayor nicho posible en un ámbito que aún no había alcanzado las cifras de hoy en día pero que ya apuntaba como uno de los de mayor crecimiento y volumen de negocio: la venta online y la paquetería. En la consecución de este último objetivo se volcaron todos los esfuerzos de Correos durante casi una década, en el enésimo ejemplo de cuáles son las reglas y el terreno de juego que las relaciones capitalistas imponen a las empresas públicas. A tal efecto, se fortaleció la antigua filial de paquetería urgente, Chronoexprés, cambiándola de nombre pero continuando con la práctica de utilizar trabajadores autónomos en condiciones laborales mucho peores que sus homólogos de la compañía matriz, con criterios de destajo, jornadas maratonianas, retribuciones a la baja y disponibilidad a demanda; se adquirió nueva y costosa maquinaria de clasificación de envíos, así como vehículos y elementos de reparto adaptados al producto estrella; se ajustaron los procesos de trabajo para hacerlos más eficientes y acordes con la consecución del objetivo; y también, por supuesto, se priorizó la contratación eventual solo en los momentos de mayor demanda de paquetería. Tampoco faltó la veleidad imperialista con la adquisición de la mitad de las acciones de una paquetera portuguesa en el año 2008. Correos, la empresa pública, echaba el resto para ser competitiva.
Y en esas estábamos hasta que, como es sabido, en junio de 2018 se produce la moción de censura que lleva a Pedro Sánchez a la Moncloa y, con ello, el habitual cambio en la dirección de las empresas públicas cuyos sillones presidenciales han sido utilizados, con más frecuencia de la deseable, para pagar los favores políticos y personales que sean menester. A Correos le tocó la china al ser nombrado presidente Juan Manuel Serrano, un arribista profesional sin otro bagaje conocido que el de ser jefe de gabinete de Sánchez y su amigo personal.
Entonces llega marzo de 2020, los carteros y carteras son declarados trabajadores esenciales y hete aquí que, en un abracadabrante giro de los acontecimientos, los paqueteros se convierten de nuevo en un servicio público. Y a fe que lo fueron. Enviados a las desiertas calles sin apenas EPIs ni protocolos, con mucho miedo y poca información, miles de empleados de Correos desarrollaron, además de sus funciones, tareas asistenciales de toda índole, llevando medicinas, haciendo la compra a personas mayores y ayudando, en definitiva, en todo lo posible a sus confinados conciudadanos. Espeluzna saber, sin embargo, que en esos primeros días de estado de alarma hubo una intensa negociación entre empresa y sindicatos sobre cuáles eran las funciones que a los empleados de Correos les confería su carácter de servicio esencial, toda vez que la dirección abogaba por continuar repartiendo paquetería comercial arguyendo que, de no hacerlo, sus competidores le quitarían cuota de mercado.[ii] Poco importaban la salud y la seguridad de los trabajadores si eso alteraba los beneficios. Finalmente, se impuso la mínima cordura y esos cometidos se limitaron a la estricta prestación de lo establecido como Servicio Postal Universal, esto es, el servicio esencial al ciudadano. A día de hoy, aún no hay cifra oficial de los trabajadores de Correos contagiados por aquellas fechas, aunque fuentes sindicales la sitúan en torno a 1.000 solo el primer mes de pandemia.[iii] Sin embargo, lo peor para los trabajadores estaba aún por llegar.
Con las cuentas maltrechas por los meses de pandemia, pero sobre todo por la nefasta gestión de su presidente, cuyas ocurrencias consistían en comprar aviones, encargar planes e informes millonarios a las empresas de las Big Four y llenar los centros de trabajo de pantallas HD para verter propaganda corporativa, entre otras, todo con pólvora del Rey y a precio de oro, Correos ve crecer su deuda y saltan las alarmas. Claro, a nadie se le ocurre que un servicio público no tenga que ser rentable sino eficiente, y los partidos de la reacción aprovechan para rescatar los manoseados tópicos que sostienen que lo público es un agujero negro donde se entierran los dineros de los ciudadanos de bien, que lo privado funciona mejor y que el amiguito de Sánchez la ha liado parda a razón de doscientos mil euros al año de salario.
En medio de este despropósito de gestión, CCOO y UGT inician protestas y movilizaciones que desembocan en tres jornadas de huelga en junio de 2022, secundadas de forma masiva por los trabajadores y trabajadoras, que logran echar para atrás las propuestas de la empresa de modificar ciertos procesos de trabajo que, con la excusa de alcanzar una mayor eficiencia, enmascaraban una reducción masiva de los puestos estructurales en los centros de reparto, con ello la contratación y reposición de vacantes y, por ende, la reducción de facto de la plantilla.[iv]
Ese mismo verano desembarca (permítanme la chanza) en Correos el anterior director de Recursos Humanos de Navantia, que llega como troika de la SEPI.[v] Así, trino y uno, se pone a la faena de aplicar lo que las movilizaciones solo habían podido postergar. Se pretendía hacer pagar a los trabajadores la inoperancia de Serrano y sus adláteres; unos trabajadores exhaustos física y mentalmente por el periodo de pandemia y postpandemia, sobrecargados de trabajo y que veían así pagados su esfuerzo y profesionalidad. El nuevo presidente, Pedro Saura, proveniente de otra empresa pública, Paradores, se encuentra un auténtico erial en Correos, donde los empleados están en el punto de mira y donde, según los mentideros, hay una propuesta de ERE de la anterior dirección que afectaría a catorce mil de ellos.
Siempre utilizando el argumento de la eficiencia y de la rentabilidad y en lo que supone un chantaje auténtico, el Gobierno acuerda rescatar al operador público con una serie de medidas que supondrían una importante inyección de millones aumentando el periodo y la contraprestación del Servicio Postal Universal (Correos recibe una cantidad económica anual para compensar los servicios deficitarios que tiene que prestar a los ciudadanos, por ejemplo, la apertura de oficinas en lugares altamente despoblados), la adjudicación de servicios administrativos a cambio de un montante determinado y la promesa de no tocar un solo puesto de trabajo. A cambio: negociar el convenio, en ultraactividad desde 2011, con el fin de dotar a la empresa de «un nuevo marco laboral que debe convertirse en motor decisivo para la recuperación, transformación y reposicionamiento estratégico de la compañía». Una colección de eufemismos que no pretende otra cosa que quitarse de en medio cuantas más nóminas, mejor; de momento, mediante un plan de salidas y prejubilaciones voluntarias que prevé unas dos mil salidas.[vi] Pero el acuerdo marco que se negocia antes del convenio y que incluye una serie de líneas básicas que trasladar posteriormente al mismo recoge algunos puntos que han puesto en alerta a sindicatos y trabajadores: movilidad territorial y la creación de «un calendario estacional donde las horas por jornada será variable en función de la carga prevista en cada estación». Disponibilidad a demanda de la fuerza de trabajo auspiciada por el Estado.
Se vienen unos meses complicados y, con los plazos corriendo para la firma de los acuerdos, los puntos más peliagudos de la negociación aún no están encima de la mesa. Mientras tanto, los trabajadores y las trabajadoras de Correos ven cómo sus condiciones están cada vez más mermadas con la proliferación de contratos a media jornada y estacionales, cargas de trabajo irracionales, el estado de mantenimiento de las flotas y las herramientas de trabajo rozando el tercermundismo y un clima de desconfianza mutuo que está llevando a la judicialización de las relaciones laborales habida cuenta de que la empresa cuestiona e interpreta a discreción la letra del convenio, sobre todo en lo relativo a los permisos. Por el camino, desinformación y división sindical.
Al final no ha hecho falta que la idea de Más País se materializase en ninguna ley; Correos se está convirtiendo, por la propia inercia del ecosistema capitalista, en lo más parecido a la empresa de Bezos.
[i]https://www.eldiario.es/economia/plantilla-correos-moviliza-recortes-salariales_1_4499345.html
[iv]https://www.elmundo.es/economia/empresas/2022/06/01/62971cede4d4d8be1e8b4578.html
[v]https://www.vozpopuli.com/economia/transporte/montero-serrano-vigilar-correos.html
[vi]https://www.economiadigital.es/empresas/trabajadores-correos-prioridad-plan-salidas-voluntarias.html