Sueldos que no se actualizan desde 2008, convenios sin renovar desde 2010, aulas con una cantidad de alumnos que impiden la atención a la diversidad que pautan las leyes, cantidades de horas lectivas y marañas burocráticas que sepultan e impiden la labor de enseñar, infraestructuras deficientes… Las problemáticas en la educación pública se extienden por todo el territorio, aun estando las competencias en manos de las comunidades autónomas. Desde hace años, con dos graves crisis económicas de por medio –la del 2008 y la de 2020–, la educación pública y las condiciones laborales de sus trabajadoras y trabajadores sufren un notable deterioro. Pero el colectivo docente está diciendo basta a lo largo y ancho de la geografía española. Asturies, Cantabria, Madrid o País Vasco han visto a sus docentes poner las carencias de la escuela pública y el deterioro de sus condiciones laborales encima de la mesa y movilizarse con determinación. Ha prendido una mecha que en las comunidades asturiana y vasca ya se ha traducido en sendos acuerdos que incorporan mejoras considerables –aunque aún insuficientes–, que en Madrid y Cantabria idealmente puedan llevar a acuerdos similares en el próximo curso 25/26 y que en las demás comunidades debe servir de acicate.
En Asturias, el detonante fue la intención del Gobierno de coalición PSOE-Convocatoria por Asturias (Izquierda Unida, Más País e Izquierda Asturiana) de suprimir la reducción de jornada lectiva en Infantil y Primaria en los meses de junio y septiembre, haciendo que las y los docentes pasaran a cuidar al alumnado que se quedase al comedor. Ese detonante encendió la chispa de una movilización vertiginosa del profesorado, que en cuestión de días y semanas colocó encima de la mesa toda una serie de reivindicaciones de las distintas etapas educativas, protagonizó una manifestación masiva e histórica en Oviedo y, lo más importante, superó como un tsunami las diferencias entre los distintos sindicatos y logró fraguar una unidad sindical que terminó con una convocatoria unitaria de huelga indefinida que se prolongó varios días, hizo dimitir a la consejera de Educación y arrojó un acuerdo que, más allá de no contener el total de reivindicaciones planteadas durante las movilizaciones, demostró que es la fuerza de las y los trabajadores organizados y unidos la que amplía derechos y conquista mejoras para, en este caso, la educación pública.
En el País Vasco, nueve jornadas de huelga durante el curso no habían sido suficientes para que la Consejería se dignase a hacerle al profesorado una propuesta de actualización del convenio mínimamente digna. Cuando desde los sindicatos se tensó más la cuerda y se amenazó con otra huelga de cinco días seguidos, entonces ya sí llegó una propuesta más satisfactoria y se logró un acuerdo que incluía mejoras importantes para la escuela pública. Ese movimiento de escalar otro peldaño la movilización y tensar más la cuerda es quizá el que termine arrancando en Cantabria un acuerdo por la adecuación retributiva del profesorado que, si no ha llegado, ha sido por el empecinamiento de la Consejería en negar lo que es de justicia tras 17 años con el componente autonómico del salario congelado. Aunque aún no se haya logrado, la chispa ha prendido entre el colectivo docente, y la Consejería haría bien en no persistir en su negativa el próximo curso.
En Madrid, el apagón del 28 de abril eclipsó lo que ya de por sí era una jornada histórica: tras más de doce años se daba en la comunidad autónoma una nueva huelga general educativa, donde docentes de todas las etapas, incluida la Universidad, unían sus reivindicaciones atravesadas por un hilo conductor: la infrafinanciación de la enseñanza pública, el deterioro de las condiciones laborales de sus trabajadores y el claro trato de favor a la privada y concertada. No pudo darse en uno de los días más atípicos en nuestro país en bastante tiempo, pero la movilización terminó dándose el 22 de mayo, además de que todo el curso y el anterior habían estado jalonados por varias huelgas en las distintas etapas.
La mayoría de comunidades donde se están produciendo estas movilizaciones están gobernadas por el PP, así como por otro Gobierno conservador como es el del PNV en el País Vasco. No obstante, Asturias es un buen ejemplo de lo que debe ser una consigna fundamental para el movimiento obrero en nuestros días: su independencia. Desde 2019, la comunidad norteña tiene un Gobierno supuestamente progresista, con Adrián Barbón al frente, y seis años de Gobierno socialdemócrata no han servido para ver una apuesta clara por la escuela pública.
Sin embargo, si echamos la vista atrás, recordaremos que el duro golpe de la crisis económica mundial de 2008 fue gestionado en nuestro país en un primer momento por el Gobierno de Zapatero, así como por otros liderados por el PSOE a nivel autonómico. Y en el ámbito educativo esa gestión se tradujo en recortes, como, entre otros elementos, el recorte salarial del funcionariado que afectó a las y los docentes. Es cierto que, después, los ataques más frontales a la enseñanza pública, con la excusa de la «herencia» del Ejecutivo del PSOE, vinieron de la mano del PP, a nivel estatal y autonómico. Sin embargo, la llegada de la nueva socialdemocracia y su «nueva política» a unos cuantos Gobiernos autonómicos y, finalmente, al Gobierno central no sirvieron en absoluto para detener y revertir la tendencia: la escuela pública ha seguido infradotada, con sus trabajadores cada vez con el agua más al cuello, con notables pérdidas de poder adquisitivo, sobrecargas crecientes de tareas y burocracia que impiden su labor docente, mientras la privada no ha hecho más que crecer, con grandes empresas y fondos de inversión viendo en la educación un nicho, una vía apetitosa para compensar la pérdida de rentabilidad del capital en otras ramas.
Así, con una evidente lista de deficiencias que aquejan a la escuela pública en todo el país y la permisividad del Gobierno central y de los Gobiernos autonómicos ante el imparable avance de las empresas privadas en su seno, la pelota está en el tejado de la comunidad educativa, que en el curso 25/26 debe escalar en su proceso de fortalecimiento organizativo. Existen deficiencias comunes en muchos lugares, así que las luchas y victorias del curso que acaba de terminar han de servir como estímulo para las comunidades educativas de otros territorios que aún no han elevado la voz.
Y decimos «comunidad educativa» porque la educación pública no debe ser defendida únicamente por las y los docentes, porque las luchas que ha encabezado este curso el profesorado deben unir tanto al resto de trabajadores (personal administrativo, limpieza, transporte, comedores, monitores…) como a las familias. Porque la defensa de la escuela pública y la exigencia de acabar con la vergüenza de los conciertos educativos es una lucha que debe involucrar al conjunto de la clase obrera, como parte de la amplia lucha de nuestra clase por los servicios públicos frente al avance del capital, que hunde cada vez más sus tentáculos, con la aquiescencia de todos los gestores capitalistas sin excepción, que aseguran el trasvase de rentas del trabajo a los bolsillos de los empresarios. Que el 25/26 sea un curso de lucha, organización, unidad y victorias en la educación pública.