La ola de incendios que ha arrasado España en agosto ya ha convertido el 2025 en el año con la mayor cantidad de superficie quemada en 30 años. La catástrofe, además de dejar por ahora cuatro fallecidos, ha golpeado a miles de habitantes del medio rural, que se han visto desalojados de sus pueblos y en muchos casos han perdido sus casas, sus animales, sus cultivos, su medio de vida. Inmediatamente, al igual que ocurrió el pasado octubre con la dana, comenzaron los rifirrafes y acusaciones en redes sociales: mientras algunos lo perdían todo, los políticos burgueses se afanaban en la batalla por el relato, llegando a lamentables dosis de frivolidad, con Feijoo llamando «pirómana» a la Directora de Protección Civil y Óscar Puente afirmando que en Castilla y León –su propia tierra– estaba «calentita la cosa», por poner apenas dos ejemplos del lodo cotidiano. De nuevo, un espectáculo dantesco.
Sánchez ha llamado a todas las fuerzas políticas «a un gran pacto de Estado que deje la emergencia climática fuera de la lucha partidista, fuera de las cuestiones ideológicas, que nos centremos en la evidencia científica». Muchas contradicciones contenidas en una sola frase. ¿Un pacto de Estado para afrontar la emergencia climática? ¿Qué hará un pacto de Estado frente a las dinámicas de búsqueda de rentabilidad del suelo y concentración de la actividad productiva en grandes núcleos urbanos y abandono del medio rural, dinámicas inherentes al capitalismo? ¿Cómo va a quedar la emergencia climática fuera de la «lucha partidista», si estos, al ser expresión de distintos sectores de la burguesía, se enfrentan para decidir por dónde debe avanzar el capitalismo, e incluso uno considera que no existe el cambio climático? ¿Cómo vamos a dejar la emergencia climática fuera de «cuestiones ideológicas», si el calentamiento global, la depredación del medio ambiente y la incapacidad de todos los Gobiernos para ponerles coto son fruto directo del sistema capitalista? ¿Cómo vamos a «centrarnos en la evidencia científica» desligándola de la lucha político-ideológica, si las circunstancias en que se produce la ciencia y se emplean y aplican sus conclusiones están plenamente condicionadas por el capitalismo y su piedra angular, la rentabilidad del capital?
En plena ola de incendios, el Gobierno de coalición renovó el convenio de las BRIF (Brigadas de Refuerzo en Incendios Forestales), y en estas líneas nos preguntamos si hay que esperar a una catástrofe de estas dimensiones para tomar cartas en el asunto, y de paso desviar la atención culpando a otras administraciones que también desprecian a sus profesionales. En la Comunidad de Madrid, con el convenio de los bomberos forestales caducado desde 2008 y la enorme precariedad que ello implica, Ayuso pasó de ignorarlos a cuestionar y denostar su lucha para luego, tras la mencionada renovación del convenio estatal de las BRIF, sembrar confusión, queriendo simular que su Gobierno no tiene responsabilidad en la gestión de sus propios bomberos forestales solo por el hecho de que son trabajadores de la empresa estatal Tragsa, pero lo cierto es que es el propio Gobierno autonómico quien decide encomendar esa contratación a Tragsa. Los bomberos forestales, tras interrumpir diez días su huelga por compromiso para reforzar la lucha contra los incendios, la retomaron, esta vez ya indefinida, ante la falta de avances en las negociaciones.
Frente a la nueva partida de tenis de mesa entre gestores capitalistas, nuestra atención debe trascender sus escenificadas disputas y dirigirse a lo importante: el fracaso, para los intereses de la mayoría trabajadora, de un sistema que se basa en la rentabilidad y, por tanto, tiene constantemente en el punto de mira los servicios públicos. En la Comunidad de Madrid, los bomberos forestales cobran 1.300 euros, llevan con el salario congelado 15 años, no cobran pluses por peligrosidad, penosidad y toxicidad y casi la mitad trabajan solo cuatro meses al año. En Castilla y León existen hasta 16 empresas distintas que emplean a los bomberos forestales de la comunidad. Por su parte, los bomberos de las BRIF, pertenecientes a Tragsa, se rigen por un convenio estatal, diferente a los de las comunidades autónomas. La retahíla de convenios y casuísticas podría continuar. Poniendo el foco también en el sistema territorial basado en las autonomías (el que favorece disputas como las que llevamos viendo desde julio de 2023 entre Gobiernos autonómicos del PP y el Gobierno central), ¿nos resulta admisible que, como afirmó la directora general de Protección Civil, ante emergencias como esta el Gobierno central de un país no tenga un mapa del total de medios con los que cuenta el conjunto de entidades locales, comunidades autónomas y el propio Gobierno central, porque priman las competencias de cada cual? ¿Que en el incendio de Jarilla (Cáceres), a 15 minutos de Béjar (Salamanca), se impidiese trabajar a los bomberos de ese parque y en cambio lo hicieran efectivos de Alemania, Murcia y Alicante? El mantra que algunos repiten machaconamente sobre la eficiencia del capitalismo y su mejor gestión posible, desmontado como un castillo de naipes. ¿La razón? La búsqueda permanente del beneficio a costa de las condiciones laborales de las y los trabajadores y de las vidas de la mayoría de la población, incluso en sectores esenciales como el encargado de la prevención y extinción de incendios, y una clase capitalista con disputas internas pero monolítica cuando se trata de garantizar sus intereses como clase frente a la clase obrera. En el fondo, la contradicción entre el capital y el trabajo.
También, de nuevo como en Valencia con la dana, el Estado en su conjunto se vio impotente y constatamos otra vez que solo el pueblo salva al pueblo. Ante el avance de las llamas y la falta de efectivos, hubo localidades donde los vecinos desobedecieron la orden de desalojo y, con sus propios medios, contribuyeron a frenar el fuego. Desde el Gobierno y diversos organismos han alertado del peligro de que personas no profesionales, sin los equipos de protección ni la formación adecuadas, se enfrenten al fuego. Es fácil decirlo cuando no es toda tu vida la que está a punto de ser pasto de las llamas. Afirmar que solo el pueblo salva al pueblo no es un llamado a la gente de a pie a hacer de héroes sin protección y corriendo graves peligros, sino que ha de ser una constatación de que no podemos confiar en el Estado capitalista, que con sus criterios de rentabilidad económica demuestra una y otra vez no tener como prioridad máxima la protección de las personas y del medio natural, en este caso no teniendo los efectivos necesarios para abordar una catástrofe que se cebaba simultáneamente con distintos puntos de la geografía española.
Ante la evidencia de que existe un cambio climático cada vez más acelerado, que nos lleva a fenómenos naturales extremos cada vez más frecuentes y virulentos; ante la caducidad de un capitalismo que arrasa con el medio natural y persigue sin cesar el lucro frente a la satisfacción de las necesidades sociales; ante las disputas partidistas entre los representantes políticos de la burguesía, no hay pacto de Estado que valga. En el capitalismo no va a haber margen más que para medidas cosméticas, si acaso, que no irán a la raíz del problema: la contradicción entre un planeta finito y un sistema que fomenta el crecimiento económico sin límites, despreciando el medio natural en el que vivimos; la contradicción entre una sociedad con el desarrollo científico-técnico suficiente para emplear los recursos naturales de forma planificada y sostenible con base en las necesidades sociales de la mayoría de la población y la búsqueda permanente del lucro por parte de una minoría. Día a día se demuestra la necesidad de que este sistema sea sustituido por otro. La tarea es ardua y urgente, pero es la única salida posible.