Los recientes fallos en el sistema de control telemático de agresores –las llamadas pulseras de seguimiento– han vuelto a destapar el verdadero rostro de las instituciones del Estado burgués. Lo que se presenta como un simple error técnico, un «fallo en la migración de datos», es en realidad una expresión más de la incapacidad estructural de las instituciones capitalistas para garantizar la vida y la seguridad de las mujeres de la clase trabajadora.
Durante el cambio en la adjudicación del servicio, que pasó de Telefónica (subcontratando con Securitas Direct) a la UTE (unión temporal de empresas) entre Vodafone y Securitas, se produjo un fallo en el volcado de datos. Varias mujeres en situación de riesgo quedaron desprotegidas, mientras los responsables políticos intentaban minimizar el asunto. No se trata de una casualidad, ni de un accidente técnico: es la consecuencia directa de convertir un derecho y una necesidad vital en un negocio sujeto a las leyes del mercado.
La gestión de las pulseras telemáticas no debería recaer en empresas privadas movidas por el lucro. Sin embargo, en la dinámica de desmantelar lo público y de servir a los intereses capitalistas, se ha convertido la protección de las víctimas en un contrato más dentro del mercado de la seguridad.
El fallo informático que dejó a varias mujeres sin protección es, en realidad, una metáfora del propio sistema capitalista: un mecanismo que falla cuando se trata de garantizar la vida, pero que funciona perfectamente para asegurar el beneficio privado. Las empresas que gestionan estas tecnologías lo hacen con el mismo criterio de siempre: maximizando la rentabilidad, reduciendo costes, buscando subcontratas más baratas. Y el Estado lo permite, porque su función real no es proteger al pueblo trabajador, sino proteger la continuidad de la acumulación del capital.
El capitalismo ha perpetuado la división sexual del trabajo que históricamente ha situado a la mujer en una posición subordinada. El trabajo doméstico no remunerado, la precariedad laboral, los salarios más bajos y la doble jornada son las bases materiales sobre las que se asienta la opresión.
Por lo tanto, la violencia machista no es un fenómeno ajeno al sistema, sino una manifestación de la posición social y económica inferior de la mujer bajo el capitalismo. Las instituciones burguesas tratan de abordar este problema con campañas publicitarias, protocolos, planes estratégicos o dispositivos tecnológicos, pero nunca cuestionan las raíces materiales que sostienen la desigualdad. Supuestamente quieren acabar con la violencia, pero sin tocar la base que la genera.
Cada vez que un servicio público se externaliza, el capital encuentra un nuevo nicho de rentabilidad. En este sentido, la lucha contra la violencia machista se ha convertido también en un campo de acumulación. Las grandes empresas de telecomunicaciones y seguridad compiten por los contratos del ministerio del Interior no por compromiso con las víctimas, sino por los millones de euros que supone la gestión del sistema.
El hecho de que la protección de las víctimas dependa del cambio de una contrata o de un error en el volcado de datos demuestra hasta qué punto la privatización es incompatible con los derechos más básicos. No se puede hablar de compromiso con las mujeres mientras la defensa de su vida se delega en corporaciones cuyo único interés es aumentar sus beneficios.
Cada 25 de noviembre, los representantes del Estado burgués se llenan la boca con discursos sobre igualdad y tolerancia cero. Sin embargo, detrás de esos gestos simbólicos se esconde una política estructural de abandono. No hay recursos suficientes para la prevención, no se garantiza la independencia económica de las víctimas, no se invierte en educación ni en vivienda pública. En lugar de atacar las causas materiales de la violencia, se opta por medidas superficiales que maquillen la realidad sin transformarla.
Los mismos Gobiernos que recortan en servicios públicos, que precarizan el trabajo, que suben los alquileres y congelan los salarios son los que después dicen preocuparse por la seguridad de las mujeres. Pero una mujer precarizada, que depende económicamente de su agresor o que no puede pagar un piso, no es libre ni está protegida, aunque lleve una pulsera telemática o haya firmado un protocolo con la policía.
La violencia de género no puede abordarse como un fenómeno aislado: forma parte de un sistema que violenta diariamente a la clase trabajadora en su conjunto. La opresión hacia las mujeres y la explotación capitalista son dos caras de la misma moneda.
Los fallos en las pulseras telemáticas no son un accidente técnico: son la radiografía de un sistema en descomposición moral y política, que antepone el beneficio de las grandes empresas a la vida y la seguridad de las mujeres trabajadoras. Son la expresión práctica de la impotencia de las instituciones burguesas, que gestionan la violencia de género como gestionan cualquier otro servicio: externalizándolo, recortándolo y subordinándolo al interés privado.
Mientras la seguridad de las mujeres dependa de contratos con multinacionales, presupuestos insuficientes y Gobiernos sometidos a la lógica del capital, la violencia persistirá. Ninguna reforma dentro de este sistema podrá garantizar una vida libre de violencia, porque la violencia es inherente al propio capitalismo.
Por eso no basta solo con exigir mejoras técnicas o más presupuesto. La raíz del problema no se resolverá mientras la protección de las mujeres dependa de empresas privadas y de un Estado que actúa como gestor del capital. La única garantía real de seguridad y dignidad para las mujeres pasa por romper con el sistema capitalista y construir una sociedad socialista, donde la vida esté por encima del beneficio.
Frente a la dejadez y la hipocresía de las instituciones burguesas, la clase trabajadora debe organizarse como sujeto político consciente. Las mujeres obreras, unidas a sus compañeros de clase, deben ocupar la primera línea de esta lucha, no desde la victimización, sino desde la convicción de que su emancipación está ligada indisolublemente a la emancipación de toda la clase explotada.
La emancipación de la mujer no será fruto de un decreto, de un ministerio ni de un protocolo, sino de la acción revolucionaria de ellas mismas. No vendrá de una «perspectiva de género» desprovista de contenido de clase, sino del poder político del proletariado, que es el único capaz de transformar radicalmente las condiciones materiales existentes.
Solo con la superación revolucionaria del capitalismo y la construcción de una sociedad socialista, basada en la igualdad material y la solidaridad de clase, podremos hablar de una verdadera protección y de una auténtica libertad. En el socialismo, la vida no será una mercancía, y la seguridad de las mujeres no dependerá del margen de beneficio de una empresa, sino de la voluntad colectiva de un pueblo en el poder. Un sistema así garantizará independencia económica, vivienda, educación y trabajo digno, eliminando las condiciones materiales que hoy perpetúan la subordinación de la mujer.
Porque mientras haya lucro, no habrá seguridad; mientras haya explotación, no habrá igualdad; mientras haya capitalismo, no habrá libertad. La tarea de nuestra clase es clara: acabar con el sistema que genera la violencia y levantar uno nuevo que garantice la vida digna de las trabajadoras y los trabajadores; solo así estaremos dando pasos decididos hacia eliminar todo tipo de violencias sobre la mujer.