Cincuenta años han pasado desde que España, con un dictador moribundo y un príncipe ansioso por estrenar corona, rubricó una de las páginas más vergonzosas de su historia contemporánea: la entrega del Sáhara Occidental. Medio siglo después de los Acuerdos Tripartitos de Madrid, el eco de la traición resuena entre las dunas, mientras el pueblo saharaui sigue esperando el cumplimiento de una promesa que España enterró bajo la arena.
El 15 de octubre de 1975, La Vanguardia informaba con solemne neutralidad: «Hassan II anuncia la Marcha Verde». En su artículo, el monarca marroquí llamaba a cientos de miles de fieles a avanzar pacíficamente sobre el Sáhara español. «Una marcha de oración», decían. En realidad, una operación militar cuidadosamente planificada para apropiarse de un territorio que no le pertenecía.
Mientras el general Franco se apagaba en su cama, el Estado español se desmoronaba entre despachos. En ese vacío de poder emergía la figura de Juan Carlos de Borbón, designado sucesor del dictador. Fue él quien, en nombre del orden y la estabilidad, se preparó para liquidar el último vestigio del Imperio español: una tierra rica en fosfatos y en dignidad, habitada por un pueblo que reclamaba independencia y reconocimiento.
El 2 de noviembre de 1975, La Vanguardia abría portada con una imagen heroica: «El Príncipe de España, junto a nuestras fuerzas en el Sáhara». Allí, ante los soldados que custodiaban un territorio condenado al abandono, Juan Carlos pronunció una frase que hoy solo puede leerse como ironía histórica: «España cumplirá sus compromisos y se hará cuanto sea necesario para que nuestro Ejército conserve intacto su prestigio y su honor». Prometió firmeza, pero llevaba en el bolsillo la rendición. Aquel discurso no fue una arenga patriótica, sino el prólogo de la huida. Las tropas escucharon palabras de lealtad mientras en Madrid se redactaban los documentos que las retirarían en silencio.
Cuatro días después, el 6 de noviembre, arrancaba la llamada Marcha Verde. Más de 300.000 civiles marroquíes, organizados y dirigidos por el ejército de Hassan II, cruzaban hacia el Sáhara español. España, obediente a las nuevas órdenes, no disparó ni un tiro. Las líneas defensivas fueron abandonadas y la bandera roja y amarilla empezó a descender de los mástiles saharauis.
En 2017, la desclasificación de documentos de la CIA reveló lo que ya sospechaban los propios soldados que se retiraban sin comprender por qué. En un informe fechado precisamente el 6 de noviembre de 1975, el entonces príncipe Juan Carlos informó al embajador estadounidense en Madrid, Wells Stabler, de que «Madrid y Rabat han acordado que los manifestantes solo entrarán unas pocas millas en el Sáhara español y que permanecerán un corto periodo de tiempo en la frontera, donde ya no hay tropas españolas».
La invasión, por tanto, estaba pactada. La «defensa del honor del ejército español» no era más que una representación para la prensa. Mientras las portadas mostraban a un heredero vestido de caqui arengando a sus hombres, en los despachos ya se había decidido que el Sáhara sería abandonado. El príncipe, recién estrenado como jefe de Estado en funciones, había comenzado su carrera política con un acto de deslealtad histórica hacia un pueblo que confiaba en la palabra de España.
El 14 de noviembre, apenas ocho días después del inicio de la Marcha Verde, La Vanguardia anunciaba con eufemismo diplomático: «Acuerdo de Madrid sobre el Sáhara». España, Marruecos y Mauritania firmaban un pacto por el cual nuestro país entregaba la administración del territorio, sin consultar ni al pueblo saharaui ni a las Naciones Unidas. No fue un tratado legal –la ONU nunca lo reconoció–, sino una transacción. El texto oficial hablaba de «compromisos de cooperación» y de «garantías para la población autóctona», pero todos sabían que significaba una cosa: abandono.
El pueblo saharaui, que ya había fundado el Frente Polisario y proclamado su voluntad de independencia, fue condenado al exilio. Miles de familias cruzaron el desierto hasta Tinduf, donde medio siglo después siguen sobreviviendo entre tiendas de campaña y promesas rotas.
Seis días después de firmar la entrega del Sáhara, el 20 de noviembre, moría Franco. Juan Carlos ascendía al trono envuelto en el aura de «hombre de Estado» que había sabido «resolver una crisis con inteligencia». La prensa, aquella misma que había retratado la Marcha Verde como un desfile de fe, lo presentó como el garante de la estabilidad. Pero lo que había hecho no fue garantizar la paz, sino asegurar su propio trono a costa del derecho de autodeterminación del pueblo saharaui.
El nuevo rey inauguraba así su reinado sobre la base de una mentira fundacional. Ni la transición política ni los años posteriores corrigieron aquel crimen diplomático. Los sucesivos Gobiernos españoles –de UCD, del PSOE y del PP– mantuvieron el silencio. Todos heredaron la vergüenza y la callaron bajo la excusa de la realpolitik. Mientras tanto, Marruecos ocupaba el territorio con fuego y fosfatos, y el Frente Polisario resistía entre el exilio y la guerra.
A diferencia del Estado, el pueblo español no traicionó al Sáhara. Mientras los despachos de Madrid guardaban silencio, cientos de comités de solidaridad, asociaciones vecinales y organizaciones obreras mantuvieron viva la causa saharaui. Desde finales de los años setenta, el Partido Comunista impulsó junto al movimiento solidario el programa «Vacaciones en Paz», que permitió a miles de niños saharauis pasar los veranos en hogares españoles, lejos del calor abrasador de los campamentos y del olvido internacional. Aquella iniciativa no solo ofrecía descanso a los pequeños: era una lección política. Cada familia que acogía a un niño saharaui recordaba, sin discursos ni solemnidades, que España tenía una deuda pendiente con ese pueblo. Mientras los Gobiernos cambiaban de signo y los reyes de destino, la solidaridad popular siguió siendo la única política exterior honesta de este país respecto al Sáhara.
Cincuenta años después de los Acuerdos de Madrid, España tiene una deuda que no puede seguir escondiendo bajo la alfombra de la diplomacia. Esa deuda se llama Sáhara Occidental, y su pago solo puede expresarse con una palabra: autodeterminación.
El pueblo saharaui no necesita más condolencias ni discursos vacíos, sino un referéndum libre y justo que le permita decidir su destino. España, antigua potencia administradora, tiene la obligación moral, política y jurídica de exigirlo y de reconocer la República Árabe Saharaui Democrática como lo que es: un Estado legítimo en el exilio, nacido del derecho internacional y de la resistencia. Porque ningún proceso de descolonización puede cerrarse con un acuerdo firmado en secreto y sin el consentimiento del pueblo colonizado.
Medio siglo después, la política exterior española parece haber cerrado el círculo de la renuncia. En 2022, el Gobierno encabezado por Pedro Sánchez, con el apoyo tácito de Unidas Podemos en el seno de la coalición, decidió respaldar el plan marroquí de autonomía para el Sáhara Occidental, alejándose del consenso internacional que sigue reconociendo el derecho del pueblo saharaui a la autodeterminación. Aquella decisión, presentada como un gesto de «realismo diplomático» parece una reedición de los Acuerdos de Madrid: un nuevo abandono, esta vez en nombre de la estabilidad y las relaciones estratégicas. Medio siglo después, el pueblo saharaui sigue esperando justicia, y España sigue aplazando su responsabilidad histórica.