El pasado 20 de noviembre, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) hacía público un comunicado en el que anunciaba el fallo dictado por la Sala Segunda del Tribunal Supremo, en la causa especial 20557/2024, condenando al fiscal general del Estado a dos años de inhabilitación para el cargo por un delito de revelación de datos reservados (art. 417.1 del Código Penal), imponiéndole una multa de 7.200 euros y el pago de una indemnización de 10.000 euros por daños morales al empresario y pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Alberto González Amador. Además, el CGPJ anuncia que la sentencia está pendiente de redacción y que contará con el voto particular de dos magistradas, lo que motiva a su vez un cambio de ponente.
El caso, que ocupa las principales portadas y al que se otorga la máxima prioridad en programas de radio y televisión, está sacudiendo las más altas instancias del Estado. La torpeza del propio CGPJ, anunciando con una rapidez inusitada el fallo de una sentencia aún no redactada, está contribuyendo decisivamente a ello, azuzando la polémica antes de dar a conocer la valoración probatoria y los fundamentos jurídicos de la condena. Tiempo habrá de analizar la sentencia y los votos particulares. Por ahora, lo relevante es el análisis de lo que este proceso representa, pues nadie duda que el mantra de la separación de poderes y de la independencia del Poder Judicial está quedando en entredicho ante millones de españoles.
Las democracias liberales, como la española, se sostienen sobre una serie de postulados ideológicos que se presentan ante la sociedad como principios incuestionables. Los medios de reproducción ideológica, entre los que se encuentran los medios de comunicación y, por supuesto, el sistema de enseñanza en todos sus niveles, presentan la democracia liberal como la mejor forma de organización estatal, cuando no la única. Ese «producto acabado», basado en la separación de poderes, formulada en sus orígenes en la teoría del Estado de Montesquieu, se impone ante cualquier otra propuesta de organización estatal en el plano interno de los países y, en el plano internacional, ha servido como pretexto para justificar multitud de intervenciones militares imperialistas dirigidas, supuestamente, a «exportar la democracia» a terceros países.
El primer cuarto del siglo XXI, lejos de lo pronosticado por los ideólogos capitalistas de una u otra tendencia, ha traído consigo una rápida sucesión de crisis económicas de creciente intensidad que, como no podía ser de otro modo, han sacudido la superestructura estatal de las democracias liberales. En este escenario de crisis, ante la ausencia de una alternativa revolucionaria con fuerza suficiente para imponer una agenda política superadora del capitalismo, los debates se han visto limitados a contraponer los planes de reforma que interesaban en cada momento a los diferentes sectores de la burguesía, representados políticamente por los partidos parlamentarios mayoritarios y sus alianzas y, mediáticamente, por los monopolios de la comunicación, que alinean su discurso con una u otra facción de una clase dominante de la que forman parte.
A pesar de los datos macroeconómicos que exhibe el Gobierno socialdemócrata en España, lo cierto es que el capitalismo mundial sigue sometido al fuego de las crisis cíclicas y se ha entrado en una nueva fase de desaceleración del crecimiento de las economías de la zona euro y de los Estados Unidos. Todo ello, en un marco internacional en el que se intensifican las contradicciones y se desarrollan guerras regionales que amenazan con generalizarse y dar así comienzo a una nueva guerra imperialista a escala planetaria.
En este escenario, la teoría burguesa del Estado de la tripartición de poderes se disuelve como un azucarillo en el café. Un claro ejemplo de ello es el caso del fiscal general del Estado, que tiene la virtud de representar ante la opinión pública la forma en que se resuelven los ajustes de cuentas entre las facciones burguesas en la cúspide estatal. Las dos facciones enfrentadas se acusan mutuamente de «politizar la justicia» o de «judicializar la política». Pero, en realidad, lo que confirman es que el poder estatal es único e indivisible y que los contrapesos formales plasmados en el ordenamiento jurídico tienen como única finalidad que la disputa entre sectores de la burguesía no ponga en riesgo el poder estatal de la burguesía en su conjunto.
Los Gobiernos socialdemócratas inaugurados en 2018, con el PSOE como fuerza principal y la estrecha colaboración de la mutante nueva socialdemocracia, han cumplido fielmente su papel, reconduciendo el creciente malestar que las crisis capitalistas habían generado en las mayorías obreras de nuestro país y soldando las fracturas con la burguesía catalana. Por tanto, y con independencia de los ritmos electorales y de los cauces parlamentarios, los mismos sectores que en su día dejaron caer al Gobierno de M. Rajoy o que decapitaron sin piedad a Pablo Casado han decidido abrir un nuevo ciclo: «el que pueda hacer, que haga». Y, en esa partida de ajedrez, en la que se emplean métodos de guerra regular e irregular, la cabeza del fiscal general del Estado es una pieza mayor.
En plena celebración de los cincuenta años de la muerte del dictador Franco y del inicio de la Transición, la clase obrera es nuevamente víctima de las disputas palaciegas en la cúspide de un Estado nunca suyo y siempre empleado contra ella, en las que el único papel que le permiten jugar es el de vasallos de uno u otro candidato a la sucesión en el trono.
La jugada, aunque manida históricamente, es políticamente perfecta. De un lado, las fuerzas reaccionarias del revisionismo histórico, reivindicando los tiempos de la mano dura y falseando en la conciencia de la juventud obrera el recuerdo de un tiempo pasado que no fue mejor. Del otro lado, los defensores de la democracia, llamando a frentes antifascistas imaginarios, apelando a una historia de lucha que traicionaron, defendiendo el orden capitalista, desde la comodidad de un Gobierno de la OTAN y la UE, y el viejo asunto del mal menor.
Con verdura o con chorizo, son lentejas. Y lo serán hasta que seamos capaces de hacer crecer en las mayorías obreras y populares el apetito por un menú alternativo, diseñado única y exclusivamente en función de sus intereses, tomando conciencia de que, mientras la cocina estatal no esté en nuestras manos, el menú será decidido por otros, por mucho que trabajemos en los fogones.