El auge de la reacción no es un fenómeno inesperado ni una anomalía histórica. Es realmente la expresión lógica de una fase concreta del desarrollo capitalista en crisis; mientras se concentra la riqueza en cada vez menos manos, la descomposición social avanza. En nuestro país, el crecimiento electoral de Vox –ya rozando la barrera psicológica del 20 %– no puede entenderse como un simple «desliz ideológico» del electorado ni como un fallo comunicativo de la izquierda institucional. Es producto de una situación determinada: capitalismo monopolista en crisis, intereses materiales concretos, renuncia explícita de quienes dicen combatir el auge de la reacción a disputar el terreno donde realmente se libra la batalla y, sobre todo, debilidad del movimiento obrero organizado.
Los síntomas los conocemos todos: en momentos de conmoción social, la denominada antipolítica encuentra un terreno fértil; el accidente de Adamuz, instrumentalizado por la extrema derecha en redes sociales, mostró hasta qué punto el dolor colectivo puede convertirse en combustible reaccionario. Todo ello, en un contexto en el que la presencia de la extrema derecha en redes sociales es cada vez más amplia. Desde Twitter, cuyo algoritmo –más aún, tras la compra por parte de Elon Musk– amplifica la agenda de la extrema derecha, hasta los grupos de Telegram donde Luis «Alvise» Pérez radicaliza a sus seguidores. Pero la ofensiva reaccionaria sale de las redes: giras por universidades de agitadores profesionales, normalización del pensamiento retrógrado en aulas y espacios educativos, pogromos racistas como los vividos el pasado verano… A ello ayuda también un contexto internacional favorable, véase como ejemplo la declaración de Antifa como organización terrorista desde el Gobierno de Estados Unidos, mientras proliferan formas de escuadrismo moderno –desde grupúsculos neonazis hasta «empresas desokupa»– que operan como brazo auxiliar de la reacción y de los que ya hemos hablado en otras ocasiones en Nuevo Rumbo.
Ante este panorama, la socialdemocracia no solo se muestra incapaz de frenar la ofensiva, sino que abdica de manera consciente de la disputa cultural. Así, desde el PSOE a Podemos, pasando por periodistas y opinólogos de todo pelaje, formulan una respuesta tan ineficaz como falsa: un «compromiso antifascista» entendido como una gran alianza moral y transversal. Esto lo plantea Antonio Maestre en un reciente artículo, donde propone un frente que abarcaría desde Pablo Iglesias –con quien el autor mantiene una enemistad personal– hasta Pedro Sánchez, presentado como un imperativo categórico moral ante la amenaza reaccionaria. Esta concepción no es exclusiva del contexto español; en Francia, Salomé Saqué nos muestra una idea similar: el antifascismo como «consenso colectivo» en defensa de la democracia, un espacio donde incluso la derecha liberal tendría cabida frente al supuesto enemigo común.
El problema de esta propuesta no es su apelación a la unidad en abstracto, sino lo que oculta, sea de manera deliberada o no. Al definir el antifascismo como una defensa de la democracia en general, se separa la cultura de las relaciones materiales que la producen, y se disuelve la lucha política en un «sentido común democrático» deshistorizado. El fascismo aparece así como una desviación moral, una patología externa al sistema, y no como una de sus posibles salidas. La cultura se concibe como un terreno neutral, desligado de las condiciones de vida, del trabajo, de la explotación cotidiana. En esa operación, el liberalismo político queda blindado como horizonte insuperable, cuando precisamente demuestra ser funcional a la reproducción de las mismas condiciones que alimentan la reacción.
La historia muestra que el auge reaccionario –y el fascismo en particular– no surge por generación espontánea. Se desarrolla de forma orgánica en contextos de capitalismo monopolista, cuando la producción es cada vez más social y la apropiación cada vez más concentrada. En esas condiciones, la burguesía necesita mecanismos extraordinarios para contener las contradicciones del sistema y asegurar el control de los espacios de valorización del capital. La violencia, directa o indirecta, deja de ser una excepción para convertirse en una herramienta habitual.
Existen, además, sectores concretos de la burguesía –tanto del gran capital como de la pequeña burguesía arruinada– que encuentran en el chovinismo, el proteccionismo selectivo y el discurso contra los «males de la globalización» una vía para recomponer su posición. En un contexto de depauperización de las condiciones de vida, inflación persistente, guerras imperialistas y destrucción acelerada de la naturaleza, amplias capas de la población experimentan una sensación de inestabilidad permanente. La socialdemocracia en el Gobierno, atada a los límites estructurales del sistema, se muestra incapaz de revertir estas dinámicas. No solo no resuelve los problemas de fondo, sino que termina creando –incluso aunque no lo pretenda– la condición de posibilidad para el auge reaccionario.
La reacción ofrece entonces una salida «fácil», perfectamente intrincada en las formas de pensar y sentir que reproducen las relaciones capitalistas de producción. Promete mejorar la venta de la fuerza de trabajo eliminando a quienes supuestamente la «devalúan»: migrantes, mujeres que reclaman derechos, personas LGTB, o cualquier colectivo convertido en chivo expiatorio.
Frente a esto, reducir el antifascismo a una posición moral que defienda las formas institucionales del liberalismo político resulta contraproducente. Esa estrategia refuerza a quienes gestionan el sistema sin transformarlo y desplaza el conflicto hacia el terreno cómodo del parlamentarismo y la retórica. El antifascismo, si quiere ser algo más que un eslogan electoral profundamente funcional a un PSOE en horas bajas, debe plantearse como una tarea de organización real de la clase trabajadora y del pueblo.
El antifascismo tampoco puede degradarse hasta convertirse en una tribu urbana, reconocible por una estética cerrada, unas marcas identitarias y un conjunto de actividades ritualizadas orientadas al autoconsumo. Cuando la práctica antifascista se reduce a códigos simbólicos (conciertos, camisetas, consignas repetidas…), deja de ser una herramienta política para transformarse en un estilo de vida. En ese marco, la confrontación con la reacción se vuelve performativa, previsible e inocua: se habla para quienes ya están dentro, se refuerza la identidad del grupo y se abandona cualquier voluntad real de intervenir en la vida material de la mayoría social. Esta deriva no solo limita la capacidad de expansión del antifascismo, sino que lo hace funcional al orden existente, al convertirlo en un nicho cultural más, perfectamente compatible con el mercado y con la fragmentación social que alimenta al propio fenómeno reaccionario.
En política no existen espacios vacíos. Allí donde retrocede una perspectiva transformadora, avanza la reacción. Aumentar la influencia comunista –entendida no como una etiqueta, sino como una práctica organizada y consciente– implica necesariamente reducir el terreno de la extrema derecha. No se trata de «convencer» a votantes de Vox en abstracto, sino de disputar materialmente los espacios donde se forman las ideas: los centros de trabajo, los barrios, los centros de estudio, los lugares de socialización cotidiana de la clase.
La organización en esos ámbitos es clave. Allí donde la clase está organizada, los agitadores reaccionarios lo tienen más difícil. No porque desaparezcan automáticamente las ideas retrógradas, sino porque una hegemonía revolucionaria establece límites claros a lo que es aceptable a la vez que genera nuevas esperanzas sobre lo posible. Donde existe una cultura política fuerte, solidaria y combativa, la ventana de Overton se desplaza: lo reaccionario deja de ser «normal», incluso cuando persiste de forma latente. Un trabajador puede asumir posiciones conservadoras, pero si el espacio colectivo está hegemonizado por una práctica de clase, le costará explicitarlas sin enfrentar rechazo.
La cultura no es un suplemento decorativo de la política, ni un debate de opinadores en columnas de opinión. Es una trinchera central de la lucha de clases. Renunciar a ella en nombre de un consenso democrático abstracto es, en última instancia, claudicar. Y esa claudicación, lejos de frenar a la reacción, le allana el camino.