En las últimas semanas, el anuncio de un proceso de regularización que dicen que va a afectar a medio millón de personas en España ha vuelto a encender los debates habituales. Por un lado, escuchamos el discurso de los sectores más reaccionarios agitando el fantasma de la «invasión»; por otro, Gobierno y socios varios sacan pecho por la medida como si fuera un triunfo del humanismo y la moralidad. Pero conviene ir un poco más a fondo y ver qué hay detrás de lo que dicen unos y otros y cómo debemos
Lo primero que debemos desmitificar es la idea de que el Gobierno actúa por bondad o por humanismo. Las cosas no van así en la política y en la economía. Este proceso de regularización, el séptimo desde 1986, responde principalmente a las necesidades coyunturales de la burguesía. Sectores estratégicos como la agricultura, la construcción o la hostelería sufren una notable carencia de mano de obra que amenaza los beneficios empresariales. No es una cuestión de integración, es una necesidad de fuerza de trabajo que, además, sea flexible y prescindible.
Esto queda claro en la letra pequeña de la medida: se concede una autorización de residencia por un solo año, sin tocar las leyes de extranjería que mantienen al trabajador migrante en una situación de vulnerabilidad permanente. Este proceso no va encaminado a otorgar derechos plenos, como algunos desinformantes han llegado a decir (“hacen la regularización para que les voten”) sino a legalizar temporalmente a quienes ya están aquí vendiendo su fuerza de trabajo en la economía sumergida, para que puedan ser utilizados por las empresas según las necesidades de la producción.
Frente a esta medida tan sumamente limitada, lo más reaccionario del escenario patrio saca a colación teorías conspirativas como la del «gran reemplazo», sugiriendo que todo esto obedece a un maquiavélico plan para sustituir a la población nativa por razones étnicas. Este disparate es una herramienta que contribuye a la confusión y al engaño. Deberíamos recordarles a todos los que hablan de esto, o a los que hablan de que «vienen a robarnos el trabajo», que esto no va de planes para sustituir a pueblos, sino más bien de sustituir condiciones de trabajo y asegurar los beneficios empresariales. El capital no busca «extranjeros», busca trabajadores despojados con escasos derechos, poco arraigados y cuanto más disponibles mejor.
El racismo y la xenofobia que se esconden detrás de este tipo de discursos cumplen una función económica fundamental: desvían el malestar del trabajador nativo, que sufre la explotación y ve progresivamente cómo empeoran sus condiciones de trabajo, hacia el hermano de clase que viene de fuera. Al fomentar el odio nacionalista y xenófobo, la burguesía logra que el proletariado se fracture. Si el trabajador nativo ve en el migrante a un competidor por una ayuda social o un empleo, y no a un compañero explotado por el mismo patrón, el verdadero responsable de la precariedad, el dueño de los medios de producción, queda exonerado de cualquier responsabilidad y a salvo de cualquier protesta. Es la estrategia de enfrentar al «último contra el penúltimo» para que nadie mire hacia arriba.
Por su parte, la socialdemocracia presenta la migración como un problema de derechos humanos o de gestión humanitaria. Al hacerlo, ocultan que la migración es un fenómeno generado fundamentalmente por la intervención imperialista en los países de origen. Pretender que se gestionan las fronteras «con rostro humano», mientras se mantienen intactas las leyes que permiten la sobreexplotación es, en la práctica, contribuir a la continuidad de la maquinaria de producción de mano de obra barata.
La vulnerabilidad jurídica de la clase obrera migrante es un arma que apunta al corazón de toda la clase obrera. Cuando en los campos de recogida de fruta o en los almacenes logísticos se normalizan condiciones de semiesclavitud porque el trabajador no tiene «papeles» y no puede denunciar, se está estableciendo el suelo salarial para todos los demás sectores.
Si el capital ya no puede contratar a un migrante por la mitad de precio y sin derechos, pierde su principal incentivo para utilizarlo como herramienta de presión contra el trabajador nativo. Por tanto, exigir la regularización inmediata y el fin de las leyes de extranjería es la primera línea de defensa de los salarios y derechos de quienes ya están regularizados o son nativos.
La unidad de clase no puede ser una frase vacía. La consigna debe ser clara: a igual trabajo, iguales derechos y salario. Solo estrechando lazos entre todos los sectores obreros, sin importar su origen, podremos dejar de pelearnos por las migajas y empezar a cuestionar a quienes se quedan con el pastel completo.