Año tras año, miles de jornaleras migrantes sobreviven en los asentamientos chabolistas de Huelva sin acceso a agua potable, electricidad ni vivienda digna. Bajo plásticos y cartones, expuestas a temperaturas extremas y a incendios recurrentes, estas trabajadoras sostienen con su fuerza de trabajo uno de los sectores más rentables del agrocapitalismo español: la producción intensiva de frutos rojos para la exportación. La situación, ampliamente documentada y denunciada durante años, no es una anomalía ni un fallo del sistema, sino la expresión más cruda del modelo capitalista de producción en el campo.
La situación de las mujeres temporeras refleja con claridad cómo el sistema migratorio actual favorece relaciones laborales profundamente desiguales. La dependencia del contrato para mantener la residencia, la opacidad en los procesos de contratación en origen y la falta de mecanismos eficaces de supervisión abonan el terreno para los abusos. No es casual que muchas denuncias salgan a la luz gracias al acompañamiento de sindicatos combativos y colectivos sociales y no por la actuación preventiva de las administraciones.
Mientras tanto, el Gobierno anuncia una nueva regularización extraordinaria de personas migrantes, prometiendo sacar de la irregularidad administrativa a cientos de miles de trabajadores. Pero ¿qué significa esta regularización para quienes viven y trabajan bajo el plástico? ¿Y qué ocurre con muchas jornaleras que sí tienen un contrato laboral –temporal–, acaso tienen garantizadas sus condiciones laborales por el hecho de ser trabajadoras «regulares»?
Uno de los aspectos más llamativos, los asentamientos chabolistas, no son un fenómeno marginal ni coyuntural. Llevan más de dos décadas existiendo en la provincia de Huelva y en otras zonas agrícolas del Estado español. A pesar de los incendios, las muertes y la presión social, el problema persiste porque cumple una función económica clara: garantizar una reserva permanente de mano de obra barata, flexible y disciplinada.
En cuanto a las condiciones laborales, las jornaleras migrantes trabajan jornadas extenuantes en condiciones de gran dureza física. En muchos casos, cobran por debajo del convenio, sufren impagos, acoso laboral y sexual, y carecen de mecanismos reales para denunciar. Y, a menudo, todo ello ocurre no en situaciones de irregularidad, como cabría esperar, sino bajo un paraguas totalmente legal, como son los programas GECCO (Gestión Colectiva de Contrataciones en Origen), por el que el Gobierno de coalición incluso saca pecho. Emplear determinados vocablos, como «migración circular», supone un intento de camuflar lo que verdaderamente es: utilización precisa y temporal (para sectores estacionales) de mano de obra barata y con enormes dificultades para sobreponerse a los abusos de empresarios que se aprovechan de su situación de vulnerabilidad.
Se trata de una demostración meridiana del papel que cumple la socialdemocracia: frente a las propuestas más abiertamente reaccionarias en materia migratoria de la derecha y la extrema derecha, se erige en garante de los derechos humanos, pero en realidad su propuesta de gestión no deja de atender, en el fondo, a las necesidades coyunturales de la clase capitalista, solo que barnizada con una pátina de humanismo y moralina. Más allá de la regularización, lo cierto es que no llevan en su agenda ninguna medida que asegure la defensa de este sector más vulnerable de nuestra clase frente a la sobreexplotación a la que lo someten los empresarios del campo.
Así, el capital agroexportador continúa obteniendo beneficios millonarios, mientras las administraciones miran hacia otro lado o se limitan a aplicar parches humanitarios: cubas de agua, promesas de realojamiento que nunca llegan, mesas de diálogo sin consecuencias… Nada de esto cuestiona el verdadero núcleo del problema: la propiedad privada de la tierra, la lógica del beneficio y la subordinación de la vida de la clase trabajadora a las necesidades del mercado.
La exigencia de regularización de las personas migrantes es una reivindicación histórica de los propios trabajadores y de amplios sectores del movimiento obrero y popular. La irregularidad administrativa actúa como un instrumento de coerción: quien no tiene papeles no puede reclamar, no puede sindicarse libremente y vive bajo la amenaza constante de la expulsión, por lo que tener papeles puede significar reducir el nivel de indefensión, acceder a derechos básicos y romper parcialmente el chantaje patronal. Desde ese punto de vista, efectivamente, la regularización es una demanda justa y necesaria.
Sin embargo, desde una perspectiva de clase, no puede analizarse como una concesión altruista del Estado ni como una victoria definitiva. El anuncio se produce en un contexto de necesidad objetiva del capital español: envejecimiento de la población, falta de mano de obra en sectores clave y altos niveles de economía sumergida que el propio Estado necesita reconducir hacia la cotización y la recaudación fiscal.
La regularización no cuestiona el modelo productivo ni la explotación. Busca integrar a una parte de la clase obrera migrante en el mercado laboral legal, manteniendo intactas las relaciones de producción capitalistas, en las que tienen un perfecto encaje medidas como los programas GECCO. Se regulariza a quien ya ha demostrado ser útil al sistema, a quien puede acreditar años de residencia y trabajo, pero se deja fuera a otros miles, manteniendo siempre una bolsa de trabajadores en situación precaria.
Así, la regularización simplemente hace más estable y previsible la explotación. Muchas jornaleras seguirán cobrando salarios de miseria, viviendo en infraviviendas y soportando ritmos de trabajo inhumanos y abusos de cualquier tipo. La única diferencia es que ahora su fuerza de trabajo estará plenamente incorporada al circuito legal del capital. Por eso, la lucha por la regularización debe ir inseparablemente unida a la lucha por los derechos laborales, la vivienda, el control obrero de las condiciones de trabajo y, en última instancia, la superación del sistema capitalista. Sin esta perspectiva, la regularización corre el riesgo de convertirse en una herramienta más de pacificación social.
Y esa necesaria lucha la están protagonizando las propias jornaleras migrantes de Huelva, que han demostrado una enorme capacidad de organización y resistencia y se han atrevido a cuestionar el poder de quienes se aprovechan de su posición de indefensión. A través de huelgas, denuncias públicas, campañas en redes sociales y alianzas con colectivos de clase, han puesto nombre y rostro a la explotación que sufren. Su situación es una expresión concentrada de la barbarie capitalista, pero su lucha es también un ejemplo del potencial de la clase obrera que no se resigna.
Conviene tener presente que cada avance parcial conquistado sin una correlación de fuerzas favorable a la clase trabajadora es frágil y reversible. Hoy se regulariza, mañana se endurecen las condiciones. La regularización puede suponer un alivio temporal, pero no resuelve las causas profundas de la explotación que sufren las jornaleras, muchas en situación regular.
La cuestión fundamental sigue siendo, para las jornaleras y tantos otros trabajadores del campo, quién controla la producción, la tierra y la riqueza socialmente generada. Mientras los grandes propietarios agrícolas y las cadenas de distribución sigan marcando las reglas, los y las trabajadoras migrantes, con o sin papeles, seguirán sufriendo durísimas condiciones de vida y laborales. Pero las jornaleras de Huelva, con su determinación y valentía, señalan el camino.