España se mueve sobre una cuerda floja que no ha tendido ella sola. El mundo cambia deprisa; las alianzas se tensan, los equilibrios se rompen y las potencias económicas se preparan para una etapa más dura. En ese contexto mundial, el Gobierno de Pedro Sánchez quiere proyectar una imagen de serenidad y alternativa, y habla de multilateralismo, de paz, de responsabilidad. Se presenta como un gestor prudente en tiempos inciertos.
Pero la política, como la economía, no se mide por las palabras, sino por los intereses que defiende y las consecuencias que produce. Y, si uno mira debajo del discurso, lo que aparece no es un proyecto de transformación social, sino una operación de adaptación. Adaptación del capitalismo español a un mundo más competitivo. Adaptación del Estado a las nuevas exigencias del capital monopolista. Adaptación, en definitiva, de la sociedad a las necesidades de acumulación de quienes concentran el poder económico.
El capitalismo global atraviesa una fase de reajuste que recuerda, en algunos aspectos, a los grandes momentos de reorganización histórica. Estados Unidos presiona para reforzar su hegemonía, la Unión Europea busca no quedarse atrás, China amplía su alcance económico y la India emerge como un nuevo polo de atracción industrial. Cada bloque protege lo suyo. España no es una excepción ni puede serlo, pues forma parte del sistema imperialista. El Estado español no es un árbitro neutral; es el instrumento político de una estructura económica concreta, dominada por grandes monopolios energéticos, financieros e industriales.
Durante décadas, la Unión Europea funcionó como un polo central del capitalismo global, estrechamente vinculado a Estados Unidos. Pero ese equilibrio hoy se resquebraja: Europa pierde peso económico relativo frente a nuevas potencias industriales y Estados Unidos redefine sus prioridades estratégicas. El regreso de Donald Trump a la presidencia ha acelerado ese proceso. La presión para que los Estados europeos aumenten el gasto en Defensa hasta el 5 % del PIB, lejos de ser una cuestión técnica, constituye una expresión directa de la jerarquía imperialista: Estados Unidos exige a sus aliados mayor compromiso militar y económico. Y este cambio tiene consecuencias profundas: Europa deja de ser un socio protegido para convertirse en un competidor subordinado a los intereses estratégicos estadounidenses. La relación se vuelve más dura, más explícita: menos retórica, más intereses.
España, como parte de esa estructura, no puede permanecer inmóvil. El Gobierno intenta proyectar una imagen de autonomía relativa, negándose formalmente a asumir determinadas exigencias militares, mientras en la práctica refuerza sus capacidades industriales y militares dentro de la arquitectura europea y atlántica. Aquí aparece la clave: el discurso no siempre coincide con el movimiento real.
En este estado de cosas, el multilateralismo se ha convertido en la palabra clave de la política exterior española. Pero conviene entender bien cuál es su significado real: una estrategia de supervivencia económica. El multilateralismo funciona como el que abre varias puertas al mismo tiempo porque no sabe por cuál vendrá el viento más fuerte. Así, España busca reforzar sus relaciones con múltiples polos de poder: Estados Unidos, Europa, China, India y América Latina. Las visitas oficiales, los acuerdos comerciales, las delegaciones empresariales no son gestos simbólicos, son operaciones de posicionamiento. No los mueve una vocación universalista, sino una necesidad material.
La burguesía española necesita diversificar riesgos, asegurar mercados y proteger sus inversiones, y el Estado cumple esa función. Es el movimiento lógico de una burguesía que percibe el cambio de ciclo y busca proteger sus intereses en varios tableros al mismo tiempo. Ahí se constata la volatilidad en las relaciones internacionales sobre la que se ha escrito a menudo desde las páginas de Nuevo Rumbo.
Hay un punto donde la política económica y la política industrial se cruzan de forma clara: la energía. España ha construido en las últimas décadas una posición relevante en el sector de las energías renovables, y grandes empresas españolas dominan segmentos enteros de ese mercado, tanto dentro como fuera del país. Desde esa posición de fuerza, el discurso antinuclear del Gobierno adquiere un significado más preciso. Se presenta como una apuesta por el progreso y la sostenibilidad, pero también actúa como una forma de proteger el terreno conquistado por esos monopolios. Porque la energía nuclear no es simplemente una fuente energética distinta; es un modelo industrial distinto, que requiere otras inversiones, otras tecnologías, otros actores, y su desarrollo podría alterar el equilibrio actual del sector energético. Es como una partida de cartas donde algunos jugadores llevan ventaja desde el principio; cambiar las reglas en mitad de la partida introduce incertidumbre, y quienes van ganando prefieren que todo siga igual.
Casualmente, la defensa del modelo renovable coincide con los intereses materiales de los grandes monopolios energéticos españoles. El discurso sobre la protección del medio ambiente sirve, al mismo tiempo, como argumento legítimo y como defensa de posiciones económicas consolidadas. En el sector energético, la propuesta de Pedro Sánchez está más relacionada con la reformulación europea bajo la batuta alemana, que prevé una desregularización y revisión a la baja del Pacto Verde, que con la denuncia de los peligros de una escalada nuclear, algo altamente improbable.
Vinculado a lo anterior, aparece otro elemento clave: el discurso pacifista del Gobierno. Pedro Sánchez ha construido una narrativa internacional basada en la defensa de la paz, el rechazo al armamento nuclear y la apuesta por soluciones diplomáticas. Un mensaje que conecta con una memoria social muy concreta: la sociedad española desconfía de la guerra. El Gobierno conoce esa sensibilidad y actúa en consecuencia.
Pero, mientras el discurso se orienta hacia la paz, la política industrial avanza en otra dirección. España está desarrollando las bases económicas de una industria militar plenamente integrada en la estrategia imperialista europea, al participar activamente en la construcción de un nuevo conglomerado industrial militar europeo. Empresas españolas desarrollan tecnología de defensa, sistemas digitales de control, drones, capacidades de ciberdefensa, y el Estado financia, coordina y facilita ese proceso. Conviene tener presente que el rearme no siempre se presenta con uniforme; a veces lleva traje, corbata y lenguaje técnico.
No obstante, con el rechazo público a determinados símbolos del militarismo, como el armamento nuclear, el Gobierno trata de salvar su imagen progresista. Es una operación política calculada y conocida: separar la percepción de la realidad, presentar una cosa mientras se construye otra.
La industria militar, a la par que un instrumento estratégico, conforma también un sector económico que genera contratos, beneficios, empleo cualificado, y por lo tanto representa una oportunidad de acumulación para el capital industrial. Cada euro invertido en este sector es una decisión política concreta que destina dinero público al fortalecimiento de las posiciones de los capitalistas. El pacifismo, ubicado en este contexto, supone en el fondo un lenguaje de legitimación.
Lo cierto es que este modelo económico, para funcionar, necesita estabilidad social, evitar rupturas y conflictos que cuestionen sus fundamentos. Y el progresismo cumple bien ese papel, al proporcionar la legitimidad necesaria y actuar como un amortiguador que canaliza, gestiona y administra el malestar. La concertación social, los acuerdos institucionales y la retórica reformista crean un clima de normalidad, pero la lógica fundamental del capitalismo persiste: la acumulación de beneficios por parte de una minoría mediante la explotación del trabajo de la mayoría social.
El Estado capitalista organiza el equilibrio: protege sectores estratégicos, facilita la expansión internacional del capital español mediante el multilateralismo y garantiza las condiciones internas necesarias para su funcionamiento. La política interior y la política exterior forman parte de una misma arquitectura. Por lo tanto, el Gobierno de coalición no actúa, ni mucho menos, en oposición al sistema, por mucho que Sánchez dirija su narrativa en esa dirección. Su política responde a las necesidades de adaptación del capitalismo español a una nueva fase de competencia imperialista internacional.
Frente a toda esta situación, la clase obrera necesita recuperar su independencia para poder analizar con claridad el vínculo entre las grandes decisiones económicas y sus efectos concretos sobre la vida de las personas. La energía, el gasto militar, la política industrial o el multilateralismo son decisiones políticas concretas que afectan directamente a las condiciones de vida de millones de trabajadores. En un momento como el actual, la cuestión no es si el mundo cambia. Es innegable que está cambiando. La cuestión es quién decide y en beneficio de quién.