El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, anunció el pasado 3 de febrero la prohibición en España del acceso a redes sociales a menores de 16 años, mediante la obligación a las plataformas digitales de implementar «sistemas de verificación de edad». Esta medida ha generado un gran revuelo mediático, con reacciones sonadas de algunos de los principales representantes capitalistas del sector. ¿Qué tenemos que decir las y los jóvenes comunistas ante esta situación?
Antes de nada, son importantes un par de apuntes que contextualicen mejor esta medida. En primer lugar, esta prohibición no es una suerte de rara avis, sino que entronca con las directrices europeas y la tendencia de países como Portugal o Francia. En segundo lugar, la medida se ha anunciado maquillada y envuelta en todo un relato de protección de la salud mental de los niños y jóvenes, haciendo especial énfasis en los discursos de odio que se encuentran en las redes sociales. Unas redes sociales que, como hemos analizado en varias ocasiones, actualmente están diseñadas para absorber y dinamitar la atención del individuo al tiempo que reproduce sistemáticamente dinámicas de comparación, competitividad y sensación de insuficiencia, contribuyendo así a agudizar los problemas de salud mental de la juventud de extracción obrera y popular.
Ahora bien, la realidad actual de las redes sociales no puede alejarnos de señalar lo superficial (y nunca inocente) de la medida del Gobierno español. Lo cierto es que ese relato sobre la protección de la salud mental de la juventud contrasta con una prohibición (de cuestionable viabilidad) que no ataja ni las razones socioeconómicas tras los mencionados problemas ni las condiciones que permiten el surgimiento y desarrollo de los negocios tecnológicos que, amparados y motivados por la sagrada ley del beneficio económico, diseñan algoritmos que alimentan ese bucle de scroll y apatía. Quizá, los problemas derivados del uso y consumo de las redes sociales tienen un trasfondo mucho más estructural.
El origen multifactorial de las problemáticas de salud mental encuentra, no obstante, su principal sustento en las condiciones materiales de existencia. La precariedad e inestabilidad en el curro, las enormes dificultades para acceder a una vivienda (y mantenerla) o la falta de atención psicológica en la sanidad pública son algunos de los principales motivos de la delicada salud mental de la juventud trabajadora en España. Esta precaria situación de salud mental pública se ve aún más dañada por la hegemonía en el plano discursivo de narrativas (de las que las redes sociales son excelentes conductoras) que contribuyen a la presión estética y corporal a través de la comparación constante, siendo nosotras, las mujeres jóvenes de extracción obrera y popular, particularmente víctimas de estos discursos.
No debemos pasar por alto las menciones al auge reaccionario que caracterizan también la narrativa en la que se apoya la medida. Ante un escenario electoral próximo y la vuelta de los discursos del «mal menor», la socialdemocracia utiliza de nuevo el ascenso de las posiciones reaccionarias para justificar sus políticas. Muchos recordarán que ya en 2019 había que votar al PSOE para que no llegase Vox al poder y que en 2023 era, esa vez sí que sí, la última vez. En 2026 se vuelve a poner de manifiesto, sin embargo, que la socialdemocracia no ha sido, es ni será capaz de acabar, tampoco con esta medida, con las bases materiales de la reacción, pues esto supondría atacar la esencia del sistema capitalista del que son tan buenos regidores.
Además, la prohibición del acceso a menores de 16 años a las redes sociales esconde, pese a su fachada de protección a la infancia y la adolescencia, un enorme riesgo para la seguridad de la clase obrera y su actividad política. En una escalada de la represión estatal hacia la actividad organizada de la clase trabajadora, este tipo de medidas facilitan un control por parte del Estado de la actividad cibernética, con las posibles facilidades que ello supondría en la vigilancia y represión hacia la clase obrera en un escenario de avance de las posiciones revolucionarias.
En definitiva, la medida anunciada por el Gobierno es una más de tantas políticas de gestos, que no mejorará las condiciones de existencia y salud mental de los jóvenes. Si los problemas que se derivan de las redes sociales son solo la punta de un iceberg, la socialdemocracia vuelve a intentar atajar algunas de las consecuencias y ninguna de las causas.