El día 11 de febrero de 2026 será recordado en Cataluña por una movilización histórica del sector educativo comparable con la de 1988. Cien mil personas, según los sindicatos, salieron a las calles de Barcelona y cuatro ciudades más para exigir una mejor educación pública.
Desde la implantación de la Ley de Educación de Cataluña (LEC) de 2009, el Gobierno de la Generalitat, con PSC, ERC o Junts, ha ejecutado las políticas más antiobreras y salvajes de toda España contra el personal docente de la pública.
Uno de los elementos troncales de la LEC, exigencia de la patronal de la Escuela cristiana, fue sustituir el concepto de «servicio público» por «servicio de interés público», cambio llevado a cabo para argumentar la «necesidad» de financiar los centros privados y reforzar el concierto con estos.
Quince años después de implantarse la LEC, puede observarse que la privatización de la educación ha sido espectacular. En el campo de la formación profesional, el incremento de la oferta privada ha sido superior al 1.000 % desde 2011, especialmente desde la Orden ENS 71/2015 de la FP a distancia, que ha abierto las puertas al negocio privado, haciendo que en Cataluña se concentre más del 50 % de la matrícula de la FP privada de toda España. En vez de promocionar la FP pública, la Generalitat ha seguido apoyando a la patronal del sector, cada vez más dominada por fondos de inversión y multinacionales. En el curso 2022/23 se permitió que 17 titulaciones de CFGS y 8 de CFCM se impartieran exclusivamente en centros privados, siendo la familia de sanidad, la que tiene más demanda y salidas en Cataluña, la más afectada por la privatización.
A raíz de la LEC se establecieron tres decretos que fueron el puntal para el disciplinamiento del profesorado, para empeorar las condiciones laborales y para poder penetrar concepciones curriculares alejadas de las necesidades de la clase obrera. Son los decretos conocidos como «de autonomía de centros», «de direcciones» y el famoso «decreto de plantillas», que permite perfilar el 25 % de las plazas, hacer entrevistas para escoger a dedo y poder reclamar o no a gran parte del profesorado interino, convirtiendo el elemento objetivo de la experiencia laboral en cosa del pasado y abriendo las puertas al nepotismo, al favoritismo y a otras barbaridades. CCOO ha pedido reiteradamente diversos datos para exponer las nefastas consecuencias de estos decretos. Solo en 2021, el Departamento dio respuesta al número de docentes embarazadas no reclamadas para el siguiente curso: 561 mujeres. La no reclamación de una mujer embarazada en la administración pública catalana, que se afana en defender el feminismo, no comporta ningún problema legal al causante.
A todo esto, junto a un empeoramiento de las condiciones salariales, especialmente de los complementos autonómicos (sexenio, específico y singular), hay que sumarle el decreto que permite las sobrerratios –27 alumnos en Primaria y 33 en la ESO– y un empeoramiento de las condiciones de vida y trabajo de la mayoría obrera y popular, con un aumento de la desestructuración familiar y de los problemas de alimentación y salud mental de la población infantil y adolescente. El aumento de las dificultades de la clase obrera ha impactado brutalmente en las aulas y ha evidenciado la falta de recursos y generado un aumento notable de las sobrecargas de trabajo sin remuneración y con mucha ansiedad y desesperación. Ante esto, los y las trabajadoras del sector han dicho basta, y de forma mayoritaria han salido a la calle, a luchar, a la huelga de docentes y del resto de personal laboral.
Pasadas las dos primeras movilizaciones en sábado y la gran huelga del día 11 de febrero, se entablaron unas primeras negociaciones que han acabado con la firma de un acuerdo, solo por parte de CCOO y UGT, y con el resto de los sindicatos, USTEC y ASPEPC, los sindicatos corporativistas, y CGT e Intersindical llamando traidores a los primeros y animando al profesorado a concentrarse frente a sus sedes sindicales y a acosar a sus delegados y delegadas en los centros de trabajo.
Todo acuerdo tiene elementos insatisfactorios y elementos de desmovilización. Los acuerdos solo son positivos si permiten, pese a todos los inconvenientes que comportan, una mejora en la unidad de la clase trabajadora y una mejor disposición para el siguiente combate. El consenso en los acuerdos es básico para su digestión colectiva, sin la cual se mina la confianza y se generan grietas entre la clase que permiten el paso de posturas antisindicales y reaccionarias, como se ha vivido de manera especial en este conflicto, donde ha habido momentos en que se volcaba más rabia contra ciertos sindicatos que no contra el Gobierno, el responsable máximo de las políticas educativas.
El acuerdo firmado por CCOO y UGT abarca muchos aspectos que van desde la cuestión salarial a los recursos para la escuela inclusiva, pasando por la provisión objetiva de los puestos de trabajo. Algunas cuestiones concretas son el incremento del complemento específico un 30 % consolidable a cuatro años vista; la desaparición de las sobrerratios y la reducción de estas en unos cinco alumnos por nivel a cuatro años; un aumento del 20 % del salario para el personal laboral de forma inmediata; y la reducción de las plazas perfiladas hasta llegar al 3 %, entre muchas otras cosas, algunas de ellas pendientes de negociar.
Pero, más allá del contenido del acuerdo, de sus pros y sus contras, CCOO y UGT lo han firmado en un momento de ascenso de la lucha y de espaldas a la mayoría, defendiendo el chantaje del Gobierno por el que o se firmaba ahora o no habría acuerdo. El cómo se ha hecho muestra que la prioridad era la desmovilización en el momento de negociación de los presupuestos de la Generalitat y cuando En Comú Podem y el PSC han llegado a diversos pactos. Los primeros, para votar a favor, piden medidas, principalmente, en materia de vivienda, y las partidas presupuestarias que requieren no salen, actualmente, de recaudar más impuestos en los barrios del upper Diagonal, sino de otras partidas para servicios públicos. Como contrapartida a la demanda de Els Comuns, estos han tenido que desmovilizar a los docentes, cuando las huelgas aún están en curso.
Mientras se redacta este artículo, continúa una semana de movilizaciones y huelgas con un seguimiento muy notorio. La lucha va a continuar, vendrán nuevos ataques contra la educación pública, tocará aprender de los errores, combatir posturas pactistas y luchar para evitar que cierto sindicalismo caiga en posturas reaccionarias. De mientras, el precio de la vivienda, ya sea de forma directa o por los pactos entre PSC y Comuns, va a seguir costando un pastizal.