Jorge Pérez-Huet, Guillermo Alonso y Álex Burke
Nos encontramos un septiembre más a las puertas del inicio de curso, marcado este año por la eclosión de toda una serie de importantes movilizaciones estudiantiles en varias comunidades autónomas. En Madrid y Andalucía está puesta ya la fecha para el comienzo de varias huelgas educativas que toman el testigo de las movilizaciones del curso anterior y de las que el estudiantado formará parte de la mano de los y las trabajadoras de la enseñanza. Mientras tanto, otras regiones del país no se quedan atrás: la pervivencia de las problemáticas ya abordadas el curso pasado deja entrever la recuperación de los conflictos. Tal es el caso de Cantabria, por la privatización de las copisterías de la UC, o el de las Islas Baleares, por la infrafinanciación crónica que sufre su universidad.
Toda esta ristra de conflictos tienen un nexo común: comenzaron siendo respuestas hacia las políticas universitarias de los Gobiernos regionales, y en las que los estudiantes desempeñaron un papel importante. Esta política pudiera parecer que nace exclusivamente de las estrategias privatizadoras de los Gobiernos regionales del PP, pero conviene fijarse en el contexto en el que se enmarca. Estas medidas no son otra cosa que la implantación a nivel autonómico del camino ya marcado por la Reforma Educativa en general y la LOSU en particular, una agenda impulsada por el PSOE y sus socios de Gobierno hace ya tres años que apuntaba hacia un camino claro: la puesta en marcha de los mecanismos necesarios para rentabilizar la universidad pública ante las nuevas necesidades del capitalismo.
Estos mecanismos se dan de diversa manera dependiendo de la región, pero sus objetivos son comunes: la infrafinanciación crónica en aquellos grados que son menos rentables, la continua creación de grados cada vez más hiperespecializados para aquellos ámbitos cada vez más pujantes en el mercado y la implementación sistemática de las prácticas laborales como manera de introducir mano de obra prácticamente gratuita en aquellas empresas que lo soliciten.
Como comentábamos al principio, estas concreciones de la LOSU no han pasado desapercibidas. El cierre del curso pasado lo ha dejado claro: los y las estudiantes no han dudado en recuperar las experiencias de organización y lucha que legaron la huelga general estudiantil del 2022, dirigida precisamente contra la LOSU, y las Acampadas por Palestina, para combatir las consecuencias más directas de los últimos ataques a la universidad pública.
En Andalucía, la aprobación de la LUPA abrió un escenario de movilización que diversas organizaciones y sindicatos andaluces, a través de la plataforma UAxLaPública, intentaron encuadrar mediante diferentes convocatorias. Pero fue en Granada, con las asambleas convocadas por el Frente de Estudiantes y el paro académico, donde esa inquietud encontró una forma más concreta; discutir en los centros, levantar reivindicaciones propias de cada facultad y sostener sobre las bases la protesta. En Cantabria o Baleares, así como en muchas otras partes del país, el trabajo sindical ha seguido avanzado en la misma dirección, haciendo del sindicato una referencia para el estudiantado.
Madrid ha sido otro caso destacado. Las Asambleas por la Pública y las huelgas universitarias han demostrado que, cuando el estudiantado se organiza junto a los y las trabajadoras de la enseñanza, puede construir una fuerza capaz de arrancar conquistas frente a políticas de carestía y represión. Sin embargo, la propia experiencia de estas movilizaciones también demuestra que el estallido de una movilización no garantiza que esa fuerza permanezca al terminar el conflicto concreto.
De ahí que la forma de organizarse no sea una cuestión menor para nosotros. La asamblea es el espacio en el que el problema vivido en silencio, ya sea la beca que no llega o la falta de medios, deja de aparecer como una desgracia individual. En ella se debate, se decide y se descubre que hay compañeras y compañeros dispuestos a organizarse por lo mismo.
Pero esa fuerza necesita convertirse en organización estable. Es ahí donde el sindicato de base, estatal y unitario adquiere su importancia: mantiene una presencia cotidiana en los centros, conecta con las distintas luchas y acumula la experiencia extraída de ellas para golpear cada vez con más fuerza en todos los territorios. No se trata de oponer sindicato y asamblea, sino de dar continuidad a la fuerza de esta última, que cada movilización deje tras de sí una organización más amplia, más consciente de sus intereses y más capaz de luchar en todas las condiciones.
Nos encontramos, pues, en un momento muy importante para el movimiento estudiantil. En un proceso de profunda reestructuración del sistema educativo, florecen ya en muchas comunidades autónomas conflictos derivados de las concreciones territoriales de dicha reforma que, en muchos casos, muestran una importante participación de masas tanto del estudiantado como de los y las trabajadoras de la enseñanza. Los años de experiencia acumulada del movimiento estudiantil, garantizada en gran medida gracias a la existencia del Frente de Estudiantes como estructura sindical permanente, han permitido dar rápidos avances en las fórmulas organizativas del estudiantado a la hora de articular la movilización, con la unidad obrero-estudiantil y la centralidad del movimiento obrero como piedra de toque.
No obstante, todavía quedan muchos pasos por recorrer, y el panorama de amplias movilizaciones que presenta el próximo curso genera para ello grandes posibilidades y, también, grandes peligros. A las puertas de las elecciones generales, autonómicas y municipales, la lucha contra las expresiones más violentas de la reforma, impulsadas por los Gobiernos autonómicos del PP y Vox, tratará de ser capitalizada por la socialdemocracia en clave electoralista, mientras que a nivel estatal se tratará por todos los medios de desvincular los problemas que asolan a los distintos niveles educativos de las políticas impulsadas por el Gobierno de PSOE-Sumar (y, recordemos, también Unidas Podemos en su momento).
En esta coyuntura, la comunidad educativa en general y el estudiantado en concreto deben ser capaces de mantener su autonomía política y organizativa, teniendo claro que gobierne quien gobierne sólo su propia organización puede defender sus derechos y que el proyecto privatizador y mercantilizador de la educación pública es el proyecto del conjunto de la burguesía, aunque la forma de aplicarlo sea distinta según el color del collar.
Impulsar la movilización y lograr que esta se produzca bajo horizontes y fórmulas organizativas sólidas y que permitan un avance real y de conjunto de las capacidades movilizadoras de la clase trabajadora; esta es la principal tarea de la Juventud Comunista durante el próximo curso. Es decir, organizar a cada vez más estudiantes en torno al Frente de Estudiantes, como el único sindicato estudiantil capaz de sostener la lucha en el tiempo, asegurar la independencia política de la misma y proyectar el conflicto hacia un plano estatal que permita enfrentar la Reforma Educativa en su conjunto.
Solo sobre esta base, y sobre la posición de referencialidad y dirección que otorga el trabajar como cuadro sindical entre las masas, seremos capaces de dar el siguiente paso en la tarea comunista de elevar la lucha económico-espontánea a lucha político-revolucionaria. Tras cada asamblea y movilización, en los pasillos y en la cafetería, debemos mostrarles a nuestros compañeros cómo todos los problemas a los que nos enfrentamos como estudiantes están íntimamente relacionados con el conjunto de la explotación capitalista; cómo la única forma de poner fin de una vez por todas a las distintas violencias que vivimos es acabar con el sistema que las engendra; y cómo para ello sólo podemos valernos de la organización en la Juventud y el Partido Comunista.