El pasado viernes, 30 de octubre, un millón de trabajadores y estudiantes se manifestaron en las calles de más de 60 ciudades italianas. Respaldaron la huelga general convocada por la Unione Sindacale di Base (USB), con manifestaciones contra el encarecimiento de la vida, los bajos salarios, el deterioro de los servicios públicos, el rearme y las políticas del Gobierno de Giorgia Meloni.
A las movilizaciones se sumaron acciones en los puertos contra el tráfico de armas, coincidiendo con la huelga convocada en más de cien puertos en todo el mundo. El Frente Comunista participó en las movilizaciones, denunciando que este Gobierno «pisotea nuestras necesidades, intensifica la explotación y la opresión, agrava los problemas y empeora las condiciones de vida, comprometiendo el futuro de los jóvenes». Las protestas se saldaron con algunas cargas de la policía en Roma y Turín.
Tras la manifestación por la capital italiana, los participantes ocuparon las inmediaciones del Coliseo instalando tiendas de campaña al menos hasta hoy, domingo, cuando está convocada una gran asamblea nacional. En ella participarán representantes de las diferentes movilizaciones que se produjeron el viernes por todo el país.
Los manifestantes denuncian que la clase obrera italiana lleva tiempo sufriendo paulatinamente el encarecimiento de los alimentos, la energía o la vivienda. Al mismo tiempo, el acceso a la sanidad, la educación y otros servicios públicos se deteriora. El Frente Comunista no lo analiza como una fatalidad económica, sino como el resultado de decisiones políticas y una distribución de la riqueza favorable a los grandes propietarios. La organización comunista señala y responsabiliza directamente a los monopolios y su maximización de beneficios.
El rechazo al rearme constituía otra de las reivindicaciones de la huelga. Los manifestantes denuncian que los compromisos militares de Italia con la Unión Europea y la OTAN, respaldados por el Gobierno de Meloni, contribuyen a consolidar una economía de guerra en la que la industria armamentística y los grandes monopolios pueden obtener nuevas oportunidades de negocio. «Los beneficios privados de la producción y el comercio de armas contrastan con las necesidades desatendidas de la población: hacen falta más recursos para hospitales, escuelas, transporte público, vivienda y salarios dignos», critica el Frente Comunista.
En este contexto, el bloqueo mundial de los trabajadores portuarios adquiere especial relevancia. Bajo el lema Los estibadores no trabajan para la guerra, la huelga del 30 de octubre demuestra que los trabajadores son un elemento clave en la cadena logística militar y plantea la posibilidad de obstaculizar el funcionamiento de la economía de guerra. Quienes producen y transportan la riqueza tienen la capacidad de impedir que su trabajo se utilice para alimentar conflictos militares.
La huelga general también pone de manifiesto la importancia de unir las reivindicaciones laborales con las estudiantiles. Los manifestantes arguyen que los problemas de la vivienda, los salarios y los servicios públicos no son conflictos aislados, sino manifestaciones de unas condiciones compartidas. «Los problemas de trabajadores y estudiantes son la guerra, el encarecimiento de la vida y el desmantelamiento de la escuela y la sanidad públicas», describe el Frente Comunista. A lo que añaden: «no basta con sustituir a un Gobierno por otro si se mantienen las prioridades que subordinan los derechos sociales a la disciplina presupuestaria, los intereses empresariales y los compromisos de rearme».
Esta huelga general se enmarca en un calendario de movilizaciones que tiene como siguiente fecha marcada en rojo el próximo 20 de noviembre. Ese día se producirá una nueva huelga general de todos los sectores, en este caso convocada por la CGIL, la mayor central sindical del país.