Desde la muerte del dictador, España ha sido escenario de una decena de huelgas generales convocadas por CCOO y UGT, a las que se suman los ciclos de huelgas feministas de 2018 y 2019. Un recorrido que no es una simple sucesión de paros, sino la expresión de la conflictividad entre trabajo y capital en cada fase del régimen del 78, desde la reconversión industrial hasta la austeridad y la precariedad contemporánea.
La huelga general del 20-J (1985) convocada en solitario por CCOO contra la reforma de las pensiones del Gobierno de Felipe González abre el primer ciclo, que viene a romper el idilio entre el PSOE y el movimiento sindical. Tres años después le siguió el 14-D contra el plan de empleo juvenil que precarizaba el acceso al trabajo. Convocada unitariamente por CCOO y UGT, forzó al Gobierno a retirar la reforma y demostró que la clase obrera puede derrotar las políticas antiobreras de cualquier Gobierno.
La década de 1990 trajo nuevas movilizaciones: 1992, contra el recorte del subsidio de desempleo; 1994, contra la reforma laboral que abarató el despido. En 2002, la huelga general del 20 de junio se convocó contra el «decretazo» de Aznar, que recortaba derechos de los desempleados; la presión sindical logró retirar parte de la reforma. El estallido de la crisis de 2007 marcó un nuevo ciclo: la huelga general del 29 de septiembre de 2010 fue la primera respuesta coordinada a la reforma laboral de Zapatero, que abarataba el despido y precarizaba la negociación colectiva. Le siguieron las de 2012: el 29 de marzo, contra la reforma laboral de Rajoy, y el 14 de noviembre, contra los recortes y la austeridad. Un cambio de terreno se produjo con las huelgas feministas de 2018 y 2019, que situaron el eje del conflicto en la reproducción social y la precariedad de las mujeres trabajadoras, transformando el 8M de una movilización que languidecía desde hacía décadas a un potente movimiento de masas.
Desde una perspectiva de clase, las huelgas generales han arrancado conquistas defensivas y han construido identidad colectiva y memoria de lucha. Sin embargo, la correlación de fuerzas ha impedido revertir la tendencia estructural del capitalismo a la precarización. Los ataques al movimiento sindical y la hegemonía de la socialdemocracia en su seno, junto con la represión patronal, han limitado en gran medida los resultados de la lucha obrera.
Hoy, el discurso sindical dominante tiende a presentar las elecciones como el terreno decisivo para revertir el deterioro de las condiciones de trabajo. Votar a la socialdemocracia, se nos dice, es la garantía de que los derechos laborales no serán arrasados. Sin embargo, la evidencia de las últimas cuatro décadas desmiente esta premisa: los Gobiernos del PSOE y del PP, en su alternancia y con sus diferentes socios, han aplicado una agenda convergente de flexibilización, abaratamiento del despido y precarización.
La primera gran reforma que introdujo la temporalidad masiva fue aprobada por Felipe González en 1984. En 1994, de nuevo un Ejecutivo del PSOE liberalizó las condiciones de trabajo en jornada, horario y sistemas retributivos. El PP no invirtió la tendencia: la reforma de 1997 instauró un nuevo contrato que abarataba el despido, y la de 2012 facilitó aún más el despido y dio a las empresas un poder casi absoluto para negociar las condiciones laborales. Entre medias, el Gobierno de Zapatero aprobó en 2010 una reforma que abarataba el despido y precarizaba la negociación colectiva, provocando la primera huelga general contra un ejecutivo socialista en casi dos décadas. Cada crisis económica en España ha sido gestionada mediante intervenciones directas sobre los derechos de la clase trabajadora, indistintamente del Gobierno de turno.
Por ello, el discurso que sitúa las elecciones como el momento clave cumple una función desmovilizadora. Si el voto a la socialdemocracia es la garantía de los derechos laborales, entonces la huelga general y la presión en el lugar de trabajo quedan subordinadas a los ciclos electorales. La clase trabajadora es invitada a delegar su defensa en quienes, históricamente, han gestionado su precarización. La reforma laboral de 2021, invocada como prueba de que existe una alternativa, no revirtió la de 2012 en sus aspectos estratégicos fundamentales.
Por ello es importante recordar que las huelgas generales de 1988, 2002 y 2012 demostraron que la movilización sostenida puede arrancar conquistas que las urnas no garantizan. Ninguna de esas conquistas se produjo por un cambio de voto; se produjeron por la presión en las calles y en los centros de trabajo. El discurso que confía la defensa de los derechos laborales a la socialdemocracia electoral no solo ignora esta historia; la borra. Sustituye la memoria de la lucha por la ilusión de la representación.
Por ello debemos combatir esos discursos que subordinan la huelga general, la movilización sostenida y la presión en el lugar de trabajo a los ciclos electorales, alejándola de la lucha directa por nuestros intereses como clase.
Debemos combatir la ilusión electoral, llamando a la clase obrera a anteponer la lucha y a no elegir entre distintas velocidades de deterioro. Por eso el PCTE trabaja intensamente por el éxito de la huelga general del 11N.
Pero además trabajamos por mantener el discurso de clase en el espacio público y proporcionar un punto de apoyo a la construcción de una fuerte oposición obrera a los ciclos donde PSOE y PP se turnan en el poder, pero continúan la misma agenda laboral. Por eso el 29 de noviembre también habrá papeletas comunistas.