Ástor García: «Si conseguimos que toda esta movilización contribuya a reforzar la conciencia y la organización de clase, habremos avanzado mucho»

Noviembre de 2026 pasará a la historia, probablemente, como un mes en el que ocurrieron sucesos políticos relevantes en nuestro país. Por lo pronto, habrá visto la primera huelga general en catorce años, y eso ya es un hito reseñable. Pero, además, el último día del mes será el posterior a unas elecciones generales anticipadas que pueden propiciar un cambio de Gobierno, con un PP y un Vox que anhelan su llegada al poder de la gestión capitalista tras el fiasco del 23J de 2023.

La situación límite en el acceso a la vivienda para millones de personas y el deterioro generalizado de las condiciones de vida de la mayoría trabajadora encontraron en el desahucio de Maricarmen un detonante, y habrá que ver qué alcance y repercusiones tienen las movilizaciones que se desencadenaron. Para analizar todo ello, Nuevo Rumbo entrevista a Ástor García, Secretario General del PCTE.

Nuevo Rumbo: Si seguimos el orden cronológico que precipitó los acontecimientos que ahora mismo están encima de la mesa, la primera pregunta obligada es sobre vivienda. ¿Qué análisis hizo el PCTE de los decretos que aprobó el Gobierno a raíz del desahucio de Maricarmen y de su derogación en el Congreso?

Ástor García: Lo primero que habría que preguntarse es por qué el Gobierno tuvo que esperar a que se produjera una movilización de estas características para aprobar unas medidas que, según nos dijeron entonces, eran tan necesarias. Porque los problemas de vivienda no aparecieron con el desahucio de Maricarmen. Llevamos años soportando una situación cada vez más difícil, con alquileres disparados, precios de compra inalcanzables para buena parte de los trabajadores y familias que tienen que dedicar más de la mitad de sus ingresos a pagar una vivienda.

Y todo esto ha ocurrido mientras se sucedían los anuncios de medidas históricas para resolver el problema. Alguna responsabilidad tendrán quienes han gobernado durante estos años.

Nosotros valoramos los decretos señalando que podían proporcionar cierto alivio a determinados sectores durante un tiempo, pero que eran incapaces de resolver las causas del problema. Mientras la vivienda siga siendo una mercancía y un negocio extraordinariamente rentable para bancos, fondos de inversión y grandes propietarios, seguiremos encontrándonos con situaciones como esta. No es que el mercado de la vivienda funcione mal, es que funciona conforme a los intereses de quienes hacen negocio con ella.

En cuanto a la derogación, desde luego que retrata a quienes votaron en contra de unas medidas que podían mejorar la situación de muchas familias. Pero tampoco vamos a aceptar que el PSOE pretenda presentarse como una víctima de las circunstancias. No se puede llevar años gobernando mientras se agrava el problema de la vivienda y después intentar convencer a la gente de que toda la responsabilidad es de quienes han votado en contra de unos decretos.

NR: La derogación de los decretos en el Congreso provocó que las acampadas y las movilizaciones por la vivienda continuaran y se extendieran. ¿Cómo analizáis estas protestas? ¿Crees que pueden suponer el inicio de un nuevo ciclo de movilizaciones?

ÁG: Para empezar, creo que hay motivos para estar contentos. Después de tanto tiempo escuchando que la gente está desmovilizada, que no se interesa por la política o que lo único que le preocupa es lo que aparece en las redes sociales, hemos visto a miles de personas salir a la calle y mantener las protestas. Eso es una buena noticia.

Ahora, tampoco deberíamos precipitarnos con los análisis. En España tenemos cierta experiencia con grandes movilizaciones que parecían anunciar cambios profundos y que terminaron dando lugar a resultados bastante más modestos. Incluso hemos visto cómo algunas de ellas acabaron convertidas en el punto de partida de proyectos electorales que, con el tiempo, terminaron integrándose en aquello que decían querer cambiar.

No digo que vaya a suceder necesariamente lo mismo, pero sería absurdo ignorar esa experiencia.

Para nosotros hay una cuestión fundamental: conseguir que esta movilización sirva para fortalecer la organización de la clase obrera. No basta con llenar las plazas durante unas semanas si después volvemos a estar igual de desorganizados que antes.

Y hay que insistir en que la vivienda no es un problema separado de los salarios, de las condiciones laborales o del deterioro de los servicios públicos. Estamos hablando de los mismos trabajadores, de las mismas familias. El problema de quien no puede pagar el alquiler no termina cuando consigue una rebaja de cien euros si continúa cobrando un salario miserable.

Por eso creemos que hay que llevar estas reivindicaciones también a los centros de trabajo y relacionarlas con la lucha por las condiciones de trabajo. Si conseguimos que toda esta movilización contribuya a reforzar la conciencia y la organización de clase, habremos avanzado mucho. Si estamos o no ante el principio de un nuevo ciclo de movilizaciones, eso lo podremos valorar mejor dentro de algún tiempo.

NR: Desde las propias acampadas y en las calles fue abriéndose paso una consigna que, finalmente, cristalizó en que el próximo 11 de noviembre tendremos la primera huelga general desde noviembre de 2012, hace exactamente catorce años. ¿Cómo analiza y cómo afronta el PCTE esta convocatoria?

ÁG: El PCTE ha llamado a secundar la huelga y estamos trabajando para contribuir a que tenga el mayor seguimiento posible. Creemos que hay razones de sobra para convocar una huelga general en nuestro país. De hecho, motivos no han faltado durante todos estos años.

Otra cosa es cómo se ha llegado a esta convocatoria. Nos habría gustado que fuera el resultado de un proceso de preparación más amplio, con debates en los centros de trabajo, asambleas y una participación mucho mayor de los trabajadores y trabajadoras en la definición de sus objetivos. Hay dificultades evidentes para organizar una huelga de estas características en tan poco tiempo, y no tiene sentido ocultarlas.

Además, se produce una situación política bastante llamativa. Tenemos una huelga general convocada por unas condiciones de vida de las que el Gobierno tiene una responsabilidad evidente y, al mismo tiempo, vemos a ese mismo Gobierno tratando de colocarse del lado de los huelguistas. Hombre, resulta un poco difícil de explicar.

Y estando las elecciones a menos de tres semanas, sería bastante ingenuo pensar que nadie va a intentar aprovechar políticamente la convocatoria.

Por eso nosotros hemos insistido en que la huelga general no puede convertirse en un acto de campaña del PSOE y sus socios. Los trabajadores no vamos a la huelga para facilitar que Sánchez vuelva a ser presidente. Vamos a defender nuestras reivindicaciones.

Pero precisamente porque pensamos esto, tenemos que participar y trabajar para que la huelga tenga éxito. Sería un error quedarse al margen criticando las circunstancias de la convocatoria. Nuestro objetivo es procurar que el 11 de noviembre sirva para algo más que una jornada de protesta. El día 12 seguiremos teniendo los mismos problemas, y después de las elecciones también. Conviene que no se nos olvide.

NR: Con esta vorágine de acontecimientos concluyó abruptamente una legislatura que Pedro Sánchez había manifestado en repetidas ocasiones que pretendía agotar. ¿Qué balance realiza el PCTE de estos tres años y unos meses de legislatura?

ÁG: Pues no es precisamente positivo. Y creo que hay una forma bastante sencilla de comprobarlo: preguntar a cualquier familia trabajadora cuánto le cuesta llegar a fin de mes, qué parte de sus ingresos dedica a la vivienda o cuánto tiene que esperar para conseguir una cita con un especialista en la sanidad pública.

Nos han repetido hasta la saciedad que teníamos el Gobierno más progresista de la historia, que se estaban consiguiendo avances extraordinarios y que la economía española iba como un tiro. Y, mientras tanto, hemos visto crecer los beneficios empresariales, aumentar las dificultades para acceder a una vivienda y mantenerse unos salarios que en muchos casos no permiten vivir dignamente.

Los grandes empresarios han seguido haciendo excelentes negocios y los trabajadores seguimos teniendo que pelear por cuestiones tan elementales como el salario, la jornada laboral o la vivienda.

A esto habría que añadir la política internacional, que ha sido especialmente grave. El incremento del gasto militar, los compromisos con la OTAN y la subordinación a la estrategia de las grandes potencias y alianzas imperialistas han dejado bastante claro cuáles son las prioridades del Gobierno. Para determinados gastos parece que nunca hay problemas presupuestarios.

Pero, desde el punto de vista político, quizá lo más preocupante sea otra cosa. Durante años se nos ha dicho que había que apoyar al Gobierno, que no convenía movilizarse demasiado y que cualquier crítica podía terminar favoreciendo a PP y Vox. Toda la actividad política de la izquierda reformista ha girado alrededor de mantener al PSOE en el Gobierno y todo apunta a que su único objetivo es el mismo en estas elecciones.

Nos han pedido que renunciemos a luchar para impedir que «gobierne la derecha», y el resultado es que esa «derecha» sigue creciendo mientras nuestros problemas continúan sin resolverse. Quizá va siendo hora de reconocer que esa estrategia ha fracasado.

NR: A finales de mes se celebrarán las elecciones generales. A menudo se escuchan reproches sobre el mero hecho de que el partido comunista se presente a las elecciones de un sistema que declara querer derrocar. ¿Qué les puedes decir a quienes hacen esta recriminación?

ÁG: Bueno, es una crítica que suele partir de una confusión bastante elemental. Una cosa es participar en las elecciones y otra muy distinta pensar que el socialismo puede construirse ganando unas elecciones.

Los comunistas llevamos más de un siglo debatiendo sobre estas cuestiones y existe una experiencia histórica muy amplia. Lenin, por ejemplo, dedicó bastante atención a combatir la idea de que los revolucionarios debían renunciar por principio a intervenir en los parlamentos burgueses.

Nosotros no creemos que ganar unas elecciones permita acabar con el capitalismo. La burguesía no tiene su poder porque disponga de una mayoría parlamentaria. Lo tiene porque es propietaria de los principales medios de producción y porque existe todo un aparato estatal que garantiza sus intereses. Y eso no cambia simplemente porque un partido consiga más diputados que otro.

Ahora bien, si las elecciones permiten dar a conocer nuestras posiciones, entrar en contacto con nuevos sectores de trabajadores y denunciar las limitaciones del sistema político, sería absurdo renunciar a utilizarlas.

Lo que sería verdaderamente contradictorio es que un partido comunista terminase dedicando toda su actividad a conseguir representación institucional y olvidase para qué existe.

Nosotros tenemos bastante claro que el socialismo no se construye desde los ministerios. Y tampoco creemos que presentarse a las elecciones sea una especie de pecado revolucionario. Hay que saber distinguir entre utilizar unas instituciones y depositar en ellas todas las expectativas de transformación social.

NR: Habrá papeletas del PCTE en estas elecciones; ¿en cuántas circunscripciones? ¿Y qué tipo de trabajo desarrollará el PCTE de cara a este proceso electoral?

ÁG: En la convocatoria de 2023 presentamos candidaturas en 33 circunscripciones y en esta ocasión lo hemos hecho en 46. Se va a poder votar al PCTE en todas las Comunidades Autónomas y prácticamente en todas las circunscripciones electorales.

Pensamos que esto es un primer éxito, porque hemos dado un salto notable y, además, resulta que somos la única papeleta comunista que habrá el 29N.

En todo caso, para nosotros hay otras cuestiones importantes que se juegan en estas elecciones. Evidentemente, queremos obtener los mejores resultados posibles, pero sería un error valorar nuestro trabajo exclusivamente por los votos que recibamos.

Vamos a desarrollar la campaña bajo el lema «Construyamos la oposición obrera», que resume bastante bien lo que venimos planteando desde hace tiempo. Necesitamos que los trabajadores dispongan de una organización política independiente, que no esté permanentemente pendiente de qué acuerdos alcanzan el PSOE y sus socios o de cuál de las dos grandes opciones de gobierno puede resultar menos perjudicial.

Estamos actualizando nuestro programa de lucha, porque no queremos presentar un catálogo de promesas electorales. Queremos aprovechar las elecciones para plantear reivindicaciones que puedan servir para organizar luchas concretas y para explicar que los problemas de nuestra clase no van a resolverse cambiando simplemente a los gestores del capitalismo.

Haremos los repartos, las pegadas y los actos que podamos organizar, pero queremos dedicar un esfuerzo especial a reunirnos con colectivos de trabajadores y con personas próximas al Partido. No nos interesa limitarnos a repartir propaganda. Queremos discutir, conocer mejor los problemas de cada lugar y establecer relaciones que puedan tener continuidad.

Y hay algo que para nosotros es fundamental. La campaña electoral no puede significar que durante varias semanas dejemos de hacer lo que hacemos habitualmente. Tenemos que seguir trabajando en los centros de trabajo, en los barrios y en los centros de estudio.

Si después de las elecciones tenemos unos cuantos votos más, pero seguimos siendo los mismos y teniendo la misma capacidad de intervención, habremos aprovechado bastante mal la campaña. Queremos salir de este proceso con más organización, más contactos y más trabajadores y trabajadoras dispuestos a implicarse. Porque el Partido tiene que seguir funcionando el 30 de noviembre, porque la lucha de clases no se va a detener gobierne quien gobierne.

NR: ¿Qué opinión te merece el proceso de negociaciones que hemos vivido entre las diversas fuerzas que integran la denominada «izquierda alternativa» y su resultado final?

ÁG: La verdad es que, visto desde fuera, resulta bastante difícil tomarse en serio buena parte del espectáculo que han ofrecido. Llevamos semanas escuchando discusiones sobre quién encabeza las listas, cuántos puestos corresponden a cada organización, quién tiene que dar un paso atrás o quién debe convertirse en el nuevo referente de la izquierda.

Y uno se pregunta qué tiene que ver todo eso con los problemas de los trabajadores. No quiero decir que las candidaturas sean irrelevantes, pero cuando prácticamente todo el debate gira alrededor de los nombres, quizá es porque existen pocas diferencias sobre el proyecto político que se pretende defender.

Porque, si vamos al fondo, ¿qué es lo que discuten estas organizaciones? Todas aspiran, con distintos matices, a llegar a un acuerdo que les permita participar nuevamente en un Gobierno presidido por el PSOE. Y todas han demostrado ya cuáles son los límites de ese proyecto.

Nosotros no tenemos ningún inconveniente en que se unan. Nos parece lo oportuno si su programa político consiste en ser aliados del PSOE. Lo que me parece un poco más difícil de aceptar es que cada nueva coalición se presente como el nacimiento de una alternativa capaz de cambiarlo todo. Algunos llevan ya bastantes años gobernando, o intentando gobernar, como para seguir presentándose como una novedad.

El principal problema de esta gente es que su horizonte político termina donde empieza la posibilidad de entrar en el Gobierno. Todo lo demás acaba subordinándose a ese objetivo y así les va.

A nosotros nos interesa otra cosa. Nos interesa organizar a la clase obrera para defender sus intereses, contribuir a que la mayoría trabajadora comprenda las causas de los problemas que sufre y desarrollar una alternativa revolucionaria. No tenemos ninguna intención de incorporarnos a una competición por decidir quién administra un capitalismo supuestamente más amable.

Y creo que estas elecciones van a permitir que esa diferencia quede bastante clara. Unos están discutiendo cómo volver al Gobierno. Nosotros estamos trabajando para que los trabajadores dejemos de depender de quienes nos gobiernan