El pasado 18 de diciembre de 2018 se ha publicado el decreto de medidas urgentes en materia de vivienda y alquiler. Este decreto contiene múltiples medidas, entre las cuales es necesario profundizar especialmente en tres de ellas.

Primero, las fianzas y garantías: se fija en 3 mensualidades, como máximo, el precio de la fianza y las cuantías de garantías adicionales. Sin embargo, sabemos que en los últimos años el precio del alquiler no ha parado de subir, hasta el punto de que actualmente pagamos un 15% más por los alquileres que en el año 2017. Si el precio medio del alquiler está en unos 850 euros mensuales ¿qué trabajador/a, o joven buscando emanciparse, puede adelantar 2.550 euros como fianza y garantía para poder firmar un contrato de alquiler?

Segundo, los desahucios: el decreto recoge que en los casos de viviendas “vulnerables” se puede dar el irrisorio plazo de un mes, máximo dos, para ejecutar el desahucio, logrando con ello ganar, supuestamente, tiempo para la actuación de los servicios sociales. Actualmente, según los datos del CGPJ, se producen en España unos cien desahucios al día por impago de alquiler. Este nuevo mes de plazo que contempla el decreto es, a todas luces, una medida insuficiente para acabar con el drama de los desahucios, así como una medida que sigue impidiendo a los inquilinos/as defenderse y negociar acerca de su situación y posibilidades.

Y tercero, la limitación de precios: el decreto no entra en la limitación de los precios del alquiler, solo en el caso de la negociación de los contratos ya firmados. En España, es una necesidad para las clases trabajadoras acabar con la especulación, con la subida indiscriminada del precio del alquiler, que a día de hoy se lleva entre el 20 y el 45% de nuestro salario mensual, y que en algunas ciudades hace absolutamente imposible, entre otras, la emancipación juvenil.

En definitiva, esta medida no es más que otro movimiento en la política de gestos del gobierno, la cual no es más que la estrategia de medidas concretas que usa el PSOE para intentar mantener un cierto apoyo social (sin atacar la base de los problemas), necesaria para lograr la estabilidad que le permita no tener que adelantar la convocatoria de elecciones generales.

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