Recuerdo que una de las lecturas infantiles que más me sobrecogió en la escuela fue ¿Quién quiere a los viejos?, de Ricardo Alcántara. En este libro se relata la historia de Violeta, una anciana abandonada en una residencia de mayores por su sobrina Josefina, que de su tía sólo ambicionaba la herencia. Rosa, Jacinto y Pablo, sus vecinos, consiguen rescatarla del abatimiento y le ofrecen una nueva vida. Y hasta aquí puedo leer.
Esta historia me impactó, no podía aguantar la idea de imaginar a mis abuelos abandonados, como Violeta, por un puñado de las antiguas pesetas.

En los últimos meses cientos de miles de abuelos y abuelas en España han sido abandonados en residencias de mayores, especialmente en aquéllas en las que había logrado colarse el maldito coronavirus. Según cifras oficiales 19.535 fallecieron. 19.535 de un total de 28.313 muertos en nuestro país a causa de la Covid19, es decir, el 70%. Un gerontocidio. ¿Quién se ha olvidado de querer a los viejos? ¿Quién ha dejado morir a nuestros abuelos?

En España hay 5.457 centros de mayores. 1.394 son de titularidad pública (independientemente de la gestión) y 3.844 son de titularidad privada. Así pues, más del 70% de las residencias de mayores en España están en manos privadas, es decir, responden al beneficio económico y al lucro individual. En la última década se ha acelerado el proceso de concentración de capitales en el sector. En 2005 los cuatro principales grupos de residencias tenían en total 101 centros. Hoy los cuatro grandes pertenecen a multinacionales y acumulan 297 residencias.

Según un informe realizado por infoLibre, fondos de inversión, multimillonarios y algún empresario corrupto controlan los 13 mayores grupos de residencias en España. De las cinco principales compañías, todas con más de 45 geriátricos, dos tienen como principal accionista a fondos de Jersey (Vitalia Home y Colisée), una a un fondo inglés (DomusVi) y otra a un fondo de pensiones de Canadá (Orpea). En el negocio también están cinco de los hombres más ricos de España: Florentino Pérez, los ‘Albertos’ (Clece), Modesto Álvarez Otero y Carlos Álvarez Navarro (Ballesol). Y la quinta fortuna de Francia: la familia Mulliez (Amavir). Dos grupos están controlados por empresarios implicados en el caso Gürtel: el ya condenado Enrique Ortiz (Savia) y el doblemente procesado José Luis Ulibarri (Aralia).
Este modelo privatizador, que aparta el foco de la atención socio-sanitaria para colocarlo en el balance de cuentas, ha tenido consecuencias directas terribles en la crisis del coronavirus. El Ejército localizó ancianos muertos en sus camas en residencias de varios puntos del país mientras otros residentes y trabajadores seguían conviviendo en estos centros. Algunos geriátricos, como es el caso de DomusVi en Madrid, pidieron a familiares autorización escrita para dejar morir en el centro a residentes rechazados por el hospital.

Y ante esta grave crisis, tal como decían Marx y Engels, el Estado y los gobiernos se han comportado como lo que son: «el Consejo de Administración» de las grandes empresas.
El Gobierno de Ayuso envió a los centros socio-sanitarios una serie de protocolos en los que se restringía al máximo la posibilidad de trasladar enfermos desde los geriátricos a los hospitales. En ellos se hablaba expresamente de «criterios de exclusión» que impedían llevar a pacientes mayores con coronavirus a los hospitales. Entre los criterios utilizados figuraban algunos que medían el nivel de dependencia o la discapacidad intelectual del mayor.

El Gobierno de Castilla y León consideró que “los intereses económicos y comerciales” de las empresas de residencias están por encima del derecho de los ciudadanos a conocer qué ocurrió durante la pandemia en los geriátricos de la Comunidad. Así consta en una orden del Gobierno que preside Alfonso Fernández Mañueco.

En Cataluña familiares de enfermos con covid19 recibieron un correo electrónico de la dirección de las residencias donde estaban sus mayores. En él les explicaban que, aunque habían valorado y aprobado el traslado del usuario a un hospital, la derivación no se podía llevar a cabo porque el centro sanitario lo impedía. Eran residentes de edad avanzada y con patologías previas.

Los problemas no son nuevos. A pesar del impulso que cabría esperar de la Ley de Dependencia, la financiación pública tanto del Estado como de las Comunidades se redujo a consecuencia de de la política general de recortes sociales y la prioridad del pago de la deuda pública. Así pues, la principal estrategia de las administraciones públicas fue expandir el servicio mediante la creación de mercados que generen beneficios y atraigan capital privado. Aumentar el parque residencial privado y externalizar la gestión del público ha traído como consecuencia la reducción de la calidad del servicio, la precarización laboral del sector y la exclusión social en el acceso a las familias trabajadoras de rentas bajas.

Actualmente muchas personas ya disponen del máximo grado de dependencia reconocido y, por lo tanto, tienen derecho a una plaza pública en un centro geriátrico. Pero para acceder a estas plazas públicas, la lista de espera supone un periodo que puede llegar hasta los 4 ó 5 años. Esta situación lleva a muchas familias a situaciones límite en las que, o bien se organizan entre todos para cuidar a su familiar, o bien realizan grandes esfuerzos económicos para contratar a un cuidador profesional o acceder a una residencia privada.

Si la Administración Pública sólo busca reducir costes y la empresa privada aumentar beneficios, ¿quién quiere a los viejos? Los mismos que quisieron a Violeta: Rosa, Jacinto y Pablo. ¿Quién si no? Familiares, vecinos, antiguos compañeros de trabajo, amigos… El pueblo que, nuevamente, es llamado a salvarse a sí mismo.

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