La continuidad del Gobierno de coalición socialdemócrata depende en buena medida de que se aprueben o no unos nuevos Presupuestos Generales del Estado. Después de dos ejercicios seguidos en los que se han prorrogado las cuentas públicas elaboradas por Cristóbal Montoro (PP) para el 2018, Pedro Sánchez —y su socio gubernamental— sabe que la única salida que tendrá en caso de no sacar adelante unos nuevos PGE sería la convocatoria de unas elecciones anticipadas.

Las leyes de presupuestos exigen una mayoría parlamentaria que el actual Gobierno está muy lejos todavía de tener asegurada, por lo que los movimientos tácticos, los gestos y los globos sonda han comenzado ya a aparecer en escena y, con total seguridad, serán un factor importante en el panorama político parlamentario durante el presente mes y el siguiente.

La debilidad del Gobierno se expresó en septiembre cuando una mayoría parlamentaria, de la que formaban parte casi todos los apoyos de investidura de Sánchez, rechazó convalidar el decreto que permitía al Gobierno la utilización de los remanentes económicos de los ayuntamientos. Mal augurio para una negociación presupuestaria a vida o muerte.

Así las cosas, Sánchez y compañía han comenzado a moverse con rapidez, acelerando los contactos que ya se venían dando desde hace meses. Ciudadanos, Esquerra, Bildu, PNV, quién sabe si algún resto del naufragio del PDECAT, BNG, Teruel Existe, Más País o Compromís tendrán seguramente muchas ideas para rascar algunos millones en alguna partida y poder vender luego la importancia de su intervención parlamentaria.

Pero contentar a tantos suele ser difícil. No es lo mismo votar para echar al PP de La Moncloa que aprobar unos presupuestos, porque esto supone, de facto, convertirte en sostén de un determinado Gobierno. Sabemos que hay partidos que tienen especial habilidad para estas cosas, como el PNV, a quien le da igual un roto que un descosido si consigue más transferencias o mejorar su concierto económico, pero hay otros que tendrán muy difícil ante su gente justificar que apoyan a PSOE y UP.

Esto opera sobre todo para los partidos nacionalistas catalanes, inmersos en un callejón sin salida y en una guerra brutal por el relato y la hegemonía en un mundo independentista al que ya ni la inhabilitación de Torra por el Supremo le vale para recuperar iniciativa política.

En este río revuelto que es el independentismo catalán, Sánchez pretende pescar con la noticia del posible indulto a los presos del “procés” que, para salir libres por esa vía, tendrían primeramente que reconocer la culpabilidad por los delitos que han sido condenados y, en segundo lugar, esperar a que el Consejo de Ministros encontrase un buen momento para indultarles. Estas horcas caudinas que Sánchez presenta a los independentistas no sólo pretenden facilitar la negociación de los presupuestos, sino que también aspiran a romper al independentismo de una vez por todas y facilitar un posible futuro Gobierno catalán en el que pueda estar el PSC. La jugada es hábil pero también arriesgada. Sobre la ética o moralidad del juego político con los indultos no hace falta extenderse porque todos los gobiernos españoles han sabido aprovechar políticamente esa facultad de sacar a la gente de la cárcel.

A primeros de octubre, mientras el Congreso esté debatiendo la moción de censura propagandística de VOX, los partidos del Gobierno estarán febrilmente poniendo velas a dios y al diablo para tratar de aprobar el techo de gasto, primer paso en el camino de unos presupuestos que, no lo olvidemos, deberán contar con el visto bueno de una Comisión Europea que ya ha torcido el gesto cuando ha escuchado que PSOE y UP anunciaban su pretensión de hacer algunos retoques menores en la reforma laboral de 2012.

Finalmente, los presupuestos saldrán adelante, porque muchos políticos se juegan muchas cosas con ellos. Como es habitual con este Gobierno, una cosa será la propaganda y los anuncios y otra muy distinta la literalidad que nos encontremos en el BOE unos días después. Por esto nuestros lectores deben estar muy atentos, porque seguiremos informando sobre el fondo y el significado de las medidas que vaya aprobando este gobierno que, ponga la cara que ponga, está trabajando a favor de los intereses de los capitalistas, no de los trabajadores y trabajadoras.

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