El comienzo de curso ha llegado con marejada en el Banco Sabadell, cuya plantilla se concentrará en 14 ciudades en protesta por el ERE que afectará a 1.936 empleos, el 12,5% de su plantilla en España. La entidad afirma que ha planteado el ERE “para seguir siendo competitivo y garantizar su sostenibilidad” y pretende cerrar el 30% de las oficinas con la declarada intención de reducir los costes en 100 millones de euros. Pero los trabajadores del Banco Sabadell no se rinden y han vuelto a echarse a la calle en contra de unos despidos que consideran salvajes y desproporcionados.
Por su parte, el Gobierno, por mediación de Yolanda Díaz, recuerda a la entidad que tiene la obligación legal de negociar medidas para “evitar o reducir los despidos colectivos”. Una advertencia que ya había lanzado en mayo a BBVA y CaixaBank y que no impidieron que ambos EREs prosperaran con el despido de casi 10.000 trabajadores. Probablemente tendrá que repetir esta advertencia en Unicaja, dado que tras su fusión con Liberbank tiene la intención de aplicar otro ERE que afectará a 1.000 empleados, el 10% de la plantilla.
Estamos presenciando numerosos procesos laborales en los que, como en el caso del Banco Sabadell, la patronal aprovecha la legislación para despedir a miles de trabajadores, mientras el autoproclamado “Gobierno de Progreso” se pone de perfil haciendo llamamientos a la negociación. Las autoridades laborales no pueden vetar despidos colectivos en las empresas después de la reforma de 2012, por lo que la letra pequeña de ese llamamiento a la negociación es el chantaje y las presiones indecentes que sufrirá la plantilla para someterse a los deseos de la patronal, que son de sobra conocidos, dado que el Banco Sabadell ha hecho público que con este procedimiento busca mejorar la rentabilidad.
Las llamadas del Gobierno a la negociación, que en estas condiciones sigue sin cumplir su promesa de derogar las reformas laborales, suponen la zanahoria delante del burro ante la posible lucha de los trabajadores, a los que intenta tranquilizar con promesas ilusorias y llamamientos a la responsabilidad.
No sorprende que la patronal busque excusas coyunturales para aplicar medidas que mejoren su rentabilidad (y la explotación de los trabajadores). Se llama lucha de clases. Lo realmente destacable es el afán de la socialdemocracia en el Gobierno por mantener intacta su imagen de progreso, aunque la realidad le esté estropeando el maquillaje. El Gobierno ha ido a reflejarse en los espejos del callejón del gato y parece que el pueblo está tomando conciencia de que esa imagen grotesca y deformada del progreso en realidad se corresponde con la de un enemigo de los trabajadores.
Decía Marcelino Camacho que si uno cae, se vuelve a levantar y sigue adelante. Y pareciera que el pueblo, harto de soportar la política del palo y la zanahoria de este gobierno, está dispuesto a levantarse y llenar las amplias alamedas.