Las últimas semanas de verano y primeras de otoño han estado marcadas por la subida generalizada de precios, mientras la respuesta del Gobierno sigue siendo tibia, con una subida de 15€ del SMI y ampliando el escudo social hasta el 31 de octubre. Pero ¿es un escudo social o más bien un colador que solo salva a los capitalistas?
Según declaraciones del Gobierno, 1.100.000 personas están protegidas por el escudo social, cifra muy inferior a las 9.829.000 en riesgo de pobreza. Lo que supone que el “escudo” apenas ha llegado al 11% de la población que tiene menos de 802 € de ingresos al mes, cifra que marca el riesgo de pobreza.
Las mayoría de las medidas ahora prorrogadas encajan perfectamente en el refrán “pan para hoy, hambre para mañana”. Veamos algunos ejemplos:
– Para percibir el famoso Ingreso Mínimo Vital, una persona tiene que estar percibiendo menos de 469’93€; que está por debajo del IPREM (564’90€) y muy por debajo de lo que se considera el riesgo de pobreza antes señalado; por lo que, además de tratar de cubrir entre todos los trabajadores las carencias del sistema capitalista, apenas llega a quienes están en riesgo de pobreza.
– Evitar el corte de suministros básicos, como luz, gas y agua (no siendo contabilizado telefonía ni conexión a internet) exige tener ingresos menores a 847’5€, ligeramente superior al riesgo de pobreza. Pero, en ningún momento se plantea socializar los servicios esenciales y que dejen de ser un negocio, sino que se evita su corte hasta que esté activo este “escudo”, garantizando que las empresas siguen obteniendo sus beneficios.
– La suspensión de los desahucios exige una serie de requisitos burocráticos que hace que los informes de los servicios sociales competentes tarden en llegar, que los Juzgados no tramiten los escritos sin procurador, y que las asistencias jurídicas gratuitas sean lentas y cada vez con más dificultades y trámites a realizar.
– Se amplían las ayudas al alquiler, que posteriormente tendrán que devolver, incluso con el aval del Estado que nuevamente da dinero público conseguido de los impuestos de todos los trabajadores a las entidades privadas de crédito. También se permite el pago aplazado al arrendador durante 3 años desde el fin del estado de alarma y se fracciona su pago.
Como vemos, toda medida de este “escudo” no supone más que un retraso de los costes de la crisis capitalista que otra vez recaerán en los hombros de la clase obrera. La pregunta que el Gobierno se hace es si le tocará gestionar esta mayor presión a los trabajadores al PSOE-UP o al PP.
Si nos fijamos en el porcentaje de población en riesgo de pobreza, según la tasa AROPE, vemos que, en 2008, comienzo de la anterior crisis capitalista, pasa de un 23’80% a un 26’10% en 2010 y a un 26’70%cuando el PP llega al Gobierno. Su pico más alto llega en 2014 con un 29’20%. En 2019 estábamos en un 25’29%, que ha ascendido en 2020 a un 26’40%, estando pendientes los datos de 2021. La tendencia se repite y nos demuestra que los gobiernos socialdemócratas no tienen la capacidad, ni la intención, de evitar que la clase trabajadora siga empobreciéndose.
Por otro lado, los organismos públicos que principalmente se encargan de la gestión y aplicación de estas medidas están absolutamente colapsados y con graves carencias de personal y materiales logísticos. Lo hemos visto con los continuos colapsos del SEPE y con las quejas y denuncias de los trabajadores y trabajadoras de los Servicios Sociales de las diferentes Comunidades Autónomas. A esto se suma la dificultad de muchas personas de realizar trámites online y los recortes y externalización de la asistencia personal que han aplicado muchos organismos con la excusa del COVID-19.
Pero el capitalismo está preparado para todo y, ante el aumento de pobreza, nos insisten con la caridad, con donar el poco dinero que conseguimos. Lo que no nos dicen es que el único escudo social válido para la clase obrera es organizarnos en nuestros barrios y prepararnos para luchar en la calle por nuestra dignidad y futuro.