El 30 de diciembre de 2019 Pedro Sánchez y Pablo Iglesias firmaban el acuerdo de “coalición progresista” que llevó, en enero de 2020, a la investidura del primero y a la conformación del primer Gobierno español de coalición tras la Transición.
Las distintas propuestas recogidas en el acuerdo de Gobierno y las políticas que se han ejecutado a lo largo de estos años no han supuesto una alteración significativa de las condiciones en que se desarrolla la explotación capitalista en España. Al contrario, en su mayoría han supuesto un impulso, una nueva vuelta de tuerca, a la explotación capitalista, la han asentado y la han legitimado aún más ante la mayoría trabajadora.
Las medidas adoptadas en los últimos meses ante el brutal encarecimiento del coste de la vida no abordan ninguno de los problemas de fondo que generan las subidas de precios. Consisten esencialmente en que el Estado asuma el coste de lo que descuenta de los precios de venta, pero quedan inalterados los mecanismos de conformación de precios y los beneficios de los capitalistas.
Con una hábil campaña de propaganda, el Gobierno de coalición socialdemócrata está logrando utilizar el miedo a las consecuencias del capitalismo para apuntalar el capitalismo. El Gobierno aspira a convencer a amplios sectores de la mayoría trabajadora de que sus decisiones se conciben y desarrollan para su beneficio, mientras el objetivo final de esas decisiones, no siempre fácil de ver, es el de generar unas mejores condiciones para el ejercicio de la explotación capitalista en España.
El Gobierno de coalición está cumpliendo el papel histórico de la socialdemocracia.
PSOE y Unidas Podemos utilizaron los temores y las expectativas de amplios sectores de la población para llegar al Gobierno siendo muy conscientes de que sería imposible cumplir las promesas realizadas, pero fomentando con ello la confianza, una vez más, en la solución parlamentaria e institucional a los problemas sociales, que siempre ha sido una trampa para la mayoría trabajadora.
El actual Gobierno es uno de los discípulos aventajados del Fondo Monetario Internacional, cuyas orientaciones sigue prácticamente al pie de la letra. Está plenamente comprometido con salvaguardar el capitalismo en España y en el mundo, con garantizar su continuidad, con fomentar la idea de que una gestión “distinta” del capitalismo va a resolver los problemas que el mismo capitalismo genera.
La socialdemocracia ya no se esfuerza por plantear un modelo capitalista distinto, sino por contener y gestionar las peores consecuencias del capitalismo que hay. La asunción de teorías políticas y económicas incapaces de plantear alternativas al desarrollo capitalista les conduce a un callejón sin salida ante el que tienen que presentar como éxitos lo que no es sino la constatación del fracaso más absoluto de las que eran sus banderas iniciales. Aceptan y promueven cualquier medida destinada a garantizar los intereses, las inversiones y las ganancias de los capitalistas siempre que ésta venga acompañada de algo que puedan vender como un avance a la mayoría trabajadora a la que dicen representar.
El Gobierno de coalición supone la subordinación de la nueva socialdemocracia a la vieja socialdemocracia.
El pacto de Gobierno se elaboró sobre la base del programa electoral del PSOE, al que Unidas Podemos se sometió completamente, perdiendo por el camino algunas de sus propuestas estrella, como la exigencia de derogación de las dos reformas laborales de la década, que finalmente derivó en derogar únicamente “los aspectos más lesivos” de la reforma de 2012.
Los argumentos sobre la correlación de fuerzas parlamentaria y las maniobras para tratar de desmarcarse de cierto tipo de medidas adoptadas en el Consejo de Ministros no ocultan el hecho de que todas las fuerzas de la coalición son corresponsables de todas las políticas aprobadas por el Gobierno.
El Gobierno de coalición recurre al “antifascismo” para legitimarse y para distraer la atención sobre el verdadero carácter de clase de las medidas que adopta.
El crecimiento de las posiciones reaccionarias y más abiertamente procapitalistas es una realidad que procede de múltiples factores, pero entre ellos hay que destacar que existen cada vez más sectores burgueses envalentonados ante lo inocuo de las políticas socialdemócratas, y cada vez más sectores obreros que, ante la continua frustración de las promesas de la socialdemocracia, ante la desconexión entre los discursos y la realidad objetiva, se dejan convencer de que la mejora de sus condiciones de vida y trabajo pasa por el programa de máximos de la burguesía y por adoptar discursos que buscan enfrentar a unos trabajadores con otros.
El verdadero dilema al que se enfrenta la mayoría trabajadora de nuestro país no es entre distintas posibilidades de gestión de la explotación, sino entre las fuerzas que defienden la gestión capitalista, del tipo que sea, y quienes defendemos un modelo de desarrollo distinto, que no esté basado en la explotación de trabajo asalariado.
No aceptamos el capitalismo, porque su supervivencia es nuestra condena.
No aceptamos las condiciones que nos quieren imponer para nuestra vida. No aceptamos seguir sufriendo por saber si podremos calentar la casa o llenar la despensa. No aceptamos que nuestros salarios valgan cada vez menos. No aceptamos que cada vez sea más difícil conseguir cita en el centro de salud, o que nos dejen sin centro de salud. No aceptamos que se considere normal que la empresa nos llame a trabajar cuando le interese y nos mande al paro en los períodos en que no nos necesita. No aceptamos que nuestra estabilidad dependa de los beneficios de los empresarios. No aceptamos que se diga que los intereses de nuestros patrones son los mismos que los nuestros. No aceptamos que se condene a la pobreza a millones de personas para que unas pocas puedan ser escandalosamente ricas. No aceptamos a ninguno de los Gobiernos que nos piden que confiemos en su gestión para resolver nuestros problemas. No aceptamos que se nos diga que esto es lo único que hay.