En los últimos meses, Venezuela ha sido testigo de un acontecimiento que ha sacudido las bases de la democracia y el estado de derecho en el país suramericano: la intervención del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) sobre el Partido Comunista de Venezuela (PCV). Es nuestro deber analizar este hecho desde nuestra perspectiva comunista, y analizar este suceso y comprender sus implicaciones para los camaradas venezolanos, pero también las implicaciones internacionales que supone esta intervención.
La intervención del PSUV sobre el PCV plantea serios interrogantes acerca de la salud de las libertades políticas en Venezuela. La imposición de medidas unilaterales que buscan desestabilizar y desacreditar a un partido político con una trayectoria histórica en la lucha por los derechos de los trabajadores es una afrenta directa a los derechos políticos fundamentales recogidos en la propia constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Esta intervención no solo atenta contra la propia democracia interna del PCV, sino también contra la libertad de organización y participación política de todos los venezolanos.
Esta maniobra no es sino el último volantazo, hasta el momento, de la ofensiva perpetrada por parte del PSUV contra el PCV. Llevamos casi un año ya de una campaña difamatoria y anticomunista por parte de la dirección del PSUV. No debería sorprendernos que las acciones las iniciasen siete ciudadanos de los cuales no hay ninguna sola evidencia que demuestre que sean militantes del PCV. El recurso de amparo es iniciado de forma fraudulenta, ya que los propios demandantes carecen de ningún tipo de legitimación activa, pues no son militantes ni miembros a ningún nivel del PCV. Esta acción, que pudiera parecer mundana, supone la vulneración del principio de autotutela que rige en la tradición jurídica en el caso de los partidos políticos y las asociaciones; un principio que respeta la autonomía del funcionamiento interno de los partidos, así como las resoluciones internas que se estimen necesarias de acuerdo con el cumplimiento de sus estatutos. Y, en ese sentido, los estatutos del PCV cumplen con la legalidad vigente en Venezuela y están correctamente registrados. En el propio recurso de amparo que inició todo el proceso judicial, los demandantes afirman haber agotado todos los mecanismos internos del Partido. Entonces se entendería que se trata de una cuestión de incumplimiento de los estatutos del PCV. Sin embargo, el proceso judicial no versa sobre los estatutos del PCV, sobre su legalidad o sobre los acuerdos del XVI Congreso del PCV. Todo el proceso se centra única y exclusivamente en el derrocamiento de los órganos de dirección del Partido Comunista de Venezuela y su sustitución por siete personas que no son militantes del partido.
En la sentencia, la magistrada ponente exhibe una violación de un supuesto “principio de alternabilidad”, que resulta llamativo ya que en el año 2008, con el Gobierno del PSUV y el apoyo del PCV, se eliminaron las limitaciones de mandatos en Venezuela. Se trata, pues, de un ataque directo a la doctrina del propio tribunal constitucional y del ordenamiento jurídico venezolano. Vemos, así, que asistimos a un ataque al PCV burdo y realizado sin la menor delicadeza. Esto nos coloca en una situación en la que ya no es necesario prácticamente vestir ni vender ningún ataque contra los comunistas. Resulta evidente que se han vulnerado derechos y libertades fundamentales de participación política y de asociación de todos los militantes del PCV, puesto que su dirección, elegida democráticamente en noviembre de 2022 en su XVI Congreso, ha sido sustituida por una dirección impuesta con personas ajenas al partido y conculcando el derecho de defensa del partido.
El ataque al Partido Comunista de Venezuela fue abordado en un Foro Jurídico Internacional el pasado 7 de septiembre en el cual camaradas de diversos partidos comunistas expusieron diferentes valoraciones, y que contó con la participación de Raúl Martínez, miembro del Comité Central del PCTE. Allí se propuso la creación de un equipo de abogados internacional que pueda apoyar al PCV en su defensa ante el ataque perpetrado contra su integridad. Valoramos esta maniobra por parte del PSUV como un ejemplo más de la lucha anticomunista que se despliega a nivel internacional por distintas vías, y debemos prepararnos para posibles recreaciones en otras latitudes, que no serían de extrañar.
Ya lo hemos visto de manera bastante clara en Ucrania, con la persecución del Partido Comunista de Ucrania o con la acusación sin pruebas a los hermanos Kononovich y su arresto domiciliario. En este caso, la campaña anticomunista resulta más evidente y beligerante debido a que responde a unas circunstancias concretas de guerra, que se han aprovechado para señalar nuevamente a los comunistas como el enemigo interno y los traidores a la patria. Y es que el ataque a los militantes comunistas es generalizado a lo largo y ancho del globo. Allá donde se desarrolla el capitalismo siempre tiende a marginalizar, fragmentar o perseguir cualquier tipo de organización obrera, y más concretamente las organizaciones comunistas como forma eficiente para la lucha de clases. En Ucrania se sirve de instrumentos más agresivos porque las circunstancias así lo permiten, y en Venezuela se ha recurrido a un asalto a los derechos constitucionales para socavar la organización obrera e intentar desarticular el PCV.
¿Qué hacer ante esta situación? Solamente cabe organizarse y defender la independencia y la autonomía de los partidos comunistas, así como movilizarse en solidaridad con los camaradas que sufren campañas de persecución política. Son la solidaridad de los pueblos y el internacionalismo los principios por los que debemos guiarnos para poder hacer frente a las numerosas ofensivas que se despliegan y que están por venir. No cabe más que organizar a nuestra clase y aplicar, también acerca de la campaña anticomunista contra el PCV, el lema de la pasada II Universidad de Verano del PCTE: explicar, convencer y organizar.