Y, de nuevo, Gobierno de coalición socialdemócrata. Quienes tenían la llave esta vez, Junts, aceptan regresar al redil de la Constitución y, con la ley de amnistía, constatan el agotamiento de la llamada vía unilateral que venían defendiendo en los últimos años. Un callejón sin salida que ha llevado a la fuerza independentista de Puigdemont a aceptar que todo posible acuerdo durante la legislatura que ahora se abre sea negociado en el marco de la legalidad vigente.
La legislatura se presenta llena de interrogantes. La clave, dejando por ahora al margen a la reacción envalentonada, radica en que la gobernabilidad, es decir, la propia continuación de la legislatura dependerá constantemente del desarrollo autonómico asimétrico, que exigirán Junts, ERC, PNV y Coalición Canaria para garantizar su apoyo al Gobierno de Pedro Sánchez. Traspasos de más competencias, nuevos marcos fiscales autonómicos, desarrollo y profundización de las cuestiones lingüísticas y otros aspectos serán abordados en complicadas negociaciones bilaterales, todo ello en el contexto de una mayoría parlamentaria frágil. Las negociaciones, sus resultados y su proyección mediática tendrán también mucho que ver con las propias pugnas existentes entre las distintas fuerzas nacionalistas e independentistas por la hegemonía en sus respectivos espacios políticos.
Como reflejan los acuerdos alcanzados tanto con Junts y ERC como con el PNV y con CC, el PSOE y Sumar deberán negociar constantemente con las fuerzas nacionalistas e independentistas para llegar a acuerdos, y no cabe duda de que ese desarrollo autonómico asimétrico que estas exigirán será aprovechado por el nacionalismo español, que aprovechará su poder mediático y judicial para torpedear al Gobierno e impulsará, como ya empezaron a hacer tras el anuncio de la ley de amnistía, una batalla en las calles que ahora mismo no pueden ganar en el Congreso. Resultaría trágico que la paz social que viene logrando imponer el Gobierno socialdemócrata no la rompa una mayoría trabajadora que se enfrente al Gobierno capitalista de turno, sino la reacción y elementos fascistas que buscan desalojar a la socialdemocracia y reclamar la gestión del sistema por parte de otras facciones de la burguesía, ante la imposibilidad de lograrlo por la vía electoral y parlamentaria.
Se trata, y conviene no olvidarlo y en esa clave debe articularse una oposición clasista, de acuerdos entre fuerzas burguesas para garantizar la gobernabilidad de un Estado burgués; en ningún caso tiene nada que ver lo que negocien con las condiciones de vida de la mayoría trabajadora. Cambian hoy algunas piezas del tablero respecto a enero de 2020, pero la naturaleza del nuevo Gobierno de coalición será la misma que en la anterior legislatura: un Gobierno que actuará dentro de los márgenes de posibilidad del capital en estos momentos. El acuerdo de Gobierno de PSOE y Sumar implica continuar aplicando con diligencia las recetas de la Unión Europea, que en los próximos años significarán duros ataques contra las condiciones de vida de la mayoría trabajadora en nuestro país; los fondos europeos nunca fueron gratis, y la UE ya viene anunciando últimamente las reformas que exigirá a los distintos gobiernos de los Estados miembro a cambio de aquellos fondos, de cara sobre todo a atajar la deuda pública, que no ha dejado de engordar.
Según algunos incorregibles socialdemócratas, la Unión Europea se ha dado cuenta en esta nueva crisis capitalista de lo equivocada que estuvo y lo mal que actuó en los años de la austeridad, la Troika, la prima de riesgo… En 2020, ante una profunda crisis mundial, soplaron al parecer nuevos aires en la UE: los gobiernos miraron hacia atrás y reconocieron que ahora tocaban otras políticas; no tocaba cargar la crisis a la espalda de los más vulnerables, sino protegerlos, y todos debíamos «arrimar el hombro». Durante estos años, el Gobierno del PSOE y Unidas Podemos ha pretendido sostener esa ficción. Han dificultado que la mayoría trabajadora comprenda la naturaleza y el sentido de las medidas impulsadas por las principales instituciones europeas y mundiales en esta nueva crisis y aplicadas por gobiernos de muy distinto signo político: ayudas directas al consumo (sobre todo, de bienes de primera necesidad) en la primera fase de la crisis para estimular la demanda y permitir la supervivencia de las empresas y ahora, una vez sorteada esa fase, retirada de las ayudas a los más vulnerables y estímulos a las empresas que hayan permanecido en pie. Estos estímulos suponen, por un lado, facilitar el incremento de la tasa de explotación de la clase obrera y, por otro, renovar el capital constante y fomentar el crecimiento de las exportaciones y la apertura de nuevos mercados.
En España asistiremos a una creciente polarización, a una agudización de la batalla parlamentaria y mediática entre las fuerzas nacionalistas e independentistas y la reacción, que no ha perdido tiempo en hablar de «golpe de Estado» y «dictadura». Y, en el medio, una socialdemocracia equilibrista, tendiendo la mano a aquellas y erigiéndose frente a la reacción en los guardianes de «la democracia», mostrando con orgullo su «sentido de Estado», su «modernización» de España, que no significa sino adecuación del capitalismo español a las necesidades del capital internacional y plena integración de nuestro país en las distintas alianzas imperialistas para defender de la mejor manera posible los intereses de los monopolios españoles. Desvelemos, pues, el sentido tras cada una de las medidas del nuevo Gobierno, que empobrece a la mayoría trabajadora frente a los capitalistas, que bate el récord de gasto militar, que ampara la masacre del pueblo palestino, que ahoga las aspiraciones de autodeterminación del pueblo saharaui… Acabemos con la paz social que constriñe nuestras aspiraciones, levantemos un movimiento obrero y popular que ejerza una oposición clasista en los centros de trabajo, en los centros de estudio, en las calles.