¿Negocio para unos pocos o bienestar para muchos? Es una pregunta que todo gobernante debería hacerse antes de adoptar cualquier medida, y para la que el Ayuntamiento de Madrid tiene una respuesta clara: negocio sobre todas las cosas. Las cocinas fantasma son el último ejemplo de ello, y el último ataque a los derechos de los vecinos y vecinas de Madrid.
Tras varios años de progresiva implantación en nuestra ciudad, de forma semi-clandestina en muchos casos, Almeida y sus socios han decidido, mediante la aprobación de una nueva normativa que regulariza las cocinas fantasma de manera definitiva, consolidar un negocio que ocasiona graves perjuicios a los barrios afectados. Por una parte, supone un paso más en el proceso de mercantilización de la vivienda que venimos sufriendo desde hace años en la capital, con el consiguiente encarecimiento de los precios. Ya sean cocinas fantasma, pisos turísticos o meros instrumentos de especulación, las viviendas van dejando de ser un hogar para convertirse en una fuente de beneficios cada vez más agresiva para la mayoría trabajadora. Así, los propietarios de vivienda buscan cada vez mejores condiciones para la especulación y los distintos gobiernos, lejos de impedírselo, fomentan ese modelo, dejando así claro en qué bando están.
Por otro lado, la existencia de las cocinas fantasma causa infinitud de problemas que afectan a nuestra calidad de vida. Fuertes olores, presencia masiva de repartidores en los portales, suciedad, pérdida de plazas de aparcamiento o el mencionado incremento del alquiler son algunas de las consecuencias que tenemos que sufrir en nuestro día a día. El Ayuntamiento de Madrid se justifica con el clásico y manido argumento de que «se crea riqueza». No vamos a ser nosotros quienes lo neguemos, pero sí cabe preguntarse: riqueza ¿para quién? Si observamos a dónde va a parar esa riqueza, no encontraremos más que multinacionales en paraísos fiscales, fondos buitre o grandes propietarios, mientras quienes trabajan preparando o repartiendo esa comida no reciben más que un salario mínimo que apenas da para mantenerse, cuando no son contratados bajo la figura del falso autónomo; además, quienes viven en los barrios donde se instalan estos negocios ven gravemente perjudicadas sus condiciones de vida.
Arganzuela, Tetuán o Prosperidad son solo algunos de los barrios afectados hasta ahora, pero se trata de un negocio en continua expansión que amenaza a muchos otros barrios y ciudades. Tanto el Ayuntamiento de Madrid y la Comunidad de Madrid, gobernados por el PP, como el Gobierno central, en manos de PSOE y Sumar, han dejado claro que no van a poner freno a este tipo de negocio tan invasivo, por lo que solo nos queda confiar en lo único que ha funcionado siempre a la hora de conquistar derechos y defender nuestras condiciones de vida: la lucha colectiva y la organización popular. En Madrid ya tenemos el primer ejemplo de éxito, con el cierre de la cocina fantasma situada junto al colegio público Miguel de Unamuno, en Arganzuela, conseguido gracias a la lucha y la movilización popular. Que sea el primero de muchos.