El inicio de un nuevo año vuelve a situarnos ante una realidad conocida para la clase trabajadora: promesas institucionales, discursos de estabilidad y, al mismo tiempo, un empeoramiento material de nuestras condiciones de vida. Enero llega con su conocida «cuesta», pero este año lo hace agravada por una subida sostenida de los precios de la canasta básica y por una crisis de la vivienda que se ha convertido en uno de los principales mecanismos de expolio del salario. En paralelo, se abre un nuevo ciclo electoral en varias comunidades autónomas que vuelve a evidenciar la bancarrota política del régimen y de las fuerzas que lo sostienen.
Extremadura, Castilla y León, Aragón y Andalucía están siendo escenarios de una disputa electoral marcada por el desgaste acelerado del PSOE, el crecimiento de la extrema derecha y la desorientación del espacio situado a la izquierda del Partido Socialista. El auge de VOX no puede entenderse sin analizar el papel del PSOE como principal gestor de todo aquello que la burguesía tiene en común durante los últimos diez años. Hoy, además, ese partido aparece salpicado por una corrupción cada vez más inocultable: responsables de organización en prisión preventiva, el expresidente de la SEPI implicado en tramas opacas y los informes de la UCO que apuntan a redes de clientelismo y financiación irregular. No se trata de «manzanas podridas», sino de la expresión normal de un partido orgánicamente ligado al Estado burgués y a los intereses empresariales.
Este escenario de descomposición institucional y progresiva reducción de la calidad de vida de la clase es aprovechado por la extrema derecha, que canaliza el malestar social con un discurso reaccionario, xenófobo y antiobrero. Pero su crecimiento también es consecuencia directa de la incapacidad del espacio a la izquierda del PSOE para ofrecer una alternativa real. Podemos, Izquierda Unida y Sumar continúan atrapados en disputas internas y en lecturas interesadas de los resultados electorales. El caso de Extremadura es ilustrativo: el relativo avance de Unidos por Extremadura, en un contexto de hundimiento histórico del PSOE, ha dado lugar a interpretaciones contradictorias. Podemos afirma que el crecimiento se debe a no concurrir con Sumar; Sumar sostiene que la clave está en la unidad de todos. Sin embargo, los datos son tozudos: Unidos por Extremadura gana en torno a 20.000 votos, mientras el PSOE pierde más de 100.000. Estamos ante un avance pírrico que no compensa la desmovilización masiva del electorado obrero y popular ni construye una alternativa de poder real.
Mientras las fuerzas parlamentarias se enredan en cálculos electorales, la vida cotidiana de la clase trabajadora se vuelve cada vez más difícil. La llamada «cuesta de enero» no es una fatalidad estacional, sino el resultado directo de la subida continuada de los precios de los bienes básicos. En el último año, productos esenciales como los huevos han incrementado su precio en torno a un 30 %, mientras los salarios permanecen estancados o crecen muy por debajo de la inflación real. A esto se suma la crisis de la vivienda: alquileres disparados, hipotecas asfixiantes y una oferta cada vez más orientada a la especulación y al turismo, con el beneplácito de las administraciones públicas.
Estos problemas no pueden abordarse desde una perspectiva limitada al consumo, como si se tratara únicamente de «regular precios» o de aplicar parches fiscales. La cuestión de la canasta básica y la vivienda está directamente ligada al salario y, por tanto, a la posición de la clase trabajadora en el proceso productivo. Sin organización en los centros de trabajo, sin capacidad de imponer subidas salariales reales y sin fuerza colectiva para disputar la distribución de la riqueza, cualquier medida sobre precios será parcial y reversible. La pérdida de poder adquisitivo se convierte en una transferencia de renta del trabajo al capital, facilitada por la desorganización y fragmentación de la clase obrera.
En el plano internacional, el comienzo del año sigue marcado por la barbarie imperialista. El genocidio contra el pueblo palestino continúa, pese a los supuestos altos el fuego promovidos por Estados Unidos y aceptados por Israel solo como maniobras tácticas. La agresión no se ha detenido; se ha administrado. Gaza sigue siendo objeto de exterminio y desplazamiento forzoso, y todo apunta a que Cisjordania y Jerusalén Este serán las siguientes en sufrir una intensificación de la violencia. Nada de esto puede entenderse como un «conflicto entre partes», sino como una política colonial y genocida amparada por la UE, la OTAN y los EE. UU. La solidaridad internacionalista con Palestina sigue siendo una tarea irrenunciable, así como la denuncia de la hipocresía del Gobierno español, que habla de derechos humanos mientras avala la falsa paz imperialista y mantiene intactas sus alianzas militares y económicas.
En este contexto, las tareas de nuestro partido deben abordarse con claridad y síntesis. La prioridad estratégica es profundizar en el giro obrero del Partido: reforzar nuestra presencia estable en el proletariado, en los centros de trabajo y en los sectores clave de la producción. Sin esta base material, no hay Partido revolucionario ni posibilidad de unificar políticamente a la clase trabajadora. Ligado a ello, es fundamental seguir fortaleciendo la intervención sindical desde posiciones clasistas y combativas, así como avanzar en la organización específica de las mujeres trabajadoras.
Junto al prioritario trabajo en los centros de trabajo, es necesario consolidar la intervención en los barrios obreros a través de la red de Centros Obreros y Populares y del trabajo vecinal, construyendo organización allí donde se expresan contradicciones derivadas de la relación capital-trabajo. Todo ello debe complementarse con una intervención más decidida contra las guerras imperialistas y contra la pertenencia de España a alianzas como la OTAN, así como con un trabajo ideológico y formativo sistemático que dote a la militancia de herramientas para afrontar los desafíos del período. En un contexto de creciente represión, tampoco puede olvidarse la necesidad de desarrollar mecanismos de seguridad y protección de la militancia y su entorno.
La juventud trabajadora será protagonista de estas tareas. A finales de este mes se celebra el XII Congreso de los Colectivos de Jóvenes Comunistas, que concreta en este terreno la línea política emanada del III Congreso del PCTE. En un escenario de precariedad estructural, salarios de miseria y ausencia de expectativas, la organización revolucionaria de la juventud no es una cuestión secundaria, sino una necesidad estratégica.
Enero no trae soluciones fáciles, sino la confirmación de que la ofensiva del capital se profundiza. Frente al avance de la reacción, la política belicista y el ataque a nuestras condiciones de vida, la única salida posible pasa por construir fuerza organizada en el seno mismo de la clase trabajadora, en el espacio productivo. Ese es el camino y el desafío que tenemos por delante.