Primero fue Massimo Dutti; después, Oysho; y, finalmente, el pasado mes de febrero, Bershka. Una misma calle en Logroño, tres cierres y más de 20 trabajadoras que han visto sus puestos de trabajo desaparecer.
Los cierres se inscriben en un acuerdo estatal firmado por la empresa con los sindicatos mayoritarios (UGT y CCOO), donde se recoge la prioridad del comercio online y, por tanto, la necesidad de un proceso de reestructuración de su modelo productivo y, en consecuencia, de su plantilla. Esta reestructuración ha tenido como consecuencia, en el caso del grupo Inditex, la clausura de más de 130 tiendas en el Estado, con sus consiguientes despidos, y la concentración de las que continúan abiertas en grandes superficies.
El acuerdo firmado, tal y como denuncia CGT, contiene medidas insuficientes, notificaciones tardías a las trabajadoras, incumplimiento de plazos de preaviso y ofertas de recolocación imposibles de asumir fuera del territorio. El papel lo resiste todo, pero la realidad con la que se han encontrado las trabajadoras es muy sencilla: si quieres mantener tu trabajo, te tienes que ir fuera de La Rioja. Una cuestión que, teniendo en cuenta la situación familiar y personal de muchas de ellas, supone verse abocadas a rescindir su contrato de trabajo.
Sin embargo, el problema no sólo radica en el contenido del acuerdo firmado. La firma, en sí misma, de acuerdos que legitiman la destrucción de empleo bajo cualquier argumento –en este caso, el de la «modernización»– es inasumible. En lugar de actuar como sindicatos de clase, funcionan en muchos casos como simples mediadores entre la patronal y las trabajadoras. Queda su papel reducido a una mera gestión de la derrota de clase y actúan amainando las aguas, es decir, canalizando el conflicto hacia soluciones compatibles, en última instancia, con la rentabilidad empresarial y justificándoselo a las trabajadoras bajo el pretexto de haber conseguido «la máxima indemnización posible».
Estos cierres son un ejemplo claro de cuáles son las prioridades del capital y de cómo las decisiones estratégicas de los empresarios se imponen sistemáticamente sobre las condiciones de vida de las y los trabajadores, primando el mantenimiento y aumento de sus beneficios. En una región como La Rioja, de tamaño reducido, donde las posibilidades de recolocación en el sector del comercio textil son limitadas, cada cierre adquiere un carácter especialmente grave en lo que respecta a las trabajadoras, por la incertidumbre en torno a su futuro laboral. En su mayoría, mujeres con una antigüedad elevada en cada una de las marcas que ahora cierran ven dificultado el acceso a otro puesto de trabajo similar en la región, con lo que se quedan en una situación de grandísima desprotección. La destrucción de estos puestos de trabajo se traduce en desempleo prolongado, precarización o expulsión hacia sectores aún más inestables, incluso la expulsión definitiva del mercado laboral.
Este extremo pone de relieve la dimensión de género de la explotación capitalista. El hecho de que la mayoría sean mujeres no es casual, sino estructural. El capital ha encontrado históricamente en el trabajo femenino una fuente de mano de obra más barata, más flexible y más fácilmente precarizable. De hecho, según datos del Instituto Nacional de Estadística, el 62 % de las personas empleadas en el sector del comercio al por menor son mujeres. Así mismo, en base a lo descrito por el Observatorio de Igualdad y de Empleo, este sector es uno de los que concentra mayor brecha salarial de género y salarios generales por debajo de la media nacional.
La realidad vivida por las trabajadoras de Inditex refleja de forma muy clara las contradicciones inherentes al sistema: el capital reorganiza constantemente la producción para incrementar la productividad y la tasa de beneficio, mientras que la fuerza de trabajo se convierte en una variable ajustable dentro de ese proceso. A mayor automatización y digitalización, menor necesidad de mano de obra directa; es decir, a más máquinas, menos trabajadoras. Como en todo proceso de reestructuración de la cadena productiva bajo el capitalismo, las medidas siguen la lógica de la maximización de beneficios, desplazando las necesidades de las trabajadoras.
Pero no nos dejemos engañar: la tecnología, lejos de ser el problema, podría ser una herramienta para reorganizar la producción en función de las necesidades sociales, garantizando empleo, reduciendo la jornada laboral y mejorando las condiciones de vida. Sin embargo, es su uso y los intereses de quienes la emplean lo que provoca que la expansión del comercio digital, lejos de mejorar las condiciones laborales o la estabilidad del empleo, esté orientada a optimizar la rentabilidad. La tecnología es utilizada como herramienta para intensificar la explotación y reducir plantillas de forma sistemática. Y esto trae consigo un impacto sobre las condiciones de vida de las trabajadoras que aparece como un «daño colateral inevitable» dentro de la lógica empresarial. La aparente inevitabilidad de los cierres y despidos debe ser cuestionada y es necesario desterrar la idea de que «no hay alternativa», dado que forma parte del aparato ideológico del capitalismo presentar sus propias dinámicas como leyes naturales inmutables.
Así, lo ocurrido en la Calle San Antón no es simplemente el cierre de varias tiendas, sino una manifestación concreta de las contradicciones del sistema capitalista: el desarrollo de las fuerzas productivas, en este caso, la digitalización del comercio, entra en conflicto con las condiciones de vida de quienes lo producimos todo: las y los trabajadores. Mientras la tecnología podría servir para reducir jornadas y mejorar la vida de la clase obrera, bajo el dominio del capital se convierte en un instrumento para aumentar la acumulación y desplazar a quienes quedan fuera del proceso productivo.
Mientras la producción siga en manos de unos pocos y orientada a la obtención de beneficios privados, cualquier avance tecnológico será utilizado para aumentar la explotación. Por eso, se hace necesaria la socialización de los medios de producción y la planificación de la economía en base a las necesidades sociales.
Lo vivido por las trabajadoras de Inditex en La Rioja no es un hecho aislado, sino una expresión de las contradicciones estructurales del capitalismo en su fase actual. Poco tiene que ofrecernos la socialdemocracia en la tarea de dignificar nuestras condiciones laborales, y este conflicto da buen testimonio de ello, cuando hasta los sindicatos que prometen defender nuestros derechos actúan como garantes de la paz social. Nuestra tarea, la del conjunto de la clase, es clara: organización y solidaridad obrera en cada centro de trabajo, en cada sector de actividad y en cada región.