Desde el barrio obrero del Sector Sur de Córdoba (uno de los de menor renta del Estado) hasta su actual residencia como médico en formación en Granada, Adrián García encabeza la candidatura del PCTE en Andalucía. En esta entrevista analiza la situación de la región y plantea la necesidad de construir una «oposición obrera».
Nuevo Rumbo (en adelante, NR): Eres médico residente, vienes del Sector Sur de Córdoba y encabezas la candidatura del PCTE. ¿Qué te lleva a dar este paso en este momento?
Adrián García (en adelante, AG): Realmente, no es más que la consecuencia lógica de años de militancia. Como dices, vengo del Sector Sur, es decir, nací y me crié en un barrio obrero, lo cual me dio conciencia de clase desde bien pronto. Primero, desarrollé mi militancia en el movimiento estudiantil durante mi etapa formativa y ahora, como médico residente, mi conciencia comunista no ha hecho más que aumentar al convivir con la precariedad en el sistema sanitario y, sobre todo, ver muy de cerca cómo tu salud depende en última instancia de la clase social a la que perteneces. Por todo ello, soy comunista y milito en el PCTE, y encabezar esta candidatura no deja de ser una tarea más en mi militancia diaria.
NR: Andalucía arrastra desde hace décadas altos niveles de paro, precariedad y pobreza. ¿Cómo lees esta realidad hoy?
AG: Efectivamente, no es un problema que haya comenzado desde la entrada del PP en la Junta, sino que se trata de un problema estructural profundamente arraigado en el modelo económico de Andalucía. Hablamos de un modelo productivo basado en la atracción de capital a través de bajos costes laborales y escaso valor añadido. Este modelo garantiza la rentabilidad de grandes empresas y propietarios a costa de una elevada temporalidad y bajos salarios. Como consecuencia, amplias capas de la población trabajadora andaluza no solo tienen dificultades para acceder a un empleo estable, sino que, incluso trabajando, permanecen en situaciones de pobreza, con tasas de riesgo de exclusión que superan el 35 % en la comunidad. Las políticas públicas, lejos de revertir esta dinámica, han contribuido a sostenerla mediante incentivos al mismo patrón productivo y una gestión de la pobreza centrada en medidas asistenciales que no alteran sus causas. Por tanto, la lucha contra estas realidades pasa por articular una respuesta organizada de la clase trabajadora que vincule empleo, salarios y condiciones de vida, enfrentando un sistema que necesita de la precariedad y el desempleo para sostenerse. Sin esta perspectiva, cualquier propuesta quedará limitada a gestionar la pobreza sin poner fin a las condiciones que la producen.
NR: El problema de la vivienda se ha convertido en central en ciudades como Málaga o Sevilla. ¿Qué está ocurriendo y cómo se explica esta situación?
AG: El acceso a una vivienda digna se ha convertido en una imposibilidad material para amplias capas de la clase trabajadora. En una comunidad donde el precio medio del alquiler supera ya los 9–10 €/m² (con ciudades como Málaga o Sevilla por encima de los 11–13 €/m²) y donde el esfuerzo salarial necesario para pagar una vivienda consume más del 40 % de los ingresos de muchos hogares, la realidad es que los salarios no permiten ni alquilar ni acceder a una hipoteca. El resultado es claro: nos vemos obligados a compartir vivienda, retrasar la emancipación o vivir en condiciones cada vez más precarias. Nuevamente, no se trata de un problema coyuntural ni que pueda resolverse de forma aislada mediante reformas parciales dentro del sistema, sino que responde a un problema estructural: la subordinación de una necesidad básica como la vivienda a la lógica del beneficio, en cuanto que funciona como mercancía dentro del capitalismo. Por tanto, nuestra tarea no debe ser simplemente regular el mercado o limitar abusos, sino organizar a la clase trabajadora de forma independiente para confrontar las bases materiales que generan esta situación, vinculando la lucha por la vivienda a la lucha general contra la precariedad, los bajos salarios y el modelo económico existente.
NR: Desde tu experiencia como sanitario, ¿cuál es el estado actual de la sanidad pública andaluza? ¿Qué hay detrás de situaciones como la crisis de los cribados o la sobrecarga en atención primaria?
AG: La sanidad andaluza se encuentra en una situación crítica. De una parte, existe un empeoramiento de las condiciones laborales de los sanitarios, que ha repercutido en la pérdida de miles de profesionales; en concreto, más de 5.000 desde 2022. Por otra parte, el deterioro de la atención llega a unos niveles no conocidos hasta ahora. Podemos hablar, por ejemplo, de la situación de la atención primaria, base y puerta de entrada al sistema, sumida en una situación límite, con agendas saturadas, falta de recursos y demoras crecientes, realidad con la que convivo día tras día al ser residente de medicina familiar y comunitaria. Sin embargo, no es un deterioro casual, pues la otra cara de la moneda es el aumento sostenido del gasto sanitario destinado a conciertos y derivaciones a la sanidad privada en la última década.
Por un lado, el deterioro deliberado de los servicios públicos empuja a la población hacia opciones privadas ante la imposibilidad de recibir atención en tiempo y forma; por otro, se consolidan las externalizaciones y los conciertos como vía de transferencia directa de recursos públicos a grandes empresas del sector sanitario. El resultado es una progresiva privatización de facto, donde lo público pierde capacidad mientras lo privado gana peso y rentabilidad. Esta situación supone un ataque directo a las condiciones de vida de la mayoría social. La sanidad pública no es un servicio accesorio, sino una parte fundamental del salario indirecto de la clase trabajadora, financiada con la riqueza que esta genera. Por ello, la defensa de la sanidad no puede limitarse a exigir más recursos o mejor gestión dentro del mismo marco, sino que debe orientarse a frenar la privatización, revertir las externalizaciones y fortalecer una respuesta organizada que sitúe la salud como un derecho y no como un espacio de negocio.
NR: La Junta ha impulsado medidas como la LUPA y la apertura de nuevas universidades privadas. ¿Cómo valoras estos cambios en el sistema educativo andaluz?
AG: La LUPA supone, en la práctica, el aumento de la presencia de la empresa privada en la universidad pública, al contemplar entre sus principales ejes el aumento de la financiación privada de las universidades públicas o el ajuste de la oferta de grados con base en su rentabilidad. Por su parte, la universidad privada no para de aumentar en Andalucía, con datos como la apertura de hasta tres nuevos centros privados en Málaga en el presente curso. Paralelamente, la universidad pública continúa con problemáticas como la falta de materiales y recursos, mala situación de las infraestructuras o retrasos en pagos a personal docente. Es decir, la universidad es contemplada como una opción de negocio, ampliando la inversión privada del capital en este sector.
NR: Mientras tanto, se percibe también un aumento del discurso antiinmigración. ¿Cómo interpretas este fenómeno en el contexto actual?
AG: La cuestión de la inmigración en Andalucía no puede entenderse al margen de las condiciones materiales en las que se inserta la clase trabajadora. Frente al discurso dominante que presenta a la población migrante como un problema de seguridad o como una carga social, la realidad muestra que constituye uno de los sectores más explotados del mercado laboral. Lejos de recibir ayudas, la mayoría ni siquiera puede acceder a ellas, debido a los requisitos legales que exigen años de residencia y empleo formal previo, configurando un sistema que empuja a la irregularidad y facilita su sobreexplotación. Este escenario no es accidental, sino funcional a un modelo económico que necesita mano de obra barata y desprotegida para sostener sectores enteros. Al mismo tiempo, se construye una narrativa ideológica (amplificada por determinados medios y fuerzas políticas) que desvía el malestar social hacia la población migrante, ocultando a los verdaderos responsables: la patronal que se beneficia de esta explotación y un marco legal que la permite. En paralelo, el auge de discursos reaccionarios y la normalización de prácticas de carácter parapolicial cumplen la función de disciplinar y dividir a la clase trabajadora, enfrentando a trabajadores entre sí. Desde una perspectiva de clase, la inmigración no es un problema, sino una expresión de la misma realidad que afecta al conjunto de la clase trabajadora.
NR: En un contexto internacional marcado por la guerra y el aumento del gasto militar, ¿qué papel juega Andalucía en este escenario y cómo afecta esto a la clase trabajadora andaluza?
AG: Actualmente, Andalucía se sitúa como la segunda comunidad autónoma en lo que respecta al desarrollo industrial-militar, aglutinando al 22 % de las empresas de defensa del país, con una facturación de unos 3.421 millones de euros, que representa el 30 % de la facturación nacional de la industria militar. Entre estas empresas, cabe destacar el caso de Navantia, en la bahía de Cádiz, con un papel esencial en la producción de buques de guerra. Junto a esto, tenemos que tomar en consideración proyectos como la base logística del Ejército de Tierra en Córdoba, con una inversión estimada de más de 1.000 millones de euros, o la presencia de importantes bases militares, como las bases de Rota y Morón de la Frontera.
NR: ¿Cómo analizas el papel que está jugando la llamada izquierda a la izquierda del PSOE de cara a las elecciones andaluzas?
AG: El panorama es francamente desolador a la vez que clarificador. El proceso de conformación de la coalición Por Andalucía, marcado por las alianzas tácticas y las disputas entre siglas, ha dejado entrever cómo su principal preocupación es asegurar presencia institucional, cuotas de poder o simple supervivencia electoral. Más allá de esto, debemos ser claros: los años de gestión en el Gobierno central a través de Unidas Podemos y Sumar han demostrado que, incluso con responsabilidad institucional, se limitan a negociar dentro del marco del sistema, sin alterar las políticas que benefician al capital.
Por su parte, Adelante Andalucía cuenta con un discurso de corte más anticapitalista que contrasta francamente con los años de gestión en el ayuntamiento de Cádiz, marcada por la adaptación a los márgenes de lo posible en este sistema. Lo cierto es que sus discursos de confrontación en el Parlamento y sus vídeos en redes sociales se quedan en pura retórica. La lucha por la vivienda, por el salario y por los derechos de los trabajadores no se gana con palabras bonitas en el Parlamento, sino mediante organización, implantación territorial y compromiso real con la clase obrera, cuestión completamente ausente en su acción. Allí donde no hay base obrera, la propuesta se queda en proyecto de catálogo.
NR: El PCTE habla de construir una «oposición obrera». ¿Qué significa ese planteamiento y qué implica en la práctica?
AG: Nuestra propuesta es clara y honesta: no aspiramos a gestionar mejor un sistema injusto. Entendemos que las elecciones por sí solas no cambian las relaciones de poder, pues el día después de votar los empresarios seguirán siendo empresarios, los grandes propietarios seguirán siendo propietarios y la precariedad seguirá marcando la vida de cientos de miles de trabajadores y trabajadoras en Andalucía. Por eso, nuestro programa no es un programa electoral al uso, no es un catálogo de promesas ni una carta dirigida al próximo Gobierno andaluz. Es un programa de lucha, una herramienta pensada para todas aquellas personas que no se resignan a que su vida siga empeorando bajo distintos gestores del mismo sistema. Así, desde el PCTE llamamos a construir esa oposición obrera. Es decir, llamamos a dejar de delegar la defensa de nuestras condiciones de vida en quienes solo saben gestionar su deterioro y, por contra, empezar a reconstruir una oposición organizada, consciente y combativa frente al sistema que nos explota.
NR: Para cerrar, ¿qué le dirías a quien mira la situación actual y siente que nada cambia?
AG: Le diría que tiene razón. Mientras no cambiemos la base que sustenta esta sociedad, es decir, un sistema basado en la explotación de una mayoría social donde todo interés está sometido al beneficio económico de unos pocos, no podremos revertir por completo nuestra miseria. Mientras tanto, solo hay una opción: organizarnos. Organizarnos en nuestros centros de trabajo, en los centros de estudio, en nuestros barrios; organizarnos, en definitiva, para construir esa oposición obrera que haga frente a los ataques venideros. Hay mucho trabajo por hacer para construir esa oposición obrera, pero cada toma de posición es un pequeño pero decisivo avance. Confiemos, pues, en nuestras propias fuerzas.