Se repite la escena. Cambian los frentes, cambian los nombres de las operaciones militares, cambian los portavoces y los pretextos diplomáticos, pero el resultado material vuelve a ser el mismo para la clase trabajadora: carestía, pérdida de poder adquisitivo, salarios que no acompañan la subida de precios y una nueva ronda de decretos «anti-crisis» con los que el Gobierno pretende presentarse como escudo frente a un problema que no combate en su raíz.
Ayer fue la guerra en Ucrania. Hoy es la escalada en Oriente Medio. Mañana será otro conflicto. Lo decisivo no es el nombre concreto de cada guerra, sino que el capitalismo en su fase imperialista convierte el conflicto permanente en un rasgo estructural. Y cuando la guerra se convierte en normalidad, la inflación, la incertidumbre y el empeoramiento de las condiciones de vida dejan de ser excepciones para convertirse en consecuencias previsibles.
El discurso oficial presenta estas crisis como fenómenos externos que irrumpen sobre una economía supuestamente sana. Pero lo cierto es que las guerras impactan directamente en la energía, en el transporte y en las materias primas, y trasladan su coste a la vida cotidiana de la mayoría social.
Eso es precisamente lo que reconocen los propios reales decretos. El Real Decreto-ley 1/2025 sitúa el origen de muchas medidas en las consecuencias de la guerra en Ucrania, recordando los sucesivos paquetes aprobados desde 2022 para contener precios y sostener sectores. El Real Decreto-ley 16/2025 insiste en la persistencia de los efectos derivados de conflictos internacionales y el Real Decreto-ley 7/2026 vincula directamente la crisis en Oriente Medio al encarecimiento del petróleo y del gas, a la disrupción de rutas estratégicas y a la presión inflacionaria.
La cadena es conocida: primero estalla la guerra, después suben la energía y los costes productivos, más tarde se encarecen los alimentos y los bienes básicos, y finalmente ese incremento se descarga sobre la clase trabajadora. En esa cadena, el combustible ocupa un lugar central. Se trata del punto de partida de la transmisión de costes a toda la economía. El encarecimiento del petróleo y del gas impacta en el transporte, en la producción industrial y en la distribución de alimentos, multiplicando su efecto sobre el conjunto de precios. Por eso, cada subida en los combustibles termina repercutiendo en la cesta de la compra y en los bienes básicos.
Basta una mirada a los datos recientes para entender lo ocurrido. Según el INE, la inflación en España alcanzó en 2022 tasas cercanas al 10 % interanual en los momentos de mayor tensión derivados de la guerra en Ucrania. Energía y alimentación tiraron especialmente de esa subida, con incrementos acumulados muy elevados en productos básicos.
Posteriormente llegó la llamada «moderación». El Gobierno insistió en que la inflación bajaba. Pero conviene recordar que una menor inflación no significa precios más bajos, sino precios que siguen subiendo a menor ritmo. El propio Real Decreto-ley 16/2025 reconoce esa senda, situando la inflación en torno al 2,4 % en 2025. Pero esa moderación se produce sobre una base ya encarecida. Lo que subió no volvió a bajar. La cesta de la compra, la energía o el transporte permanecen en niveles mucho más altos que antes de la crisis.
Con la nueva escalada en Oriente Medio, el proceso amenaza con repetirse. El Real Decreto-ley 7/2026 recoge subidas bruscas en los precios energéticos –con incrementos del gas superiores al 40 % en momentos puntuales y el petróleo superando los 100 dólares–. Es decir, nueva presión inflacionaria sobre una base ya elevada.
El problema no es solo que los precios suban. Es que los salarios no lo hacen al mismo ritmo. Durante estos años, y pese a incrementos puntuales, las subidas salariales medias en convenio se han situado por debajo del impacto inflacionario acumulado. El resultado es una pérdida real de poder adquisitivo que se arrastra desde 2022 y que no se ha recuperado. La clase trabajadora consolida su retroceso.
Este desfase es la forma en la que opera el sistema. Cuando los precios suben más que los salarios, se produce una transferencia de renta desde el trabajo hacia el capital. El trabajador paga más por vivir, mientras los márgenes empresariales se mantienen. Por eso, la vinculación de salarios al IPC no es una reivindicación técnica, sino una necesidad básica de defensa. Sin ella, cada crisis inflacionaria se convierte en una rebaja salarial encubierta.
Frente a esta situación, el Gobierno despliega una batería de medidas que se repiten en cada crisis: rebajas del IVA, ayudas directas, bonificaciones al transporte, ampliación del bono social. El Real Decreto-ley 1/2025 mantiene descuentos en transporte y medidas sociales. El Real Decreto-ley 16/2025 prorroga ayudas energéticas y garantías de suministro. El Real Decreto-ley 7/2026 vuelve a combinar rebajas fiscales y ayudas a sectores afectados.
Estas medidas pueden aliviar parcialmente la situación, pero no modifican el problema de fondo. No cambian quién controla la energía ni cómo se fijan los precios. No garantizan salarios suficientes. No revierten la pérdida acumulada. Su función es otra: contener el malestar social lo suficiente para que la estructura económica siga funcionando. Del mismo modo que se dice «no a la guerra» pero se mantienen relaciones diplomáticas, comerciales y defensivas con los países que las promueven.
Todo esto se inscribe en una tendencia más profunda: la militarización de la economía. No solo en términos de gasto en defensa, sino en la reorganización de prioridades económicas en función del conflicto internacional.
El Real Decreto-ley 7/2026 vincula la política energética a la «seguridad nacional» y a la necesidad de reducir la dependencia exterior. Se habla de resiliencia, de sectores estratégicos, de electrificación acelerada. No es un lenguaje inocente. Refleja una economía cada vez más subordinada a las exigencias de la competencia entre potencias. Se planifican recursos, se priorizan inversiones, se reorganizan sectores, pero no en función de las necesidades sociales, sino de la capacidad del capital para adaptarse a un entorno de conflicto permanente.
La secuencia es demasiado clara como para hablar de casualidad: guerra, subida de precios, decretos de emergencia, contención social y nueva normalidad empobrecida. El Real Decreto-ley 1/2025 habla de múltiples paquetes desde 2022. El Real Decreto-ley 16/2025 prorroga medidas. El Real Decreto-ley 7/2026 introduce un nuevo plan. Cada guerra genera su decreto, pero la estructura permanece intacta.
El problema no es la falta de medidas, sino el sistema que las hace necesarias. Mientras la economía siga organizada en torno a la competencia entre potencias y capitales, las guerras seguirán generando inflación, carestía y precarización. Y, mientras eso ocurra, la clase trabajadora seguirá pagando la factura. El déjà vu no es una coincidencia. Es una advertencia. La cuestión es si se seguirá aceptando como inevitable o si, esta vez, se empezará a disputar.