Cada nuevo caso de corrupción produce en la política española una ceremonia que parece ensayada. Primero llega la sorpresa fingida; luego, la indignación en las tertulias; y, finalmente, la exigencia de responsabilidades al partido contrario. Lo último es el cierre en falso, unas dimisiones, declaraciones solemnes, promesas de regeneración y la maquinaria funcionando a tope de nuevo al día siguiente.
Ahora aparece el nombre de Zapatero en un auto judicial en el que se dibuja un escenario de sociedades, intermediarios, contactos, oficinas, empresas buscando financiación pública, supuestos servicios de asesoría y nombres que abren puertas que pertenece al paisaje habitual del poder en España.
Lejos de ser una anomalía, parece cada vez más claro que nos encontramos ante el funcionamiento normal de una economía en la que los grandes negocios dependen del Estado y el Estado funciona como una ventanilla privilegiada para los grandes negocios.
Competencia, mérito, innovación, riesgo… las grandes palabras de la propaganda capitalista quedan en nada cuando compiten contra la agenda de antiguos altos cargos gubernamentales. Los expresidentes o los antiguos ministros no salen simplemente de la política. Muchas veces se reciclan como capital político acumulado. Su nombre vale. Su teléfono vale. Su capacidad de entrar donde otros no entran vale. Y todo eso, en una sociedad donde todo se compra y se vende, termina encontrando una forma mercantil: una asesoría, una consultora, una sociedad del entorno, un informe, una factura, una mediación, una llamada.
En el caso de Zapatero, además, hay un elemento particularmente irritante. Durante los últimos años se ha ido fabricando alrededor de su figura una especie de aura de respetabilidad progre, como si el paso del tiempo hubiera convertido su mandato en una edad de oro de la socialdemocracia.
Pero conviene no tener tan mala memoria. Zapatero fue el presidente bajo cuyo mandato se aplicaron medidas profundamente lesivas contra la mayoría trabajadora. Su Gobierno reformó el sistema de pensiones en 2011, elevando la edad legal de jubilación de 65 a 67 años y ampliando el periodo de cálculo, con el consiguiente golpe sobre las futuras pensiones. Su Gobierno aprobó en 2010 una reforma laboral que abarató y facilitó el despido, abrió camino a una mayor flexibilidad patronal y preparó el terreno para ataques posteriores. Su Gobierno aplicó recortes salariales a los empleados públicos, congeló pensiones y asumió el programa de ajuste exigido por la Unión Europea y los mercados en plena crisis capitalista.
Esa es también la biografía política de Zapatero. No solo la de los discursos amables, las sonrisas tranquilas y las apelaciones al diálogo. También la de un Gobierno que, cuando el capital exigió sacrificios, decidió cargarlos sobre las espaldas de nuestra clase.
Por eso resulta casi obsceno que determinados sectores pretendan reconstruirlo ahora como una especie de reserva moral de la izquierda. La socialdemocracia tiene una enorme capacidad para absolverse a sí misma. Basta con que pase el tiempo, con que aparezca una derecha más agresiva y con que se invoque el peligro reaccionario para que los viejos gestores del ajuste reaparezcan como hombres de Estado, demócratas ejemplares o referentes progresistas.
Pero nosotros no tenemos por qué participar en esa amnesia. Que el PP, Vox y sus socios mediáticos utilicen cualquier caso para atacar al PSOE no convierte al PSOE en inocente político de sus propias responsabilidades. Que los sectores más reaccionarios aprovechen la corrupción para presentarse como alternativa no convierte a la socialdemocracia en defensora de los trabajadores. Y que Zapatero no haya sido condenado por nada de lo que ahora se investiga no borra el hecho de que su trayectoria expresa una verdad que para algunos puede ser incómoda: la socialdemocracia también gobierna para el capital cuando el capital lo necesita.
La corrupción no es solamente el sobre, la comisión o el favor. Existe también una corrupción más amplia y muchas veces camuflada de legalidad: la subordinación de toda la vida pública a las necesidades de acumulación privada. Se rescata a empresas mientras se recorta a los trabajadores. Se subvenciona a monopolios mientras se pide moderación salarial. Se reforma el mercado laboral para dar confianza a los inversores. Se endurecen las pensiones para tranquilizar a Bruselas. Y luego, cuando los gobernantes abandonan el cargo, descubren que los mismos círculos a los que sirvieron siguen teniendo sitio para ellos.
Por eso el problema no empieza ni termina en Zapatero. El problema es que la política burguesa funciona como administración general de los negocios del capital. Unos lo hacen con lenguaje liberal; otros, con lenguaje progresista. Unos hablan de libertad de empresa; otros, de modernización, diálogo social y responsabilidad europea. Pero cuando llega la hora decisiva, la factura la pagamos siempre los mismos: la mayoría trabajadora.