El próximo 30 de junio concluye el plazo para solicitar la regularización extraordinaria. Cientos de miles de trabajadores y trabajadoras migrantes que ya llevan tiempo viviendo y trabajando en nuestro país podrán, por fin, acceder a unos derechos básicos que hasta ahora les estaban vetados. Y eso hacía que su vida transcurriera con miedo, sometidos a altísimas tasas de explotación y sin poder apenas reclamar nada en materia de derechos laborales.
Gobiernos tanto del PSOE como del PP han llevado a cabo en el pasado otros procesos de regularización extraordinaria. Sin embargo, ninguno de ellos había suscitado tantos enfrentamientos enconados en el debate político. Una de las causas la encontramos en un fenómeno que lleva dándose años en nuestro país: la desvinculación de muchos de los debates de las condiciones materiales de la población, sobre todo, de la clase trabajadora. Se suceden las medidas analizándose desde prismas ajenos a los intereses de nuestra clase, sin tomar en cuenta la posición de cada uno ante los medios de producción. En su lugar, se toma como referencia el nivel de ingresos, el género o, como en el caso que nos ocupa, la procedencia.
Así, el actual Gobierno de coalición se puede permitir vender esta medida como un avance puro en términos de derechos, absolutizando su postura como la única viable en un supuesto frente progresista ante la oposición beligerante a la medida que han expresado la derecha y la ultraderecha. Una vez más, trata de consolidar su hegemonía ideológica sobre amplias capas de trabajadores y trabajadoras y de colocarlas bajo su programa. Pero preguntémonos: ¿es esta regularización la medida más ambiciosa y favorable para la población migrante que podía tomarse?
Lo primero, cabe fijarse en el plazo. El 30 de junio será el último día para solicitar este permiso temporal de trabajo y residencia. Este limitado plazo (que incluso no alcanza ni tres meses, como estaba previsto, por una demora de dos semanas a principios de abril que agrandó el nerviosismo en muchos y muchas) ya constituye un obstáculo en sí mismo. En las negociaciones del Real Decreto, los colectivos migrantes responsables de haber llegado hasta esta medida y las entidades que ayudarían en la gestión reclamaban que el plazo se extendiera hasta final de año, sabedores de lo apretados que serían los plazos en caso de acortarlos tanto.
Con más de medio millón de solicitudes previstas, este plazo supone todavía más un obstáculo teniendo en cuenta algunos de los requisitos que finalmente se establecieron en el texto definitivo, y que han sido criticados por distintas entidades. El informe de vulnerabilidad, que a muchos solicitantes está ocasionando quebraderos de cabeza, ha sido criticado, por ejemplo, conjuntamente por la Clínica Jurídica y de Intervención Social de la Universidad de La Rioja y la Clínica Jurídica de Acción Social de la Universidad de Salamanca. Si la propia norma ubica la condición de vulnerable en el hecho de encontrarse en situación de irregularidad administrativa, ¿solicitar un informe oficial que lo certifique no es acaso una tautología?, defienden estas dos organismos. Más bien, un absurdo, diríamos.
Y, aun así, pese a que los colectivos migrantes que han peleado por la norma insistieron en la necesidad de eliminar este requisito, no lo lograron. El Gobierno mantuvo en el texto definitivo el requisito de aportar este informe, que está llevando a muchos trabajadores y trabajadoras a verdaderos periplos por servicios municipales, entidades… y bufetes de abogados que están exprimiendo su vulnerabilidad y jugando con la desesperación de quienes, viendo acercarse el 30 de junio, están dispuestos a lo que sea. Se han conocido casos de pagos de informes de vulnerabilidad a 50 euros y de gestiones completas de todo el trámite a 400. En una sociedad donde muchos derechos están supeditados a la lógica mercantil, casos como este son el extremo más visible y violento, al que está sometido el sector más vulnerable de nuestra clase.
Esas peregrinaciones que están sufriendo los solicitantes para conseguir el informe de vulnerabilidad presentan grandes desigualdades entre territorios, según la capacidad o saturación de los servicios sociales y entidades colaboradoras de cada zona. Así, otra de las lógicas perversas en torno a la regularización la hemos visto en algunas administraciones públicas. El Ayuntamiento de Zaragoza, pretendiendo limitar las competencias de sus servicios sociales justo en estos meses para tratar de entorpecer el trámite, o la Comunidad de Madrid, recurriendo la medida al Tribunal Supremo, son solo algunos ejemplos de la política de los gestores del capital contra los intereses objetivos de la clase trabajadora.
Y ahí llegamos a otro punto clave que rodea a este proceso de regularización. Como mencionábamos antes, conviene que analicemos cualquier fenómeno con base en las circunstancias materiales: partiendo de las condiciones de vida de nuestra clase, atendiendo a los hechos y las medidas –y no a las declaraciones– de los gestores políticos, de uno u otro signo. Si el Gobierno de coalición y Podemos, con quien pactó esta medida, están erigiéndose una vez más en los grandes defensores morales de las y los migrantes, habría que preguntarles por qué no han extendido el plazo para garantizar que nadie se quede fuera del trámite o pase por el estrés de casi quedarse fuera. Habría que preguntarles también por qué dejan fuera de la medida a los saharauis, al excluir a los solicitantes de apatridia, o por qué vinculan persona migrante y delincuencia.
Si el Gobierno y los sectores que lo apoyan critican de palabra la vinculación que la derecha y la extrema derecha se empeñan en establecer entre migrantes y delincuencia, y critican los bulos que estas fabrican y difunden, ¿por qué ahondan en dicha vinculación con esta medida, al requerir a los solicitantes un certificado de antecedentes penales? Se trata de otro difícil requisito con el que muchos y muchas están teniendo problemas. Figura en la Ley de Extranjería, y no ha habido cuestionamiento alguno de incluirlo en este RD; la propia ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, lo destacó como una garantía del proceso. ¿Por qué un ciudadano español, simplemente para vivir y trabajar, no debe aportar un certificado que pruebe que no tiene antecedentes penales? ¿Por qué sí debe hacerlo una persona de origen extranjero, por qué se le plantean mayores exigencias solo por el hecho de ser originario de otro lugar? Es un deber de la clase obrera unida denunciar la coincidencia de posiciones entre distintos gestores del capital y la división que fomentan entre la clase obrera por motivos de nacionalidad.
¿Y qué opina el Gobierno ante el endurecimiento de la política migratoria que la Unión Europea implementa a partir de este 12 de junio, con la entrada en vigor del nuevo Pacto Europeo de Migración y Asilo? En países a las puertas de la UE se crearán nuevos centros de retorno desde donde será más fácil llevar a cabo deportaciones masivas. ¿Existe acaso en el Gobierno una concepción radicalmente opuesta a la de la UE ante las personas migrantes? ¿O les valdría con mantener la situación vigente hasta ahora, cuando igualmente se pagaba dinero a países como Turquía para gestionar los flujos migratorios a las puertas de la UE? Este endurecimiento se relaciona directamente con la agudización de las tensiones entre potencias imperialistas y el intento de la UE de no perder posiciones en la actual confrontación entre bloques, y también con las propias tensiones que existen en su seno entre Estados miembro con posiciones distintas en el avance de posturas reaccionarias en general. No hay en el Gobierno nada parecido a un cuestionamiento de la UE, sino todo lo contrario.
Una última reflexión debe ir dirigida, por un lado, a los verdaderos protagonistas de esta medida: los colectivos de trabajadoras y trabajadores migrantes que se organizaron ya en 2020 para promover la ILP que antecedió a este Real Decreto. Su lucha y organización deben servir de inspiración y ejemplo para toda la clase obrera: unión y perseverancia en la lucha por todos los derechos. Por otro lado, conviene señalar a quienes sobredimensionan el interés que ha mostrado el capital en esta regularización extraordinaria para hacer pasar su xenofobia por algo siquiera similar al marxismo. Es un hecho que en este momento existe un interés objetivo de los capitalistas en que miles de trabajadoras y trabajadores migrantes se incorporen con unas mínimas garantías al mercado laboral, sobre todo en ciertos sectores donde hace falta mano de obra –barata–. De ahí que la medida cuente con el visto bueno de la patronal. Ante ese escenario, algunos aducen que una incorporación masiva de trabajadores migrantes podrá ser aprovechada por los empresarios para tirar a la baja los salarios del conjunto de la clase. Olvidan que eso no es un hecho inevitable, que es posible –y necesario– enfrentar esos intentos de sembrar división, forjando una unidad de clase que conciba las condiciones de explotación de unos y de aún mayor explotación de otros como parte de una misma explotación de clase que debemos enfrentar por todos los medios posibles.
Tomar la utilización que la burguesía pueda hacer de un fenómeno en contra de las condiciones de toda la clase obrera para, por el camino, continuar negando una ampliación de derechos básicos a nuestros hermanos y hermanas de clase no parece, precisamente, un elemento que quepa en el programa revolucionario. Negar las tareas históricas y contemporáneas que tenemos por delante como clase obrera ante el propio desarrollo y composición actual de la clase, tratar de volver nostálgicamente a un escenario anterior del capitalismo en el que, para algunos, la causa de nuestra mejor situación como trabajadores era la poca presencia en nuestro país de población migrante, no puede ser calificado más que de ensoñación reaccionaria, se disfrace como se disfrace. Si te reivindicas en la izquierda o el marxismo pero una de las principales patas de tu discurso te sitúa muy cerquita de la «prioridad nacional» de Vox, amigo o amiga, date cuenta.