En la última década hemos asistido a una auténtica burbuja de macrofestivales de música como el Mad Cool, el Primavera Sound o el Viña Rock, que se han convertido en gigantes que facturan cientos de millones de euros y atraen a miles y miles de personas a sus recintos. Sin embargo, tras el brillo de sus carteles y las cifras récord de asistencia cada año se esconde una realidad mucho más oscura de lo que parece, realidad que necesitamos analizar desde los parámetros adecuados para desentrañar su componente de clase, más allá de los gustos y preferencias individuales de cada cual.
Para entender la naturaleza de estos eventos debemos preguntarnos quién se beneficia realmente de ellos, a pesar de que no se le escapa a nadie que la clase dominante algo saca de todo esto, ya que la gran mayoría de estos festivales que se presentan como «eventos culturales independientes» están controlados por grandes fondos de inversión.
La reciente polémica en torno al fondo de inversión KKR es un ejemplo perfecto de cómo el capital financiero internacional se infiltra una vez más (no será la última) en el tejido cultural que consumimos a diario. La vinculación de este fondo de claro carácter proisraelí con numerosos festivales europeos provocó una ola de boicots y protestas que en 2025 forzó a algunos eventos a desvincularse, como el caso del Viña Rock, que cedió ante la presión social para que rompiera lazos con el fondo. Una demostración de que la clase obrera y las clases populares pueden plantar cara a los designios del gran capital, aunque también un recordatorio de que queda trabajo por hacer cuando parece que aún nos paramos a diferenciar entre fondos de inversión buenos o malos, y no a organizar la respuesta frente a un sistema productivo que estrangula la cultura popular, la metaboliza y rehúye de ella cuando no es lo suficientemente rentable.
Este patrón también va de la mano de un tipo de consumo y modelo económico del capitalismo contemporáneo profundamente nocivo en términos de clase. Estos macroeventos no son espacios para el disfrute cultural en sí mismo, sino parques temáticos de ocio donde la música es, en muchas ocasiones, una simple excusa para fomentar el consumismo masivo y exacerbado. Todo está diseñado para que quien asista permanezca el mayor tiempo posible inserto en una vorágine: intentar ver al mayor número de artistas posible en el menor tiempo posible, adaptándose a la perfección a los ritmos acelerados impuestos en el resto de ámbitos de la vida por el modo de producción en el que sobrevivimos.
El impacto sobre los territorios es igualmente devastador, pues el eco de este modelo atrae a rentistas y empresarios del sector servicios que buscan ampliar las fronteras de sus beneficios allí donde se plante un macrofestival. Y no solo a costa de saquearnos el bolsillo, sino también a costa de nuestra salud, como demuestra el reciente conflicto entre el Mad Cool y los vecinos y vecinas de Getafe Norte. Si ya sufrían la saturación acústica que genera la proximidad de la M-45, en los días en que se celebra el festival sus habitantes ven perturbado su descanso en favor del lucro de unos pocos, que por si fuera poco cuentan además con el respaldo del Ayuntamiento de Madrid y más de un millón de euros en ayudas públicas.
Las grandes empresas que están detrás de los macrofestivales también canibalizan la propia escena cultural local, ya que mientras los macrofestivales reciben ayudas millonarias de las administraciones públicas y las mayores facilidades para atraer a cada vez más personas, las salas de música, las que verdaderamente tienen capacidad de generar cultura y tejido social durante todo el año, se ven asfixiadas. Es el modelo de cultura en sí el que queda sujeto a las mismas dinámicas con las que el capitalismo da forma a nuestra sociedad: la concentración de capital y la administración de los gestores políticos en favor de las grandes empresas.
También ahonda este fenómeno la táctica empleada para monopolizar el mercado: la imposición de cláusulas de exclusividad a los y las artistas, que impiden legalmente que estos actúen en salas de la provincia durante un año. Así, fuerzan al público que quiera ver a un determinado artista a acudir al macrofestival, y consiguen acapararlos mediante un músculo económico mayor y dejando a las salas sin capacidad de competir, hasta el punto de llevarlas incluso a la quiebra.
Esta lógica está dejando un reguero de cancelaciones de festivales de tamaño mediano y pequeño que sucumben ante la imposibilidad de competir en un mercado dominado (también) por grandes monopolios. El negocio del directo es otro campo de batalla donde solo los más grandes sobreviven, mientras el acceso popular a la cultura y las iniciativas de base son aplastadas.
Pero si hay un aspecto que retrata con mayor crudeza la naturaleza depredadora de este modelo, son las condiciones laborales a las que se somete a los trabajadores y trabajadoras, a aquellos que hacen posible que cada evento de esta envergadura salga adelante. Detrás del éxito de estos macrofestivales, encontramos a una inmensa mayoría de trabajadoras y trabajadores jóvenes sometidos a una explotación laboral extrema. Las jornadas maratonianas de 12, 14 o incluso 16 horas son la norma, sin apenas descansos ni siquiera para ir al baño y en muchas ocasiones bajo duras condiciones climatológicas, a lo que se añade el hándicap de que la mayoría carecen de contratos dignos o son obligados a darse de alta como (falsos) autónomos.
A esta situación se suman los impagos y los retrasos en los salarios, así como la falta total de prevención de riesgos laborales. Por desgracia, son comunes los accidentes, desde esguinces y desmayos por agotamiento hasta cortes y quemaduras en las cocinas, pasando por el desplome de un escenario en el O Son do Camiño en 2022 que causó varios heridos e incluso el trágico accidente con una víctima mortal en el Mad Cool en 2017.
El modelo de los macrofestivales es un síntoma más del agotamiento histórico del modo de producción capitalista y una muestra más de sobre las espaldas de quién se mantiene. Es un negocio que acumula beneficios astronómicos a costa de la precarización de trabajadores y trabajadoras, la destrucción del tejido cultural y la mercantilización de la música y el ocio. Mientras las administraciones públicas inyectan dinero público en estos eventos para beneficio de una minoría, las salas cierran y los trabajadores y trabajadoras sobreviven como pueden, como les dejan, en la rueda de la precariedad.
Los movimientos de boicot contra fondos como KKR y la oposición vecinal al Mad Cool son ejemplos de resistencia que debemos apoyar y extender, para transformar estallidos puntuales en respuesta colectiva y organizada. Esta ha de ser la norma que rija nuestra forma de afrontar como clase los diferentes embates del gran capital.
La cultura debe dejar de ser un negocio al servicio de unos pocos. Como en el resto de esferas del desarrollo social, la única vía posible pasa por fomentar desde la organización colectiva de nuestra clase un ocio alternativo que ponga la música, el arte y la vida por encima de la cuenta de resultados de los de siempre. La lucha organizada por una cultura popular es parte indivisible de la lucha por una sociedad libre de la explotación del hombre por el hombre.