Este 18 de julio se cumplen 90 años del golpe de Estado contra el Gobierno legítimo de la II República. La explicación dominante de aquel acontecimiento continúa presentándolo como una tragedia nacional provocada por la incapacidad de los españoles para convivir, como un enfrentamiento entre dos bloques enfrentados por la radicalización política y la violencia. Este relato sitúa el origen del conflicto en los excesos de unos y otros, desplazando la mirada de las estructuras sociales que hicieron posible aquel enfrentamiento.
En estas páginas nos hacemos una pregunta diferente: ¿qué contradicciones sociales llevaron a una parte fundamental de las clases dominantes españolas a apostar por la destrucción del orden republicano mediante la fuerza militar? La Guerra Civil no puede comprenderse únicamente como una disputa entre dirigentes políticos, militares o ideologías enfrentadas. Esta fue una crisis profunda de las formas de dominación existentes en España, en un momento histórico en el que una clase obrera cada vez más organizada comenzó a intervenir como sujeto político propio.
La proclamación de la Segunda República en 1931 no supuso una ruptura revolucionaria con el capitalismo ni la construcción de un Estado socialista. Todo lo contrario, la República fue un Estado liberal burgués que pretendía modernizar determinadas estructuras políticas y sociales. En el contexto de la crisis económica mundial abierta tras el crac de 1929, estas transformaciones abrían expectativas de mejora para amplias masas trabajadoras sometidas a condiciones de vida marcadas por la precariedad, los bajos salarios y la ausencia de derechos efectivos.
La cuestión fundamental fue que la clase trabajadora no permaneció como un actor pasivo dentro de ese proceso. Las libertades políticas y sindicales permitieron que millones de obreros y campesinos fortalecieran sus organizaciones, ampliaran su capacidad de movilización y desarrollaran su propio proyecto político y social. Sindicatos y organizaciones populares construyeron espacios propios de organización y una cultura política basada en la intervención colectiva. De todas esas organizaciones, destaca el amplio desarrollo del partido político independiente de la clase: el Partido Comunista. De esta forma, la clase obrera dejaría de ser únicamente una realidad económica –clase en sí– para convertirse en un sujeto político histórico –clase para sí– capaz de disputar el rumbo de la sociedad.
Durante los años treinta, el proletariado español avanzó en ese proceso mediante la construcción de sindicatos, redes de solidaridad, espacios culturales y –sobre todo– una organización política independiente que permitieron articular una fuerza social con capacidad de presión. La expansión de las organizaciones sociales y políticas de la clase obrera, la movilización jornalera y la organización en los principales núcleos industriales mostraban que las clases subalternas habían adquirido una relevancia política que las élites ya no podían ignorar.
Esta realidad explica la reacción de sectores fundamentales de las clases dominantes. Terratenientes, grandes propietarios, sectores industriales y financieros, la jerarquía eclesiástica y una parte importante del Ejército observaron con preocupación un proceso que podía limitar su tradicional monopolio del poder político y económico. La cuestión no era únicamente la existencia de unas reformas republicanas concretas, sino la aparición de una clase trabajadora organizada capaz de cuestionar las relaciones sociales existentes.
La respuesta comenzó mucho antes de julio de 1936. La sublevación de Sanjurjo en 1932 mostró la existencia de sectores dispuestos a recurrir a la fuerza militar para frenar el proceso republicano. Sevilla tuvo una importancia especial dentro de aquella conspiración por el temor que generaba entre sectores conservadores una ciudad con una fuerte tradición de organización obrera, la llamada «Sevilla la Roja» de José Díaz, Saturnino Barneto o Antonio Mije.
El periodo conocido como bienio negro profundizó esta tensión. La paralización de las reformas republicanas, la represión posterior a Octubre de 1934, el cierre de locales sindicales y el encarcelamiento de miles de militantes obreros mostraron la voluntad de amplios sectores de la burguesía de utilizar el aparato estatal para contener el avance del movimiento popular.
En el contexto europeo de ascenso del fascismo, sectores de las clases dominantes comenzaron a contemplar esta vía como una alternativa política. La evolución de la CEDA de Gil Robles es significativa: su aspiración de construir una fuerza capaz de disputar el poder mediante métodos autoritarios mostraba la influencia del modelo fascista europeo en una parte de la derecha española. La cuestión central era garantizar la continuidad del orden social existente y destruir la capacidad política adquirida por las organizaciones obreras.
Tras la victoria electoral del Frente Popular en febrero de 1936, la conspiración militar se aceleró. El golpe contó con diferentes actores. Una parte del Ejército, especialmente los militares africanistas, desempeñó un papel central. Estos oficiales, al igual que sus homólogos europeos, habían desarrollado unas formas de guerra en las colonias extremadamente violentas y trasladaron esas prácticas contra la propia clase obrera española en Octubre del 34 y durante la guerra.
El apoyo económico de sectores burgueses fue también decisivo. Juan March financió parte de la operación militar, incluida la adquisición del avión Dragon Rapide utilizado para trasladar a Francisco Franco desde Canarias hasta Marruecos. La Iglesia católica proporcionó legitimación ideológica desde numerosos púlpitos, presentando la sublevación como una defensa del orden social y religioso frente a una supuesta amenaza revolucionaria. Por supuesto, los regímenes fascistas apoyaron también económicamente la empresa. Este sería el caso de la Italia de Mussolini, que firmaría contratos para el suministro secreto de más de 40 aviones de combate y miles de bombas con el diputado monárquico Pedro Sainz Rodríguez el 1 de julio de 1936.
Las organizaciones fascistas, especialmente Falange, participaron en la generación de un clima de violencia política que posteriormente fue utilizado por la derecha parlamentaria para denunciar una situación de caos e ingobernabilidad. Dirigentes como Gil Robles o Calvo Sotelo construyeron desde las instituciones un discurso que presentaba la intervención militar como una necesidad histórica para salvar España.
Resulta especialmente significativo que el golpe de Estado se justificara como una respuesta ante una supuesta revolución cuando el Gobierno contra el que se dirigía estaba formado por republicanos burgueses, mientras las organizaciones obreras permanecían fuera del Ejecutivo. La amenaza fundamental para los sectores reaccionarios no era un Gobierno revolucionario, sino una clase trabajadora organizada que había demostrado capacidad para intervenir en la vida política y social del país.
El fracaso del golpe en las principales ciudades y zonas industriales tuvo una consecuencia histórica inesperada: abrió un escenario en el que amplios sectores obreros comenzaron procesos de transformación social. La resistencia frente a la sublevación no fue protagonizada únicamente por las instituciones republicanas, sino por miles de trabajadores organizados que salieron a defender sus organizaciones y sus conquistas. Allí donde el golpe fracasó, el problema del poder pasó a situarse en el centro del conflicto, y el Quinto Regimiento se convertiría en ejército de nuevo tipo del proletariado español.
Noventa años después, la disputa sobre la Guerra Civil continúa porque la interpretación del pasado forma parte también de la lucha por explicar el presente. Determinados relatos divulgativos han popularizado la idea de una guerra entre hermanos, una tragedia colectiva en la que todos los sectores tuvieron responsabilidades equivalentes. Figuras como Arturo Pérez-Reverte o David Ugarte han participado, desde posiciones diferentes, en debates sobre la forma de explicar este periodo. Más allá de nombres concretos, el elemento común de muchas de estas narrativas es la tendencia a desplazar el conflicto desde las estructuras sociales hacia una lectura moral basada en la convivencia y el enfrentamiento entre españoles.
Comprender la Guerra Civil exige analizar las fuerzas sociales que estuvieron detrás de cada proyecto político. No se trató de una disputa entre ciudadanos incapaces de entenderse, sino de una confrontación histórica en la que se enfrentaron proyectos sociales incompatibles. La guerra fue una derrota para una clase trabajadora que había construido organizaciones propias y había comenzado a actuar como sujeto histórico, y una victoria para quienes defendían la preservación del orden social existente.
Por eso, recordar las causas materiales del golpe de Estado no significa únicamente estudiar un acontecimiento del pasado. Significa comprender cómo se organizan las relaciones de poder en una sociedad, cómo las clases dominantes reaccionan cuando perciben una amenaza a su posición y cómo las clases populares, mediante su organización colectiva, pueden convertirse en protagonistas del cambio histórico.