2026. Julio termina con decenas de miles de personas intentando cruzar, mayoritariamente a nado, la frontera entre Marruecos y la ciudad española de Ceuta. Los medios y los voceros de la reacción no tardan en hacerse eco, aprovechando la situación para difundir discursos de odio, calificando el suceso como una «invasión» y llegando un diputado al extremo de proponer «cazarlos uno a uno». Esos mismos medios hablan de devoluciones en caliente, de deportaciones masivas, de sanciones a Marruecos, o incluso de apoyar movimientos separatistas para generar «malestar» en el país vecino… y la pregunta que lanzan para criticar que todo eso no esté ocurriendo es simple: «¿qué le debe Pedro Sánchez a Marruecos?».
Pocas relaciones internacionales se prestan tanto a la tergiversación como las de España y Marruecos: un día se habla de «crisis diplomática»; al siguiente, de «amistad estratégica»; unas veces, de inmigración; otras, de seguridad, energía o cooperación económica. El problema no es que todas estas afirmaciones sean ciertas –que lo son–, sino que ninguna de ellas, por sí sola, explica las relaciones entre dos Estados capitalistas vecinos que, como todos, cooperan y luchan al mismo tiempo, con una intensidad propia de quienes comparten un espacio común en el Mediterráneo occidental y el norte de África.
Y es precisamente esa posición geográfica del Reino de Marruecos la primera razón por la cual dicho país es clave para España y la Unión Europea. El territorio marroquí constituye una de las principales puertas de entrada hacia Europa desde África occidental y el Magreb. De ahí que la llamada «cooperación migratoria» haya adquirido una importancia que difícilmente puede separarse de la función de gendarmería fronteriza que Europa ha delegado progresivamente en terceros Estados.
Una función que la Unión Europea lleva décadas financiando. En 2023 puso en marcha un programa de 152 millones de euros destinado, entre otras cosas, a reforzar la gestión de fronteras, combatir las redes de tráfico y organizar retornos. Ya en 2018 Bruselas había aprobado 101,7 millones específicamente para gestión fronteriza y de migración irregular en Marruecos. Y la política no se ha detenido: en 2025-2027 la Comisión mantiene programas de financiación destinados a reforzar la gobernanza y gestión migratoria en el vecindario sur. No estamos, por tanto, ante una simple ayuda al desarrollo, sino que la frontera europea se desplaza hacia el sur. Los Estados europeos han optado por externalizar la vigilancia terrestre y marítima, la contención de desplazamientos y el retorno de migrantes. A cambio, Rabat obtiene financiación, cooperación política y un reconocimiento de su importancia estratégica. Desde el punto de vista de las relaciones imperialistas, es una relación plenamente racional.
Por eso resulta tan pobre la explicación reaccionaria que presenta la inmigración como una amenaza contra la seguridad, la identidad nacional o el orden público. El trabajador marroquí que cruza el Estrecho no aparece de la nada, ni es producto de una supuesta «invasión»: es el resultado de unas relaciones económicas internacionales que concentran riqueza y oportunidades en unos territorios mientras condenan a otros a formas subordinadas de desarrollo; en otras palabras, es la expresión del desarrollo desigual del capitalismo. Una vez que llega a Europa, esa fuerza de trabajo puede ser utilizada precisamente allí donde el capital necesita mano de obra barata y flexible.
Pero tampoco es una solución oponer al discurso reaccionario el humanitarismo liberal. Denunciar una tragedia fronteriza, reclamar derechos o exigir mejores condiciones para los migrantes es necesario, pero insuficiente si la explicación termina reducida a una cuestión moral entre Estados buenos y Estados malos. El problema no comienza cuando una persona alcanza una valla o embarca en una patera; lo hace mucho antes, en las condiciones que obligan a millones de personas a desplazarse y en el sistema económico que convierte esas diferencias en fuente de beneficio. Y es aquí donde entran en escena las contradicciones europeas, que ya abordamos en Nuevo Rumbo en distintos artículos sobre el Pacto Europeo de Migración y Asilo (PEMA), que se combinan con los programas de movilidad laboral entre España, Francia y Marruecos, basados en la circulación regulada de trabajadores allí donde resulta funcional y en la contención policial del resto.
El caso marroquí tampoco puede comprenderse sin los intereses españoles en el Sáhara Occidental. Quizás pudiera parecer, dada la negligencia de nuestra Administración en la cuestión de la descolonización y su apoyo explícito a los planes de ocupación de Marruecos, que nuestro país no quiere saber nada de su antigua colonia. Que nadie se equivoque: pocas cosas interesan más en Moncloa que la extracción de recursos saharauis por parte de los monopolios patrios, los más numerosos con diferencia (14 empresas) por delante de Francia (9), Marruecos (6) y el resto de países del mundo en ese territorio (China, EE.UU., Canadá, Alemania… todos participan en la explotación).
El giro español de 2022, cuando el Gobierno de Pedro Sánchez pasó a respaldar la propuesta marroquí de autonomía para el Sáhara, no puede por tanto entenderse simplemente como una decisión diplomática aislada, sino como una apuesta por estabilizar la relación con Rabat, que tiene en España a su principal socio comercial, acoge a más de 350 empresas españolas y mantiene un intercambio anual superior a 22.500 millones de euros.
Conviene no convertir esto, sin embargo, en una caricatura en la que Marruecos parezca simplemente una marioneta europea. Lejos de discursos sustentados en una noción básica del capitalismo en su fase imperialista, lo cierto es que Marruecos es un país plenamente integrado en el sistema imperialista mundial y persigue sus propios intereses. Que utilice su posición geográfica, controle flujos migratorios para obtener concesiones de Madrid y Bruselas y refuerce sus relaciones económicas con Europa no es más que el reflejo de la defensa que hace, como Estado, de los intereses de las empresas marroquíes, cada vez más potentes en los mercados regionales.
Precisamente por eso la clase obrera no tiene nada que ganar convirtiendo estas contradicciones en conflictos nacionales. Ni el trabajador español tiene como enemigo al trabajador marroquí, ni el trabajador marroquí al español. Quienes se benefician de la división son quienes necesitan que la explotación asalariada aparezca como un problema de nacionalidad, cultura o religión y no como una relación social. Frente al nacionalismo reaccionario, no podemos defender una frontera «más eficaz» ni una identidad nacional «más pura». Frente al liberalismo humanitario, tampoco nos podemos limitar a reclamar una gestión «más compasiva» de las mismas fronteras. La cuestión fundamental es quién controla los recursos, quién decide sobre la producción y para quién se organiza la economía.
Todo aquel que se considere comunista debe partir de ahí: de defender al trabajador migrante frente a la explotación y al racismo, frente a quienes abusan del término «lumpen»; pero también de defender al trabajador autóctono frente a la utilización de la inmigración como mecanismo de presión salarial, del cual el trabajador inmigrante también es víctima. Nuestra posición pasa por defender el derecho del pueblo saharaui a decidir su futuro y, al mismo tiempo, rechazar que la causa saharaui sea instrumentalizada por cualquiera de los Estados que compiten por la hegemonía regional, y denunciar tanto el imperialismo europeo como las aspiraciones de las burguesías nacionales a convertirse en potencias regionales.
La alternativa no consiste en elegir entre Madrid y Rabat, entre Bruselas y cualquier otra capital. Consiste en construir una posición propia de la clase obrera. Porque mientras los Estados negocian fronteras, contratos, bases, pesca, energía y mercados, los trabajadores de ambas orillas tienen intereses mucho más próximos entre sí de lo que cualquiera de sus Gobiernos querría reconocer. La frontera que el capitalismo levanta entre ellos no es solamente una línea geográfica, sino también una herramienta política. Eso es lo que Pedro Sánchez, como gestor actual del capitalismo español, le debe a Marruecos. Lo mismo que el Gobierno marroquí a España: las herramientas para perpetuarse en el poder dividiéndonos a los trabajadores.