Un trágico verano en materia de incendios que solo en el incendio de Madrid, Ávila y Toledo se llevó por delante 77.000 hectáreas acaba con una buena noticia: la victoria de los bomberos forestales de la Comunidad de Madrid.
Cada año en la época estival nos han obligado a acostumbrarnos a ser testigos a través de los medios de comunicación de miles de hectáreas quemadas, parajes naturales arrasados, pérdida de viviendas y explotaciones agrícolas y ganaderas y víctimas humanas en muchos casos, de quienes huían o luchaban contra el fuego; algunos, de manera voluntaria; otros, ganándose el pan.
El abandono del medio rural y las actividades del sector primario que contribuían al mantenimiento de campos y montes no ha ido acompañado de políticas públicas de prevención al no constituir, en absoluto, una prioridad para Gobiernos autonómicos de distinto signo. En concreto, en la Comunidad de Madrid encontramos un servicio público de bomberos forestales con unos 60 efectivos y las brigadas forestales, con una plantilla para todo el año de 350 efectivos. Ambos colectivos tienen entre sus principales reivindicaciones aumentar el número de trabajadores realizando tareas de prevención a lo largo de todo el año.
Ayuso, en medio de todo el escándalo por la compra y posterior venta del ático, se ha paseado por todos los municipios asolados por el fuego para hacerse muchas fotos arremangada ante los problemas, aunque ha tenido menos éxito al balbucear respuestas ante las preguntas de los medios. Debemos señalar lo oportunista de utilizar una tragedia de la que se es responsable para el filibusterismo político; menos fotos con nuestra tierra arrasada, más prevención y medios de extinción.
La Comunidad de Madrid tenía muy fácil encontrar las soluciones atendiendo a las reivindicaciones de los bomberos forestales, empezando por aplicar la Ley 5/2024 de Bomberos Forestales y reconocer la categoría a las aún hoy denominadas brigadas forestales. En el verano de 2025 comenzó la huelga indefinida de los bomberos forestales de Tragsa de la Comunidad de Madrid ante el bloqueo de la negociación, con un convenio que no se renueva desde 2008 y sueldos congelados desde 2010. La diferencia entre quien utiliza los incendios como arma arrojadiza en la política parlamentaria y quienes defienden nuestros campos y montes por 1.300 € aun arriesgando la vida es que, ante los incendios del verano pasado y este, los bomberos suspendieron la huelga para luchar contra el fuego.
Después del verano pasado, cuando los focos se alejaron de los incendios y sus terribles consecuencias, la negociación siguió bloqueada, lo que ha supuesto un nuevo año perdido en materia de prevención. Hartos de la situación y de verse atrapados entre Comunidad de Madrid y Tragsa, que se culpaban mutuamente, los bomberos forestales llevaron a cabo una nueva concentración en la sede de la empresa pública que se saldó con 14 heridos y dos detenidos. A la precariedad, la peligrosidad y la toxicidad del puesto de trabajo, la Delegación del Gobierno añadió la represión.
A pesar de todas las piedras en el camino, la plantilla se ha mantenido firme y unida, bajo el paraguas unitario del Comité de Empresa con presencia de FIRET, UGT y CGT. La unidad sindical vuelve a demostrarse como una condición necesaria para que la lucha de la clase obrera tenga más posibilidades de victoria. Esta lucha ha contado a su vez con una caja de resistencia que ha contribuido a sostener la lucha en el tiempo y que ha servido para vehiculizar la solidaridad de otras organizaciones del movimiento obrero y popular, porque quienes luchan en primera línea nunca están solos.
La movilización ha continuado durante todos los meses en los que la prevención con más medios humanos y materiales debería ser la prioridad de las administraciones hasta que, finalmente, a principios de junio se produjo una reunión de la Mesa de Conciliación en la que empezaron a acercarse posturas. A finales de verano se ha llegado a un acuerdo con el que, gracias a la unidad y la combatividad de la plantilla, se ha doblegado a la Comunidad de Madrid y el Gobierno de España, de quien depende Tragsa.
Este acuerdo viene a refutar (una vez más) a cada cuñado, politólogo de barra de bar, librepensador de Twitter que se afanan en afirmar que las huelgas no sirven. Los bomberos forestales han conseguido que se les reconozca la categoría, una subida salarial del 20 % con carácter retroactivo desde el 1 de enero de este año, la transformación de unos 120 trabajadores fijos-discontinuos en plantilla fija para todo el año, la adaptación del puesto de trabajo ante determinadas circunstancias en lugar del despido y un plan de renovación de bases, entre otras medidas.
Este acuerdo no debe ser celebrado únicamente por los bomberos forestales. El pueblo trabajador madrileño cuenta hoy con más medios y recursos para evitar y combatir el fuego que arrasa nuestra región. Hoy la lucha de los bomberos forestales ilumina el camino para otros colectivos en lucha.
Las condiciones laborales de los bomberos forestales mejoran sustancialmente fruto de la lucha abriendo nuevos objetivos en el horizonte, como la integración plena del servicio en la gestión directa, en el marco general de lucha por la recuperación de servicios públicos hoy en manos privadas. Gracias a su lucha hoy todos ganamos medios para la prevención de los incendios forestales, pero los monopolios del sector primario siguen condenando al cierre a pequeños productores agrícolas y ganaderos, contribuyendo al despoblamiento y abandono del medio rural, frente a los que debemos exigir la necesidad de organizar la producción para satisfacer las necesidades del pueblo atendiendo a criterios de sostenibilidad. Hoy debemos tomar la lucha de los bomberos forestales como ejemplo para conseguir nuevas victorias cuando las empresas y administraciones rechacen atender nuestras demandas.