Comienza un nuevo curso político que pondrá el punto y seguido o el punto y aparte a dos legislaturas de Gobiernos de coalición socialdemócratas encabezados por el PSOE de Pedro Sánchez. Se celebren cuando se celebren finalmente las elecciones generales, una vez más la vieja socialdemocracia y lo que queda de la –no tan– nueva nos llamarán a «parar al fascismo», en esta ocasión con más urgencia y desesperación que nunca, sabedores de que tendrán realmente crudo revalidar el Gobierno central. Cabe preguntarse, por tanto, qué ha ocurrido con las fuerzas hoy por hoy en el Gobierno, por un lado, y con la reacción, por otro, en estos casi ocho años.
Lo ocurrido en Ceuta, lo que aún hoy ocurre en Ceuta más de un mes después, sintetiza bastante bien lo que ha caracterizado la práctica política de unos y otros en los últimos años. Siempre y cuando, eso sí, se escarbe un poco y se quiera analizar en profundidad los fenómenos, con un criterio independiente, yendo más allá de las vociferaciones catastrofistas de unos y los alardes triunfalistas de otros.
Primero, decenas de miles de personas cruzan la frontera desde Marruecos, desesperadas, sin nada que perder, al no albergar esperanza alguna en un futuro mejor dentro de su país, y entran en Ceuta.
Segundo, la reacción no tarda en hablar de «invasión» y en animar a «cazarlos uno a uno» –menores de edad incluidos– y «devolverlos» a su país.
Tercero, el Gobierno central denuncia «la violación de la integridad territorial de España», se limita a señalar a «las mafias» y exonera por completo al Gobierno marroquí, porque a los socios preferentes no se los debe molestar demasiado. Reacciona tarde y actúa con lentitud, contribuyendo a cronificar la situación de vulnerabilidad y precariedad de los migrantes, sin proporcionar los medios necesarios para abordar la compleja situación generada por el hecho de que cientos de migrantes continúen en territorio ceutí. Pero defienden sin fisuras su gestión y señalan a la reacción.
Y la reacción encuentra ante sí el cuadro perfecto: responsabiliza y ataca con dureza al Gobierno y esparce discursos de odio, avivando el clima contra la población migrante y buscando capitalizar el odio en futuros votos. Para llegar hasta emplear el lenguaje de «invasión» y «darles caza» son necesarios pasos previos. No hace falta remontarse siquiera a los años 30 en Alemania; lo hemos visto y seguimos viendo hoy en Gaza, intensificado desde octubre de 2023: el primer paso que hace falta para normalizar la violencia contra un determinado grupo de seres humanos por tener una nacionalidad o etnia diferente es deshumanizarlos, tratarlos como si no fueran personas iguales que tú, que tus familiares, tus amigos, tus vecinos. Esa gente es «otra cosa» y viene a perturbar el orden y la paz, robar ayudas a quienes vivían aquí antes o, directamente, a delinquir. Lo vimos el verano pasado en Torre Pacheco y lo estamos viendo hoy en Ceuta: pogromos, persecuciones y ataques contra personas migrantes; bloqueo de ayuda humanitaria; quema de los precarios asentamientos donde algunos migrantes continúan sobreviviendo semanas después de llegar a Ceuta.
Por su parte, el Gobierno no ha querido enfadar a Marruecos y lo ha descargado de responsabilidad alguna, pese a lo inédito de una llegada de personas tan masiva. De hecho, ha aplaudido la «cooperación» fronteriza de Marruecos, reforzando así el papel de gendarme de la UE que dicha alianza le ha ido concediendo, por la vía de la externalización de la política migratoria, y que gustosamente el país del norte del Magreb ha ido asumiendo con el tiempo. Se trata de una política que la unión de monopolios europeos lleva a cabo para librarse de la «incomodidad» que supondría tener que cumplir esa función sus Estados miembros, lo cual dificultaría mantener su pose de garante de los derechos humanos y los valores civilizatorios. Distintos líderes políticos marroquíes, por su parte, no han desaprovechado la ocasión para poner encima de la mesa sus demandas sobre los dos enclaves españoles en el norte de su territorio, sabedores de que gozan de una posición negociadora de fuerza en las relaciones diplomáticas debido al control de los flujos migratorios.
Ya hay antecedentes: en abril de 2021, permitir al líder del Frente Polisario ingresar en un hospital riojano le costó al Gobierno, en «venganza», tener que gestionar un mes después la entrada de miles de personas en Ceuta y Melilla debido a la relajación de la policía marroquí de sus controles fronterizos. ¿La respuesta del Gobierno español para recuperar las deterioradas relaciones diplomáticas con el país vecino por ese episodio? Modificar la posición oficial que históricamente venía manteniendo España sobre el Sáhara Occidental, al respaldar la propuesta marroquí de que pase a ser una provincia autónoma del reino alauita –la «base más seria, realista y creíble», según Pedro Sánchez–, traicionando así al pueblo saharaui y terminando de enterrar sus esperanzas de un futuro libre, con un referéndum de autodeterminación al que España, como antigua potencia colonizadora, estaba obligada desde los Acuerdos de Madrid de 1975.
No hay un único responsable de que, en 2026, haya quienes han llegado al extremo de quemar asentamientos de personas migrantes, como también hacen algunos, de manera periódica, con las infraviviendas de las temporeras en Huelva. El avance de las posturas xenófobas y racistas a nivel internacional, expresión de la natural tendencia del imperialismo a la reacción, es evidente y no se puede combatir solo desde una esquina del mundo. Pero quienes han presumido hasta la saciedad de nuestro país como una especie de excepción europea por el hecho de no tener –ya– a la derecha y la extrema derecha gobernando deberían enfrentar una pregunta incómoda: si se supone que los Gobiernos de coalición han ampliado derechos, han hecho avanzar la economía y reforzado el bolsillo de la gente y han confrontado eficazmente a la reacción, ¿cómo se explica un auge de la xenofobia y el racismo como el que hemos vivido desde 2018? ¿No se estaba frenando al fascismo con cada –pírrica– victoria en las urnas? ¿No era lo más valioso que un trabajador o una trabajadora podía hacer para aplacar ese avance?
De nuevo corremos el riesgo de quedar enredados en ese eterno bucle en el que la reacción avanza, la socialdemocracia nos llama a votarla en masa para defender «la democracia» y «parar al fascismo» y, si pierden, entonces sí, tocará movilizarse en las calles… para que las «fuerzas progresistas» vuelvan al Gobierno. Para evitar esa cantinela que es redoblada en periodo electoral, toca insistir en el camino necesario, aunque resulte menos atractivo y cómodo que meter un voto en una urna: organizarnos en nuestro entorno inmediato en el trabajo y en el barrio, impidiendo que avance la reacción, que solo busca chivos expiatorios, que pretende situar el origen de las contradicciones sociales generadas por el capitalismo en las diferencias nacionales o étnicas, ocultando cuál es la separación realmente determinante: quienes viven de su trabajo y quienes viven del trabajo ajeno, aunque compartan nacionalidad. Dejemos de creer en líderes mesiánicos y estériles llamados a «ilusionar a la gente», que, mientras unos continúan jugando a la política y se aferran a seguir viviendo de ella y la gran mayoría trabajadora apenas vamos tirando, las cosas se están poniendo muy serias.