Cuando uno lee artículos y documentos históricos, escritos en momentos de intensidad política como el actual, suele ver con facilidad cómo el paso del tiempo convierte en anécdota lo que entonces se consideraba central, y a la inversa. Es inevitable: hay que asumir ese riesgo, precisamente porque el juicio del tiempo se está disputando ahora. De la capacidad para encontrar, entre la neblina de la inmediatez, los eslabones de los que tirar para sujetar toda la cadena depende en buena medida el rumbo de lo que se puso en marcha cuando se abrieron las ventanas de la protesta.
Comencemos por el principio. ¿Cuál es el factor que posibilita todo lo sucedido desde el desahucio de Maricarmen el 23 de septiembre? La acumulación de material explosivo que supone el deterioro continuado de las condiciones de vida y trabajo de la clase obrera y los sectores populares. Es, además, un marco relativamente compartido en el ámbito europeo, de ahí la sincronización y el contagio de las protestas (Italia, Francia, Portugal, Albania…). En el caso español, el desahucio es la chispa, pero ya se había amontonado la pólvora.
Que sea la vivienda el eje reivindicativo que articula el estallido no es casual. Las particularidades del negocio de la vivienda en España (el peso del sector inmobiliario y del rentismo en el modelo de acumulación) agudizan un problema más hondo: se ha llegado al punto en que el salario no garantiza la reproducción de la fuerza de trabajo. Es decir, que la pobreza es el presente y el futuro de cada vez más trabajadores. La juventud es la principal damnificada, pero por una cuestión de temporalidad: sufre primero en sus carnes el escenario que acabará por generalizarse.
Lo que esto permite afirmar es que la austeridad, la carestía de la vida y la flexibilidad y precariedad laboral son ya un hecho (y no algo que vaya a decidirse el 29 de noviembre), como también lo son la militarización de la economía y la restricción de libertades. Durante los últimos casi siete años, el Gobierno de coalición «progresista» no ha modificado este rumbo. Como mucho, ha representado una lectura por la izquierda de su aplicación.
Esto ayuda a explicar parte de los ejes políticos e ideológicos de la movilización. Cada vez hay más trabajadores con menos que perder. La pérdida de poder adquisitivo no solo hunde al proletariado, también proletariza a las capas medias. Esto último adelgaza la argamasa –material y subjetiva– que sostenía la paz social. Los Gobiernos capitalistas no pueden evitar que se sigan esquilmando los dispositivos que articulaban la ficción conciliadora del Estado del bienestar. En consecuencia, aumenta la desconfianza en la capacidad de las instituciones para resolver los problemas de la clase trabajadora. Desconfianza acrecentada por las dificultades del espacio de «la izquierda» para canalizar el malestar y ofrecer algo distinto de la misma estrategia fallida de presión-subordinación al PSOE.
Aunque la acampada que se instala en Sol el 26 de septiembre aprovecha como amplificador mediático la fuerza simbólica de su conexión con el 15M, el momento es otro. En la desposesión crece la radicalidad; en la emergencia, la necesidad de defenderse; en la desconfianza, la independencia de clase. Las pulsiones militantes, clasistas y sindicales son más agudas que entonces, aunque se presenten aún de manera confusa y minoritaria.
La dimensión que adquiere la acampada fuerza al Consejo de Ministros a aprobar los dos decretos que, posteriormente, son tumbados en el Congreso. Se cerró con ello la posibilidad de que el movimiento acumulase desde el triunfo. Es cierto que el contenido de los decretos era, en su versión más ambiciosa, extremadamente paliativo. Pero en una situación de emergencia habitacional como la que se vive en España, conviene cuidarse mucho de despreciar cínicamente medidas que pueden tener un impacto decisivo en situaciones extremas. Convenía poner en valor partes de los decretos, también, por el proceso político del que eran resultado. Tras años de inacción, el efecto moral de constatar que la iniciativa de masas puede doblar el brazo a las instituciones era un material muy valioso desde el que construir.
Porque construir implica también disputar significados. En la interpretación reformista de las reformas, la fuerza de masas es prescindible: en determinados momentos puede ayudar; en otros, entorpece. De cualquier manera, siempre requiere de una canalización institucional –ellos, claro– para concretarse. El problema es que no se canaliza, se adapta. Las demandas se constriñen a los márgenes de «lo posible» legal y económicamente (cada vez más estrechos) y, en consecuencia, se acaban subordinando las reivindicaciones y la propia movilización a las agendas electorales y a las aritméticas parlamentarias. Este es un vórtice que nos ha llevado a la actual situación de descomposición del tejido organizativo popular.
Su reverso es la concepción maximalista de las reformas, un riesgo presente cuando las tendencias antes descritas despuntan con cierto descontrol. Sus defensores señalan, con acierto, que sin un horizonte político las luchas inmediatas quedan desnortadas y son susceptibles, precisamente, de caer en el vórtice del reformismo. En efecto, es absolutamente imprescindible devolver a la lucha de clases la perspectiva de la revolución y el comunismo, no solo para llegar a ellos, sino también para arrancar verdaderas mejoras en el presente capitalista. El problema no está ahí, tampoco en que el maximalismo rechace las reformas –de palabra nadie lo hace–, sino en que sus defensores no saben qué hacer con ellas. Al renunciar a impulsar por sí mismos cualquier reforma que no venga precedida de un proceso revolucionario, no solo quedan reducidos a hacer de publicistas y agitadores en las luchas inmediatas del presente, sino que renuncian a disputar el propio contenido de dichas luchas.
Desarrollemos esta última idea: las reformas del reformismo no se definen solo por su carácter paliativo, sino también porque este se inserta en el rumbo que demanda la gestión del capital en cada momento. No es solo una cuestión de contenido, sino de función. Un ejemplo muy significativo es el contrato fijo-discontinuo: la necesidad de paliar las peores consecuencias del trabajo temporal acaba legitimando y reforzando los mecanismos del trabajo a demanda. Entre la reforma funcional a los intereses capitalistas y la revolución hay un vacío. Y en ese vacío se disputa la inmensa mayoría de la clase trabajadora.
La lucha contra la socialdemocracia no puede resolverse enteramente en el terreno de las discusiones teóricas; debe librarse también en la disputa por el pan, los salarios y la vivienda. O, mejor dicho, requiere que los problemas del pan, de los salarios y de la vivienda se conviertan en discusiones teóricas y en combates políticos. De igual manera, la lucha contra el oportunismo, que se libra en nombre de la clase trabajadora, exige que esta esté presente y la haga suya.
Volviendo a la cronología, el rechazo de los decretos vuelve imprescindible escalar la protesta. A la derrota parlamentaria le siguen, el mismo día, el adelanto electoral anunciado por el presidente del Gobierno y el anuncio de una huelga general a la que se suman los sindicatos mayoritarios (CCOO y UGT), finalmente fijada para el 11 de noviembre. La simbiosis de ambos actos es evidente. Pero, tras catorce años, las cúpulas sindicales no habrían convocado una huelga general de no ser por la presión del Sindicato de Inquilinas y de otros agentes sindicales combativos, respaldados por un fuerte movimiento de masas en el que confluye la lucha por la vivienda con diversos conflictos sectoriales, particularmente las luchas educativas y estudiantiles.
La movilización llama así a las puertas del trabajo. Puertas pesadas y difíciles de abrir. Cuando Marcelino Camacho decía aquello de que en la sociedad burguesa «la libertad y la democracia se detienen a las puertas de las fábricas», sabía muy bien de qué hablaba.
Esta llamada supone, en primer lugar, reconocer que parar la producción sigue siendo hoy una de nuestras más potentes herramientas de lucha. En segundo lugar, que hay reivindicaciones que, llegado cierto punto, solo la clase obrera puede sostener. En tercer lugar, que detrás del rentista no hay un parásito aislado, sino generalmente un capitalista que comparte balance con la banca y con la empresa. En resumen, que el conflicto en torno a la vivienda, aunque al situarse en el ámbito de la reproducción implique lateralmente a otros sectores sociales, es una expresión más del conflicto de clases. Que, en consecuencia, no hay nuevos sujetos ni conflictos que desplacen el antagonismo sobre el que está construida la sociedad moderna: capital contra trabajo, trabajo contra capital.
El reto, por tanto, está en continuar articulando, ampliando y orientando las energías que han hecho posible la huelga. Que los vientos desatados al abrir las ventanas de la protesta ayuden a que se abran también las puertas del trabajo. El desplazamiento del eje de la lucha hacia el ámbito productivo no puede leerse como una mera suma de casualidades: las intuiciones que lo han provocado deben convertirse en certezas políticas. La comprensión de la lucha por la vivienda como expresión del conflicto entre capital y trabajo debe hacerse extensiva a toda la arquitectura organizativa por reconstruir. La hegemonía proletaria de un nuevo ciclo de protestas no se declara, se organiza.
Y es que podría decirse, simplificando mucho la cuestión, que el principal problema del ciclo de protestas abierto en 2011 fue la dirección que ejercieron sobre él las capas medias en vías de proletarización, y su búsqueda de cauces políticos para contener ese proceso. Hoy los niveles de pauperización son mayores, pero el riesgo persiste. E incluso plantea nuevos problemas, dado que son precisamente esos sectores intermedios en crisis quienes conforman la base social de la reacción y el fascismo.
Para garantizar la hegemonía proletaria hace falta situar el núcleo de la combatividad allí donde está el núcleo de la explotación, allí donde la patronal no quiere ni oír hablar de acción y participación política. Para desarrollar la organización política y sindical en los centros de trabajo hay que hacerse cargo de toda una serie de dificultades que no pueden resolverse desde el exterior. Primero, el centro de trabajo es un ámbito donde organizarse puede tener un enorme coste vital. Segundo, el avance de la flexibilidad y la informalidad es corrosivo para la organización. Tercero, las grandes organizaciones sindicales son, a la vez, el recurso más accesible y funcional que muchas veces encuentran los trabajadores para sus luchas inmediatas y un freno para la extensión e intensificación de esas mismas luchas.
Una de las claves para que las energías combativas puedan trascender estas dificultades y contagiar a cada vez más sectores de la clase obrera está en dotarlas de un cuerpo reivindicativo que unifique la urgencia con la necesidad. Así se disputa el vacío del que hablábamos. En primer lugar, porque supone un ejercicio de realismo: la gran mayoría de la clase trabajadora en nuestro país está muy lejos de las posiciones revolucionarias. En segundo lugar, porque una reivindicación compartida convierte el riesgo individual de organizarse en un interés colectivo y puede unir lo que la división social y técnica del trabajo separa. En tercer lugar, porque permite tensar desde dentro la contradicción de las grandes organizaciones sindicales: una reivindicación lo bastante concreta para que los trabajadores la hagan suya, y lo bastante ambiciosa para desbordar lo que las direcciones burocráticas están dispuestas a negociar.
Un cuerpo reivindicativo que se defina única y exclusivamente según nuestros intereses objetivos, y no según las posibilidades y necesidades del capital. Un cuerpo reivindicativo que se realice desde la independencia de clase, que en su despliegue interrumpa y abra brechas en el normal funcionamiento de la sociedad burguesa, que debilite al poder. Un cuerpo reivindicativo que facilite, a través de la experiencia de lucha de la propia clase, comprobar y comprender la necesidad del socialismo-comunismo. Esto es lo que los y las comunistas llamamos el Programa de Lucha: una propuesta dirigida a la clase y a sus organizaciones que busca abrir debates, coaligar intereses y articular, desde la cotidianidad de cada espacio de vida y trabajo, la oposición obrera al capitalismo.
El eslabón preciso del momento es aprovechar el impulso de la protesta para aumentar la organización de clase y revolucionaria en las fábricas, las oficinas y los polígonos, en todos los centros de trabajo. Es impulsar y extender la unidad y la organización combativa y de base más allá de las diferencias de profesión, sector o afiliación. Es asegurar que la energía de la protesta no se disperse ni se estanque, sino que se organice, se extienda y siente unas bases sólidas para el nuevo ciclo de movilización. De eso dependerá que el tiempo juzgue estos meses como el momento en que la clase obrera recuperó su protagonismo político y reconoció, de nuevo, su propia fuerza.